El argentino Mastrini abrió fuego planteando la paradoja de que ante un tema tan relevante para la ciudadanía los medios guarden silencio: “son los propios medios los que menos se refieren a los medios”, puntualizó el académico. Manuela Gumucio complementó la idea de su colega denunciando el silencio de la prensa y la TV chilena ante el debate parlamentario en relación a las leyes para el tránsito a la TV digital terrestre: “pretenden reducir el asunto a los avances tecnológicos y a la mejor calidad de imagen, pero dejan fuera los alcances políticos y democratizadores de los proyectos”, señaló la directora del Observatorio.

Los participantes coincidieron en la necesidad de que los medios masivos sean espacios donde se refleje la diversidad política de los países y se puedan expresar las distintas corrientes de opinión presentes en las sociedades latinoamericanas.

Según Guido Girardi, el origen del problema, en el caso chileno, radica en nuestra Constitución Política que coloca “la defensa de la propiedad privada por encima de los derechos ciudadanos” y en los medios que se han convertido en meros reproductores del sistema neoliberal, “transformando a los habitantes en consumidores”. En este sentido, la Concertación dio por pérdida la pelea desde un comienzo, según Girardi, al hacer propia la consigna de un ministro de la época respecto a que la mejor política de medios era “la ausencia de política”. En cuanto a los proyectos de TV digital que se debaten en el Parlamento, Girardi cree que en lo esencial favorecen a la industria de la TV y no resguardan adecuadamente a los medios alternativos y comunitarios. Gumucio compartió, en general, el diagnóstico del senador y recalcó su pesimismo frente al destino de las leyes de TV , rescatando una nota de esperanza en la presentación por parte de una treinta de diputados de la Concertación de un recursos de inconstitucionalidad que fue acogido por el Tribunal Constitucional, de un decreto dictado por el gobierno para prorrogar las transmisiones experimentales y abrir de facto la posibilidad al a entrega de nuevas concesiones televisivas, antes de que el Parlamento promulgue la ley que regirá, entre otras cosas, la distribución del espectro radioeléctrico y las condiciones para la atribución y renovación de dichas concesiones.

El académico argentino Guillermo Mastrini, experto en concentración de la propiedad de los medios en América Latina, propuso ante la desazón de sus contertulios, “el pesimismo del pensamiento y el optimismo de la voluntad” para reconstruir una “ciudadanía comunicacional” que pueda generar alternativas al sistema privado de medios y colocar la defensa del interés público como su prioridad. En esta línea argumental Manuela Gumucio destacó el trabajo realizado por el programa de Legislación de la Asociación Mundial de Radios comunitarias, Amarc, al recopilar y publicar los estándares y principios internacionales en materia de libertad de expresión que obligan a los países a legislar en la dirección de los pactos y acuerdos firmados en este terreno, y el trabajo de la Mesa de Ciudadanía y TV digital, de la cual forma parte nuestro Observatorio, que ha desarrollado una plataforma de incidencia parlamentaria, de diferentes organizaciones, para cautelar aquellos aspectos más democratizadores de los proyectos de ley que se discuten en el Congreso para el tránsito a la TDT.

El foro continuó con un debate entre los asistentes para finalizar con un generoso cóctel en el teatro Ladrón de Bicicletas, recientemente inaugurado por el periodista Carlos Pinto.

La segunda actividad se realizará hoy y se titula “Medios y política. De la luna de miel a las relaciones incestuosas. Panorama desde el cono sur”. Contará con la participación, entre otros, del experto argentino Guillermo Mastrini, el director nacional de Telecomunicaciones de Uruguay, Gustavo Gómez, el senador Guido Girardi y Manuela Gumucio, directora de nuestro Observatorio. El evento se realizará a partir de las 18 horas en el Teatro Ladrón de Bicicletas, ubicado en Dardignac 0163, barrio Bellavista.

El académico colombiano percibe, también, un cambio de actitud en los ciudadanos que, mayoritariamente, han dejado de sentir que necesitan estar informados para participar en sociedad. Propone, por lo mismo, reivindicar “los relatos de la ciudadanía” como una forma de promover el derecho a la comunicación en nuestros países.

Periodistas desechables

“Desde el punto de vista tecnológico, todos podemos ser periodistas, todos podemos hablar de lo que se nos dé la gana y,además, están las redes sociales donde dialogamos sin conversar, sin encontrarnos”, plantea Omar Rincón a modo de ejemplo, de los profundos cambios comunicacionales que han experimentado nuestras sociedades en las décadas recientes. El monopolio de los productos comunicativos ya no sería de los periodistas, ni de los medios tradicionales y se imponen los tele-presidentes: “estamos asistiendo a un Estado comunicador, donde los gobiernos más que gobernar, comunican y es así como terminan los mandatos con mayores o menores porcentajes de rating”.

Dentro de este juego se traspasa la responsabilidad política a los medios, pero esto genera, según Rincón, un serio problema: “los medios son pésimos opositores ya que los periodistas son mejores contando historias que participando en las lides de la política contingente”. En consecuencia, buscando sintonía, los políticos y los medios se mueven más en la lógica melodramática que en la racional: “los actuales presidentes no cumplen con  reglas de oro de los antiguos políticos, como ser buenos oradores, pero en compensación , son muy divertidos, muy auténticos y tienen hasta una moda propia”.

Otro aspecto a considerar, plantea el director de TV y autor de numerosos textos especializados en comunicación social, es la decadencia del periodismo, bajo la creencia de muchos comunicadores de que no hay que investigar para informar: “no se contextualiza la información ni se consulta una variedad de medios ni de fuentes: hay un decir impune donde cualquiera dice lo que quiere, cuando quiere”. Por este motivo el experto colombiano quiso dar un consejo a los periodistas, inspirado en un planteamiento de su maestro, el teórico de la comunicación, semiólogo español radicado en Colombia, Martín Barbero: “el comunicador debe pensar con la propia cabeza, debe tener algo que decir y debe ganarse la escucha del otro para llegar a él con su mensaje”.

“Los medios y no los partidos, son los intermediarios actuales”

Posteriormente, el experto electoral del PPD y representante de ProyectAmérica,  René Jofré, comento la intervención de Omar Rincón. En primera instancia invitó a quienes reflexionan sobre temas comunicacionales  a repensar la realidad mediática, a revisar esa mirada “conspirativa de los medios contra la política” y a matizar los argumentos. Según el representante de Proyecto América, el panorama que existe en el país en términos de pluralidad es muy diferente en la prensa escrita, en el ámbito radial o en la TV, por tanto, cualquier análisis serio pasa por hacer distinciones al respecto.

Jofré pasó revista a algunos cambios significativos de los últimos tiempos en la relación entre comunicación y política: “antiguamente los políticos contaban básicamente con las audiencias reunidas en los espacios públicos, en cambio ahora sin mayores intermediaciones, a través de la TV pueden llegar con su mensaje a conjuntos masivos de personas”. Estamos, de acuerdo a lo planteado por Jofré, ante el reemplazo de los partidos políticos por los medios, lo cual implica “oportunidades para los líderes, pero también fragilidades y precariedades”.

Finalizadas las exposiciones -en el coloquio organizado por el Magister en Comunicación de la UDP, ProyectAmérica y la Fundación Friedrich Ebert- se abrió el debate en que intervinieron distintos actores de la sociedad civil, de organizaciones ciudadanas y de centros de estudio, entre los cuales estaba nuestro Observatorio. La discusión giró fundamentalmente en torno a la importancia creciente de las redes sociales, a la multiplicidad de contenidos que circulan a través de Internet y que han ido haciéndole perder hegemonía a los medios generalistas tradicionales y a las estrategias de la ciudadanía para ir usando esos espacios y disputarle el poder a los discursos dominantes que definen la pauta y la agenda de las élites políticas.

El profesor Murciano diferenció escenarios contradictorios donde se debaten elementos cruciales para las políticas comunicacionales: la libertad de expresión y el acceso al conocimiento, la eficiencia económica del mercado frente al acceso universal a la sociedad de la información, la economía mundializada frente a la calidad y diversidad de los contenidos culturales.

En su réplica Claudio Avendaño, director del magíster internacional en Comunicación de la Universidad Diego Portales, analizó la política en comunicación como un concepto histórico que ha ido variando con el tiempo y sostuvo  la importancia, en los días que corren, de una política de medios que integre la comunicación local y la global, que promueva los medios populares, los micro medios y la alfabetización digital. En este ámbito Avendaño plantea lo importante que es para la sociedad civil acceder a la generación de contenidos, a una narrativa propia inserta en un sistema medial pluralista que promueva el derecho a la comunicación.

Por su parte Bet Gerber, directora de proyectos de la Fundación Ebert, puso el acento en la concentración de la propiedad existente en los medios chilenos, que atentaría contra la diversidad y pluralismo, y en la desvalorización de las políticas públicas por parte de aquellos sectores que ven al ciudadano como un simple consumidor que se expresaría sólo a través de las mediciones de audiencias. También cuestionó la visión liberal que encarna la desconfianza ante cualquier regulación pública de los medios y que ve en Internet la única posibilidad democratizadora de las comunicaciones.

El evento se inició, este lunes por la mañana, con las intervenciones del Senador Carlos Sotelo García, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado mexicano y de Thomas Manz, representante de la Fundación Friedrich Ebert en México. Posteriormente, se presentaron las ponencias de los participantes de Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile sobre la legislación de los medios electrónicos y telecomunicaciones, apuntando a las reformas recientes, los aspectos claves en el debate para aspirar a una legislación moderna y los desafíos pendientes en esta materia, en Latinoamérica. Antes del cierre, los especialistas dialogaron respecto a las estrategias políticas tendientes a la construcción de consensos en este ámbito tan delicado para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo del pluralismo de los medios en la región.

Manuela Gumucio inició su intervención planteando que En Chile, durante la discusión parlamentaria de los proyectos de ley para el tránsito a la TV digital, están predominando ciertos discursos “que empobrecen los textos legales y garantizan el statu quo del escenario mediático chileno; sin duda el menos pluralista en América Latina”. La periodista y socióloga distinguió al menos cuatro lógicas discursivas que se tienden a imponer en nuestro Parlamento: la que propone como paradigma la revolución de los nuevos soportes con Internet a la cabeza, con lo cual toda discusión sobre el tema aparece como arcaica y obsoleta; la que pone las reglas del juego del mercado como una limitante para que ingresen nuevos actores a la industria televisiva; la que “demoniza” cualquier forma de regulación estatal de los medios y, por último, la supuesta portavoz de la demanda de las audiencias por TV en alta definición, reduciendo todo debate a un problema de menor o mayor calidad de imagen para los usuarios.

Frente a esta batería argumental que pretende, en buenas cuentas, legitimar y ampliar las garantías de la actual industria televisiva, Manuela Gumucio percibe una desconfianza de ciertos sectores del aparato público como garante de la libertad de expresión; un menosprecio por la televisión de servicio público, asociándola a un mercado más de la entretención, y un bloqueo informativo que inhibe la discusión ciudadana de fondo sobre un medio tan potente y estratégico como la televisión.

Posteriormente Manuela Gumucio desarrolló, a grandes rasgos, la postura de nuestro Observatorio sobre la materia, que ha sido difundida en diversos artículos en nuestro sitio web (http://www.observatoriofucatel.cl/postura-del-observatorio-ante-los-proyectos-de-ley-de-tv-digital/)

Entre los invitados a escuchar la mesa, realizada hace un par de semanas, se encontraban representantes de organizaciones no gubernamentales, ex parlamentarios, analistas políticos, periodistas y representantes de la Fundación Ebert. Bet Gerber, directora de proyectos de esa institución, fue la encargada de moderar la mesa.

La discusión, a poco andar, tomó rumbos diferentes a los planteados por la convocatoria y se transformó en un enfrentamiento de visiones sobre el sentido del periodismo, y de defensa de los medios involucrados en la mesa, más que en la búsqueda de caminos para propiciar el surgimiento de medios independientes que den cuenta de la diversidad de puntos de vista presentes en nuestro país.

Macari provocó a sus contertulios al plantear que los productos periodísticos se podían dividir en sólo dos categorías, fomes o entretenidos, que su interés fundamental como profesional de la prensa era capturar a las audiencias, en especial a las élites políticas y económicas, y manifestar su cansancio frente al “lloriqueo” de los que responsabilizan a la Concertación por no haber tenido una política que promoviera el surgimiento de medios alternativos. Víctor Hugo de la Fuente replicó a su colega, planteando que lo verdaderamente moderno es promover un periodismo comprometido con la verdad, independiente de los grandes oligopolios y profundo en el análisis. Francisco Martorell, defendió el rol de los comunicadores sociales en un momento de predominio absoluto de una sola perspectiva ideológica en los medios chilenos y denunció, como uno de los factores que afectan el desarrollo de una prensa progresista, la inequitativa distribución de la publicidad estatal en Chile. Sebastián Larraín reivindicó un periodismo ligado a los problemas concretos de la ciudadanía, en sintonía con las organizaciones de la sociedad civil y comprometido con las causas más urgentes, como el equilibrio ecológico, la nacionalización del agua, el respeto a los derechos laborales y la mirada crítica frente a la evolución del conflicto mapuche.

OBSERVATORIO / “Implementar una verdadera política en comunicaciones que defina claramente el rol del Estado como garante de una real libertad de expresión”, es una de las principales propuestas, en el capítulo dedicado al escenario comunicacional chileno, contenidas en un documento que propone la renovación de la Concertación gobernante en ámbitos tan cruciales como la salud, el medioambiente , la educación y la comunicación social.

Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, acaba de aparecer una contundente publicación titulada “Por una opción progresista y ciudadana, una Nueva Concertación” que recoge los aportes de un conjunto de actores sociales –senadores de la República, intelectuales, dirigentes políticos, representantes de organizaciones de la ciudadanía y de entidades no gubernamentales y especialistas en más de 30 ámbitos claves del quehacer político, económico y social- para sentar las bases programáticas que permitan renovar profundamente la Concertación de Partidos por la Democracia luego de haber recorrido un largo camino desde el fin de la dictadura hasta el gobierno de Michelle Bachelet.

El documento parte por reconocer el sentimiento de orgullo por todos los avances conseguidos durante los 20 años de ejercicio del poder de la Concertación, período en que Chile se ha transformado por el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la integración del país al mundo y por el despliegue de las libertades democráticas que ha sido “la más valiosa de las conquistas”, según señalan los autores. Este orgullo sin embargo, se sostiene en el documento, no debiera ser motivo para impedirnos reconocer las grandes retos que aún tiene el conglomerado gobernante en materias sociales, políticas, culturales y ecológicas.

En el terreno cultural hay un capítulo dedicado a los medios de comunicación donde se plantea la necesidad de tener una verdadera política que permita democratizar el sistema comunicacional chileno, reconociendo el esfuerzo realizado durante el gobierno de Michelle Bachelet por rectificar las graves deficiencias que ha arrastrado la Concertación en este ámbito.

Lea a continuación el capítulo dedicado a las comunicaciones:

DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA COMUNICACIONAL DE LA CONCERTACIÓN

La política de los gobiernos de la Concertación en materias de medios de comunicación ha sido, sin exageración, inexistente en áreas vitales para el ejercicio del derecho a la comunicación de la ciudadanía, ambigua en zonas donde se requería una intervención estatal clara e insuficiente en materias tan cruciales como el tránsito a la futura TV digital y el reconocimiento de las radios comunitarias.

Durante primer gobierno democrático post dictadura, la desaparición de todos los medios que se habían opuesto al régimen militar fue el primer signo de que la búsqueda de un escenario equilibrado en las comunicaciones no sería una prioridad para la Concertación. La distribución de la publicidad estatal privilegió los medios de los dos grandes grupos, cuestión que se consagraría ideológicamente con la postura adoptada explícitamente, al afirmar que la mejor política en el campo comunicacional es la “no política”.

Diez años después del fin de la dictadura, recién en 2001, se promulga la primera ley en democracia que aborda el tema de las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, conocida como Ley de Prensa. Esta ley significó algunos avances, pero fue impugnada por el gremio periodístico y sus correcciones fueron recogidas en el proyecto de Estatuto del Periodista que, por ahora, está detenido en el Parlamento.

A este escenario se agrega la altísima concentración de la propiedad de los medios, con el 90 % de los periódicos en manos de dos conglomerados ligados a la derecha política y económica –El Mercurio y Copesa- y sin una distribución equitativa del avisaje estatal.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet ha existido una voluntad más clara de afrontar varios temas, entre ellos el contrasentido que significa tener una TV pública que obligada al autofinanciamiento de diferencia poco de la TV comercial; los desafíos para la televisión ad portas de la digitalización del sistema televisivo; el reconocimiento de un estatuto especial para las radios comunitarias y la reciente promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que proporciona una herramienta formidable al periodismo de investigación aclarando zonas antes vedadas al escrutinio ciudadano. Esta agenda representa un avance en relación a años de negligencia y de dejar hacer en el territorio comunicacional.

Desde los sectores más liberales –tanto dentro como fuera de los gobiernos de la Concertación- se sigue sosteniendo que el mercado es un buen regulador de los contenidos de los medios. Estos, al buscar las audiencias, no tendrían otra alternativa que propender al equilibrio informativo y a satisfacer las necesidades de diversidad que plantea el público. Los defensores de esta perspectiva plantean que los medios manejados por un cierto sector ideológico serían inocentes y neutrales a la hora de diseñar sus pautas, de plantear sus estrategias informativas y de definir sus prioridades en cuanto a los mundos y miradas que dominarán la escena. La mejor refutación de esta supuesta neutralidad salta a la vista en los tiempos previos a las elecciones, cuando toda la prensa vinculada a la derecha, incluidos los canales de TV y radioemisoras privadas, se coluden en campañas que minimizan los logros de los gobiernos de la Concertación y exaltan las supuestas vulnerabilidades del sistema, sobredimensionando los conflictos en áreas tan sensibles como la delincuencia, la salud y el transporte.

En la práctica, la “no política” que se ha intentado superar durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, mantiene una falta de iniciativa estatal para promover el surgimiento de medios independientes que puedan representar las múltiples inquietudes y planteamientos de la sociedad civil y que les asegure un espacio a los pueblos originarios, a las mujeres, a los jóvenes, a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales y a los marginados y discriminados por los grandes medios que monopolizan la comunicación en Chile. Este hecho permite una representación distorsionada de la realidad del país e impide la expresión de toda su diversidad y potencialidad.

PROPUESTAS

1. Implementar una verdadera política en comunicaciones que defina claramente el rol del Estado como garante de la real libertad de expresión. Esto implica promover nuevos medios independientes que tiendan a moderar la actual concentración que afecta al sector. Este objetivo se enmarca en los acuerdos internacionales firmados por Chile (Pacto de San José, Unesco, ONU, etc.) relativos a la promoción de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y expresión de todos los actores de la sociedad, eliminando las barreras de acceso a la propiedad de los medios. La democracia requiere preservar espacios para la discrepancia frente a los medios dominantes y el Estado puede distribuir de manera más equitativa su publicidad, de modo tal que, por ejemplo, no profundice el duopolio de la prensa como ha sucedido hasta ahora.

2. Regular el espectro radioeléctrico que es un bien de todos los chilenos. El debate legislativo sobre el tránsito a la TV digital y las radios comunitarias debe tener como principio la democratización del escenario mediático. Esto implica incorporar en la futura ley la posibilidad de integración de nuevos emisores para no consolidar los privilegios actuales. Para esto debe impedir que la capacidad espectral para concesiones nacionales quede copada con una entrega sin concurso a los actuales concesionarios. Asimismo, se debe introducir la exigencia de un compromiso en materia del uso que se hará de la concesión aboliendo la sola presentación de un proyecto técnico como requisito para la atribución de una concesión. A partir de esto, se podría regular las condiciones para la renovación, cesión y venta de un bien, entregado gratuitamente, que es propiedad de todos los chilenos y debe responder al interés público.

3. Generar un aporte estatal para la televisión pública. Para asegurar el destino y contenido de la televisión pública, es preciso que cuente con un porcentaje de financiamiento estatal para terminar con la trampa del auto financiamiento. A su vez es necesario y orientar su programación hacia una oferta realmente útil para la participación ciudadana, capaz de entregar la información y reflexión crítica que escasea en las estaciones comerciales, así como reparar el grave centralismo dándole un espacio de carácter nacional a los contenidos regionales.

4. Promover el surgimiento de medios independientes estableciendo regulaciones. Esto no significa limitar la libre competencia, como temen ciertos sectores, sino reparar las distorsiones del mercado que en este ámbito son tan graves como en el de la educación, la salud, la previsión social y otros. Junto a la limitación a los oligopolios y monopolios en un escenario como el chileno, que ostenta uno de los mayores niveles de concentración de Latinoamérica, se debe propiciar la creación de subsidios, de créditos blandos y fondos concursables. Esto facilitará el surgimiento de medios independientes, regionales y comunitarios, con el fin de facilitar la expresión de sectores sociales que carecen de la capacidad económica para hacer sustentables proyectos comunicacionales, pero tienen derecho a expresar sus puntos de vista. Basta pensar, como ejemplo, en las minorías étnicas o en asociaciones culturales juveniles.

5. Promover el debate ciudadano sobre las comunicaciones para consolidar el derecho a la comunicación, el acceso a la información y la multiplicidad de interpretaciones. Una sociedad democrática en forma cuenta con múltiples propietarios, con normas claras para éstos, con dignificación y respeto a la autonomía de los profesionales y ciudadanos interesados.-