En un capítulo dedicado específicamente a esta cuestión, en su Informe Mundial 2010, HRW cuestionó tres aspectos de la ley de medios de la Argentina, además de cómo distribuye la pauta publicitaria oficial el Gobierno y la falta de una ley de acceso a la información pública. Un paso positivo que destaca HRW fue la ley que despenalizó las calumnias e injurias, que el Congreso aprobó en noviembre, a propuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El informe menciona que la ley de medios “buscaba limitar que individuos o empresas fueran dueños de porcentajes significativos del espectro de radiodifusión y así promover la diversidad de opinión y debate”.

“Sin embargo, la nueva ley crea un organismo de aplicación que, pese a tener una composición diversa, carece de autonomía absoluta. También contiene definiciones vagas de las ‘faltas’ que podrían dar lugar a sanciones como la caducidad de las licencias de difusión”, señaló el informe de HRW. En la misma dirección, el trabajo destaca que la ley de medios “tampoco contempla la creación de mecanismos específicos para quienes actualmente poseen más licencias de las permitidas por la ley, y que podrían necesitar reclamar daños y perjuicios si prueban que las medidas sobre defensa de la competencia previstas en la ley les causan perjuicios económicos”.

Si bien esta organización internacional tiene su sede en los Estados Unidos, en los últimos meses tuvo una intensa participación sobre la ley de medios de la Argentina, incluyendo un debate celebrado en noviembre en Washington, que hizo el Inter American Dialogue, donde participaron el jurista chileno Jose Miguel Vivanco, encargado para América Latina de HRW, y Horacio Verbitsky, como director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El informe de Human Rights Watch está en línea con lo que declaró en ese debate Vivanco, cuando cuestionó los mismos aspectos de la ley de medios que ahora se publicaron en el Informe Mundial 2010. Esos cuestionamientos fueron recogidos en las medidas cautelares que tres jueces federales dictaron la última quincena de diciembre contra algunos artículos claves de la ley de medios.

Los jueces Edmundo Carbone, Miguel Medina y Leopoldo Rago Gallo suspendieron la vigencia de la desinversión compulsiva en aquellos medios que no se adaptan a lo establecido por la nueva normativa, y fallaron contra el régimen para la adjudicación de licencias, los límites a la multiplicidad de licencias y los requisitos para la emisión en cadena que establece la ley de medios