i.- Permitirá optimizar el uso del bien común escaso denominado “espectro radioeléctrico”.

ii.- Posibilitará la coexistencia de más canales de televisión de libre recepción en cada localidad de Chile (en el supuesto que la autoridad pública asigne en cada lugar, a lo menos, la misma cantidad de espectro radio eléctrico que el hasta ahora utilizado por la TV analógica). Esto último, porque con la digitalización de las frecuencias podrán convivir varios canales de televisión en la cantidad de banda que antes solo podía operar uno.

Vamos al grano:

1) En primer lugar, nuestro país ya adoptó la norma técnica que utilizará para digitalizar las señales de TV.

Como es sabido, después de un largo camino, la autoridad pública eligió el estándar ISDB-T, con MPEG 4, denominada norma “Japonesa/Brasileña”, que tiene entre sus principales características el permitir la armónica coexistencia de la televisión en alta definición (HD) con la de definición estándar digital (SD), además de posibilitar una óptima transmisión de televisión abierta hacia los celulares (TV Móvil o One Seg). Útil es recordar que hoy en Chile ya existe un parque de más de 150 mil televisores con la capacidad técnica para recibir las señales de TV Digital, y día a día se suman más (sea programados en origen o vía decodificadores digitales).

2) En segundo término, tenemos una autoridad administrativa de carácter técnico, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), debidamente investida de las facultades legales necesarias para impulsar el proceso de implementación de la TV Digital en Chile. En efecto, de acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de Televisión, la SUBTEL tiene las potestades para administrar el “espectro radioeléctrico”, en su más amplia acepción, lo que incluye la facultad de asignar las bandas a cada uso permitido (para radio, para TV, para telefonía celular, para transmisión de datos, etc.), y la facultad para determinar las frecuencias específicas que podrán utilizar los privados, cuando estos cumplan los requisitos legales.

Al día de hoy nada obstaculiza o impide que los particulares interesados en frecuencias de televisión digital las pidan –desde ya- a la autoridad pública, y que ésta se las pueda asignar en concesión por 25 años si se cumplen los requisitos y solemnidades para ello.Lo anterior, de conformidad a los convenios internaciones vigentes sobre la materia, los cuales establecen los usos que se le debe dar a las distintas porciones de bandas del “espectro radioeléctrico”. El principio rector que rige en esta materia es la optimización del espectro, recurso crecientemente escaso.

En el caso de la denominada banda UHF, a nivel mundial, ésta se ha asignado para que sea utilizada preferentemente para la transmisión de Televisión, lo que conlleva enormes ahorros de costo en los equipos, entre otros beneficios.

La SUBTEL puede y debe, sin necesidad de reformas legales, facilitar e impulsar que se incorporen los avances tecnológicos que van surgiendo a nivel internacional y que mejoran y hacen más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. Es el caso ahora del estándar ISDB-T, con MPEG 4 para televisión, así como lo fue ayer, por ejemplo, con la revolución tecnológica que implicó la telefonía móvil PCS.

3) En tercer lugar, es un hecho que la SUBTEL, en cumplimiento de los convenios internacionales sobre la materia, ya asignó la banda UHF del espectro radio eléctrico para ser utilizada preferentemente en las transmisiones de TV Digital en Chile.

En efecto, de conformidad a sus atribuciones, la SUBTEL ha informado hace ya tiempo a la opinión pública que están disponibles para la transmisión de las señales de TV Digital los canales que van del 21 al 50, y, si hiciere falta, se sumarían algunos canales de la denominada “banda UHF 700” (canales del 51 al 69). Esto, en la práctica, significará que -aún si no se utilizare la señalada “banda UHF 700”- en cada localidad del país, incluida la RM, podrán haber decenas de canales de TV digitales (de 6 mhz cada uno), lo que es muchísimo más que los 7 canales de TV analógicos que caben hoy (por ejemplo, en la RM solo caben los canales analógicos 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13). Es decir, a los actuales operadores podrán sumarse muchos otros que –sin lugar a dudas- le darán diversidad al sistema televisivo y más alternativas a los televidentes.

4) Por último, de acuerdo a la Ley de Televisión hoy vigente, al existir frecuencias disponibles para la televisión digital abierta (cuestión que, según vimos, ya ha sido informada por la SUBTEL), los particulares interesados en participar de este mercado las pueden pedir en concesión directamente al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), siendo este órgano público quien las otorga o signa, por un plazo de 25 años, si los peticionarios cumplen con todos los requisitos legales.

Recordemos que la asignación, vía concesión, es lo que permite a particulares utilizar comercialmente el espectro radio eléctrico para transmitir contenidos audiovisuales. Dicho de una forma concreta, es el CNTV quien da el permiso para que alguien pueda usar lícitamente la “carretera” o “vía” que constituye la frecuencia de TV, cuando ésta está disponible (lo cual es competencia de la SUBTEL). En el caso de los actuales canales de televisión, todos los cuales tienen una concesión de TV en la banda VHF (que en el futuro puede no utilizarse para transmisiones televisivas, de acuerdo a los criterios adoptados por la comunidad internacional), nada les impide –al igual como lo pueden hacer otros interesados- que soliciten desde ya una nueva concesión de televisión, la cual les debiera ser otorgada si cumplen con los requisitos legales (en la banda UHF, como hemos visto más arriba). Al respecto, hay que recordar que la Ley de Televisión vigente solo prohíbe a los actuales operadores de TV que tengan más de una frecuencia VHF, pero nada dice de las frecuencias UHF.

Conclusiones:

Sin perjuicio que existen varias importantes materias que necesariamente deberán ser abordadas a través de una discusión parlamentaria que culmine con una modificación a la Ley de Televisión (por ejemplo: i.- la duración de las concesiones ya otorgadas en VHF, ya que muchas hoy siguen siendo indefinidas, lo que no parece justificarse; ii.- el periodo de tiempo por el que se extenderá el simulcasting o transmisión simultánea analógica y digital, hasta que devenga el “apagón analógico”; y, iii.- la posibilidad que los nuevos concesionarios de TV puedan aprovechar las otras ventajas de la digitalización de las frecuencias, tales como dividir la señal en varios canales simultáneos, cerrar alguno de estos canales y transmitir datos), al día de hoy nada obstaculiza o impide que los particulares interesados en frecuencias de televisión digital las pidan –desde ya- a la autoridad pública, y que ésta se las pueda asignar en concesión por 25 años si se cumplen los requisitos y solemnidades para ello.

Y, entre tanto, tampoco existe obstáculo legal para que la SUBTEL asigne provisoriamente frecuencias UHF para usos experimentales de la nueva tecnología de televisión digital.

Esta mirada o perspectiva posibilitaría que la TV Digital sea una realidad en muy corto tiempo en Chile.

1.- Dar cuatro y no seis mega hertz a los actuales canales, salvo que se comprometan a señales culturales-educativas o algún servicio similar.

2.- Que el Consejo Nacional de TV otorgue las concesiones en caso de competencia, privilegiando el aporte original al sistema televisivo del nuevo oferente.

3.- Fijar un fondo de fomento de la TV local y cultural por ley con el tres por ciento de las ventas de todos los canales y empresas que usen el nuevo espectro para negocios de telecomunicaciones. Esa es la única alternativa de tomarse el asunto en serio y no dejarlo a discreción del gobierno de turno. Que los que ganan aporten al bien público común como “peaje” por usar el espectro “de todos los chilenos”.

4.- Que Piñera deje su canal o los diputados que reciban aportes del empresario se inhiban de votar mientras esto no ocurra.

5.- Plazo de un año máximo para fijar un “portador público” de programación alternativa a valores módicos, por la vía de inversión en red de antenas asegurada o exigencia “pagada” a TVN. Sin esto, la promesa de asegurar “el ingreso de nuevos” es pura lírica.

6.- Que Cortázar y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones transparenten en un Plan preciso de uso de espectro si quiere abrir el espacio de la Región Metropolitana a nuevos canales, servicios intermedios u otros. Todo ha sido vago, poco transparente, y no se da por seguro que puedan entrar nuevos canales que compitan.

7.- Que los actuales canales por la ampliación de su espectro se vean obligados a crecer a ocho horas semanales de programación cultural, educativa y regional donde la publicidad sea acotada y regulada.

8.- El compromiso del Estado de comprar algunas de las programaciones de excelencia de canales educativos que hoy ve la clase media-alta por cable y que se pongan vía licitación a disposición del público general por las nuevas señales de los canales abiertos (programación de reportajes, educativa, para niños, idiomas).

9.- Asegurar acceso de lugares para antenas que haga competitiva la licitación en la macro zona metropolitana, evitando perder la posibilidad histórica de ampliar el actual oligopolio.

10.- Ser precisos en lo compromisos para que la TV digital sea más amable con los distintos tipos de discapacidad.

No sabemos si se escuchará o se dejará todo para marzo. Si así fuera; a luchar con más fuerza por el presidente que tenga la voluntad de ensanchar la democracia y enriquecer con pluralismo y excelencia lo que ven todos los chilenos. Cortázar no es relacionador público ANATEL (el gremio de los actuales canales), es ministro de “Estado” y debe escuchar a la presidenta “ciudadana” para hacer viable no sólo un cambio tecnológico de lo que hoy vemos, sino que permitir que nuestros ojos tengan más oportunidades.

*Esteban Valenzuela es Diputado por Rancagua.

OBSERVATORIO / “Implementar una verdadera política en comunicaciones que defina claramente el rol del Estado como garante de una real libertad de expresión”, es una de las principales propuestas, en el capítulo dedicado al escenario comunicacional chileno, contenidas en un documento que propone la renovación de la Concertación gobernante en ámbitos tan cruciales como la salud, el medioambiente , la educación y la comunicación social.

Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, acaba de aparecer una contundente publicación titulada “Por una opción progresista y ciudadana, una Nueva Concertación” que recoge los aportes de un conjunto de actores sociales –senadores de la República, intelectuales, dirigentes políticos, representantes de organizaciones de la ciudadanía y de entidades no gubernamentales y especialistas en más de 30 ámbitos claves del quehacer político, económico y social- para sentar las bases programáticas que permitan renovar profundamente la Concertación de Partidos por la Democracia luego de haber recorrido un largo camino desde el fin de la dictadura hasta el gobierno de Michelle Bachelet.

El documento parte por reconocer el sentimiento de orgullo por todos los avances conseguidos durante los 20 años de ejercicio del poder de la Concertación, período en que Chile se ha transformado por el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la integración del país al mundo y por el despliegue de las libertades democráticas que ha sido “la más valiosa de las conquistas”, según señalan los autores. Este orgullo sin embargo, se sostiene en el documento, no debiera ser motivo para impedirnos reconocer las grandes retos que aún tiene el conglomerado gobernante en materias sociales, políticas, culturales y ecológicas.

En el terreno cultural hay un capítulo dedicado a los medios de comunicación donde se plantea la necesidad de tener una verdadera política que permita democratizar el sistema comunicacional chileno, reconociendo el esfuerzo realizado durante el gobierno de Michelle Bachelet por rectificar las graves deficiencias que ha arrastrado la Concertación en este ámbito.

Lea a continuación el capítulo dedicado a las comunicaciones:

DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA COMUNICACIONAL DE LA CONCERTACIÓN

La política de los gobiernos de la Concertación en materias de medios de comunicación ha sido, sin exageración, inexistente en áreas vitales para el ejercicio del derecho a la comunicación de la ciudadanía, ambigua en zonas donde se requería una intervención estatal clara e insuficiente en materias tan cruciales como el tránsito a la futura TV digital y el reconocimiento de las radios comunitarias.

Durante primer gobierno democrático post dictadura, la desaparición de todos los medios que se habían opuesto al régimen militar fue el primer signo de que la búsqueda de un escenario equilibrado en las comunicaciones no sería una prioridad para la Concertación. La distribución de la publicidad estatal privilegió los medios de los dos grandes grupos, cuestión que se consagraría ideológicamente con la postura adoptada explícitamente, al afirmar que la mejor política en el campo comunicacional es la “no política”.

Diez años después del fin de la dictadura, recién en 2001, se promulga la primera ley en democracia que aborda el tema de las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, conocida como Ley de Prensa. Esta ley significó algunos avances, pero fue impugnada por el gremio periodístico y sus correcciones fueron recogidas en el proyecto de Estatuto del Periodista que, por ahora, está detenido en el Parlamento.

A este escenario se agrega la altísima concentración de la propiedad de los medios, con el 90 % de los periódicos en manos de dos conglomerados ligados a la derecha política y económica –El Mercurio y Copesa- y sin una distribución equitativa del avisaje estatal.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet ha existido una voluntad más clara de afrontar varios temas, entre ellos el contrasentido que significa tener una TV pública que obligada al autofinanciamiento de diferencia poco de la TV comercial; los desafíos para la televisión ad portas de la digitalización del sistema televisivo; el reconocimiento de un estatuto especial para las radios comunitarias y la reciente promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que proporciona una herramienta formidable al periodismo de investigación aclarando zonas antes vedadas al escrutinio ciudadano. Esta agenda representa un avance en relación a años de negligencia y de dejar hacer en el territorio comunicacional.

Desde los sectores más liberales –tanto dentro como fuera de los gobiernos de la Concertación- se sigue sosteniendo que el mercado es un buen regulador de los contenidos de los medios. Estos, al buscar las audiencias, no tendrían otra alternativa que propender al equilibrio informativo y a satisfacer las necesidades de diversidad que plantea el público. Los defensores de esta perspectiva plantean que los medios manejados por un cierto sector ideológico serían inocentes y neutrales a la hora de diseñar sus pautas, de plantear sus estrategias informativas y de definir sus prioridades en cuanto a los mundos y miradas que dominarán la escena. La mejor refutación de esta supuesta neutralidad salta a la vista en los tiempos previos a las elecciones, cuando toda la prensa vinculada a la derecha, incluidos los canales de TV y radioemisoras privadas, se coluden en campañas que minimizan los logros de los gobiernos de la Concertación y exaltan las supuestas vulnerabilidades del sistema, sobredimensionando los conflictos en áreas tan sensibles como la delincuencia, la salud y el transporte.

En la práctica, la “no política” que se ha intentado superar durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, mantiene una falta de iniciativa estatal para promover el surgimiento de medios independientes que puedan representar las múltiples inquietudes y planteamientos de la sociedad civil y que les asegure un espacio a los pueblos originarios, a las mujeres, a los jóvenes, a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales y a los marginados y discriminados por los grandes medios que monopolizan la comunicación en Chile. Este hecho permite una representación distorsionada de la realidad del país e impide la expresión de toda su diversidad y potencialidad.

PROPUESTAS

1. Implementar una verdadera política en comunicaciones que defina claramente el rol del Estado como garante de la real libertad de expresión. Esto implica promover nuevos medios independientes que tiendan a moderar la actual concentración que afecta al sector. Este objetivo se enmarca en los acuerdos internacionales firmados por Chile (Pacto de San José, Unesco, ONU, etc.) relativos a la promoción de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y expresión de todos los actores de la sociedad, eliminando las barreras de acceso a la propiedad de los medios. La democracia requiere preservar espacios para la discrepancia frente a los medios dominantes y el Estado puede distribuir de manera más equitativa su publicidad, de modo tal que, por ejemplo, no profundice el duopolio de la prensa como ha sucedido hasta ahora.

2. Regular el espectro radioeléctrico que es un bien de todos los chilenos. El debate legislativo sobre el tránsito a la TV digital y las radios comunitarias debe tener como principio la democratización del escenario mediático. Esto implica incorporar en la futura ley la posibilidad de integración de nuevos emisores para no consolidar los privilegios actuales. Para esto debe impedir que la capacidad espectral para concesiones nacionales quede copada con una entrega sin concurso a los actuales concesionarios. Asimismo, se debe introducir la exigencia de un compromiso en materia del uso que se hará de la concesión aboliendo la sola presentación de un proyecto técnico como requisito para la atribución de una concesión. A partir de esto, se podría regular las condiciones para la renovación, cesión y venta de un bien, entregado gratuitamente, que es propiedad de todos los chilenos y debe responder al interés público.

3. Generar un aporte estatal para la televisión pública. Para asegurar el destino y contenido de la televisión pública, es preciso que cuente con un porcentaje de financiamiento estatal para terminar con la trampa del auto financiamiento. A su vez es necesario y orientar su programación hacia una oferta realmente útil para la participación ciudadana, capaz de entregar la información y reflexión crítica que escasea en las estaciones comerciales, así como reparar el grave centralismo dándole un espacio de carácter nacional a los contenidos regionales.

4. Promover el surgimiento de medios independientes estableciendo regulaciones. Esto no significa limitar la libre competencia, como temen ciertos sectores, sino reparar las distorsiones del mercado que en este ámbito son tan graves como en el de la educación, la salud, la previsión social y otros. Junto a la limitación a los oligopolios y monopolios en un escenario como el chileno, que ostenta uno de los mayores niveles de concentración de Latinoamérica, se debe propiciar la creación de subsidios, de créditos blandos y fondos concursables. Esto facilitará el surgimiento de medios independientes, regionales y comunitarios, con el fin de facilitar la expresión de sectores sociales que carecen de la capacidad económica para hacer sustentables proyectos comunicacionales, pero tienen derecho a expresar sus puntos de vista. Basta pensar, como ejemplo, en las minorías étnicas o en asociaciones culturales juveniles.

5. Promover el debate ciudadano sobre las comunicaciones para consolidar el derecho a la comunicación, el acceso a la información y la multiplicidad de interpretaciones. Una sociedad democrática en forma cuenta con múltiples propietarios, con normas claras para éstos, con dignificación y respeto a la autonomía de los profesionales y ciudadanos interesados.-