Puntos esenciales de nueva ley de medios en Argentina

Observatorio / La controvertida y polémica nueva Ley de Radiodifusión que se discute por estos días en el Parlamento argentino, pretende, entre otros objetivos, impedir la formación de monopolios y oligopolios y poner límites a la concentración de la propiedad de los medios, fijando topes a la cantidad de licencias. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital y hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable. Además los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional y se reserva el 33% del espectro radioeléctrico para emisoras de radio y TV de organizaciones sin fines de lucro.

Lea a continuación los principales puntos difundidos por el gobierno argentino:

1) Democratización y universalización

La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

2) Servicios de interés público

Se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura.

3) Órganos colegiados

Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Existirá también un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa.

4) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.

5) Abono Social

Los servicios de televisión por cable deberán disponer de un abono social. Esta disposición atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso, es el único servicio que existe para mirar televisión. Se busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual.

6) Desmonopolización

Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.

7) Titulares de las licencias

El proyecto establece que para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario.

Participación de cooperativas

A diferencia de la ley vigente, se permite la participación de cooperativas, siempre y cuando se garantice una porción del mercado a un competidor.

9) Plazo de las licencias

La operación de los medios audiovisuales se hará, según la propuesta, por sistema de licencias y las mismas durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.

Al mismo tiempo esas licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías -la digitalización- un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.

10) Más contenidos nacionales

Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales.

Los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos.

Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.

11) Igualdad de oportunidades

Las emisiones de televisión abierta y la señal local de producción propia de los sistemas de cable deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos.

12) Acceso universal para la transmisión de eventos deportivos

Se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. Los partidos de fútbol y otros encuentros olímpicos que sean de interés para la Argentina se transmitirán por la televisión abierta de acceso libre.

13) Publicidad

Se regula el tiempo de emisión de publicidad con el objetivo de proteger al público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un modelo de radio y televisión de calidad.

14) Nuevas tecnologías y servicios

A diferencia de la ley anterior, la propuesta contempla el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativas en la actualidad. Se procura un desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la pluralidad debe ser garantizada.

15) Radio y televisión estatales más participativos

Se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que reunirá a todos los servicios de radiodifusión sonora y televisiva que en este momento se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional. El Directorio estará integrado por siete miembros, con un presidente y un director designado por el Poder Ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. Y se crea un Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos que garantiza mayor participación social.

16) Medios Municipales y Provinciales

Se reserva para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia AM, una FM y una de televisión abierta. Cada Estado Municipal tendrá reservada una frecuencia FM.

17) Más voces de la sociedad civil

Se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televisión abierta.

18) Medios Universitarios y Educativos

Las Universidades Nacionales podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Deberán dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural.

19) Televisión e infancia

Se prevé la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes que tendrá como objetivo desarrollar estrategias que permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural e infantil.

20) Cine nacional

Se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año. La ley actual no contempla ninguna normativa de promoción del cine nacional.

Debate sobre TV digital en Latinoamérica

Nuestro Observatorio, representado por la abogada Lorena Donoso, participó en un seminario realizado en el Senado de Argentina sobre medios de comunicación audiovisual. La actividad se realizó el mismo día en que la Presidenta Cristina Kirchner enviaba el proyecto de ley de radiodifusión al Congreso de ese país.

Lea a continuación el artículo publicado por el diario trasandino La Nación:

Jaime Rosemberg

LA NACION

Una ley “alejada de los tiempos y las urgencias políticas y electorales”. Absoluta libertad de expresión, con control limitado de los contenidos que emiten los licenciatarios. Autoridades de aplicación “independientes” y medios de comunicación públicos “sin molestas interferencias del poder de turno”.

Estas son algunas de las recomendaciones y sugerencias que legisladores y expertos de distintos países del continente expresaron en el seminario sobre medios de comunicación audiovisual realizado en el Senado el jueves último, el mismo día que la presidenta Cristina Kirchner enviaba el proyecto de ley de radiodifusión oficialista al Congreso. Un día después del seminario, y reunidos por LA NACION, debatieron sobre el tema Lorena Donoso, integrante del observatorio de Medios Fucatel, de Chile; Fernando Flexa Ribeiro, senador del PSBD y titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Brasil; Ara Minassian, integrante de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que regula el ámbito de las telecomunicaciones brasileñas, y la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, organizadora del encuentro, que contó también con la presencia de otros expertos uruguayos y chilenos.

-Se critica el momento elegido por el Gobierno para presentar la ley. ¿Cuál sería para ustedes el mejor momento para hacerlo?

Donoso: – En Chile está clarísimo que éste no es un buen momento. Se discute hoy la ley para la TV digital, y las elecciones son en noviembre. Legislar sobre los medios con una elección encima no parece ser razonable. Hay que diferenciarlo de los avatares políticos.

Ribeiro: -Estamos en un proceso muy avanzado. En lo que hace a la TV digital, el proceso estará culminado en 2016, con diez años de transición. Estamos discutiendo en el Congreso [de Brasil] la convergencia tecnológica, las plataformas, los contenidos, porque la legislación no acompañó el avance tecnológico.

Estenssoro: -Me parece bueno el ejemplo de Uruguay, donde no se asignan licencias un año antes y hasta un año después de cualquier elección. Este período, con un Congreso elegido el 28 de junio que no asumirá hasta diciembre, no parece ser el mejor para una nueva ley. Tuvieron seis años y medio para hacerla y no la hicieron, la ley que proponen es más pasado que futuro.

-La potestad de revisar licencias cada dos años también es cuestionada por la oposición. ¿Qué evaluación hacen?

Donoso: -Se está debatiendo en este momento el tema de las licencias en Chile. En la televisión abierta, los plazos a nivel internacional están entre los ocho y los quince años. Revisar cada dos años no es bueno, para nada, aunque debería diferenciarse entre los que dan los contenidos y los que tienen en sus manos el soporte técnico.

Minassian: – En Brasil, las concesiones de tevé son de 15 años y las de radio, de 10. De esa manera hay previsibilidad, y soy favorable a qué se haga una revisión técnica cada cinco años, no para presionar a los medios, sino para ajustar las nuevas tecnologías. Ustedes tienen que tener una ley inteligente, adaptable a cualquier tecnología.

Estenssoro: -La autoridad de aplicación debe estar monitoreando permanentemente a las prestadoras. En la aplicación de sanciones debe estar muy claro cuáles son las instancias de monitoreo hasta llegar a la revocación de las licencias. Dos años es poco, cinco años parece razonable si las concesiones van a durar quince años.

Cristina Kirchner:”Que cada uno aprenda a pensar por sí mismo”

Martín Pique / Página 12 / En un acto en el Teatro Argentino de La Plata, Cristina Kirchner lanzó el proyecto oficial para reemplazar la actual Ley de Radiodifusión. Antes de ingresarla en el Congreso, quieren que se discuta en los barrios y en el interior.

La metáfora la eligió la propia Presidenta. Dijo que el tema que había convocado a toda la gente que desbordó el Teatro Argentino de La Plata era una “deuda histórica de la democracia”. Pero no sólo era una deuda de todos los partidos tras la recuperación de las instituciones, en 1983. El reemplazo del decreto-ley 22.285/80, que regula la actividad de los medios, y fue impuesto por la dictadura, se había convertido en los últimos tiempos en una de las preocupaciones centrales de la Presidenta. Hace quince días, en la apertura de las sesiones ordinarias, la mandataria había insistido con su promesa de impulsar una nueva ley de Radiodifusión. Ayer comenzó a honrar su compromiso. “Espero que el resultado de esta ley sea que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y no como le marca una radio o un canal”, dijo CFK. Luego aseguró que el proyecto será debatido en todo el país antes de llegar al Congreso, sin excluir a ningún sector. “Esta no es una propuesta de Cristina, no es la propuesta de un gobierno o de un partido. Queremos que sea la propuesta de todos los argentinos.”

La presentación del proyecto de ley de Radiodifusión del oficialismo había despertado mucha expectativa en todos los actores involucrados en el mundo de la comunicación. Desde el mundo académico hasta las empresas, pasando por ONG y entidades sin fines de lucro, sin obviar a buena parte de la actividad cinematográfica, como también la dirigencia política, todos esperaban con interés el acto programado para ayer en el inmenso teatro platense de la calle 51. El dato -¿curioso?- fue que hasta último momento varios canales y radios privadas no tenían asignado a ningún cronista para cubrir el acto. “A los que ocupamos cargos altos es más difícil ocultarnos, aunque quieran, pero sí lo hacen con los otros, con los invisibles, los que solamente aparecen en una tragedia”, cuestionó CFK. En la presentación del proyecto no podía faltar una crítica a los medios y su influencia en la fijación de la agenda.

El acto comenzó con unas palabras del jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien combinó la defensa de la iniciativa con un discurso cauto que incluyó algunas palabras amigables hacia el sector privado de la comunicación. “Este proyecto va más allá de un proyecto de ley, pretende ser una política de Estado. Y una política tan sensible debe tener una doble legitimación: abriendo el debate a la sociedad civil, y abriéndola a la industria para que tenga la participación necesaria”, dijo. Entonces llegó el turno del redactor del proyecto de ley de Radiodifusión, bautizado por el Gobierno como “Propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual”. Se trataba del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto. Su rol en este caso le fue reconocido por la Presidenta, que le agradeció y lo llamó varias veces por su nombre de pila.

Mientras la Presidenta lo miraba desde el centro del escenario, Mariotto comenzó su discurso a la usanza de Hugo Chávez. Así como el venezolano solía blandir por el aire un pequeño ejemplar de la Constitución bolivariana, Mariotto mostró desde el atril uno de los libros de tapa azul que el Ejecutivo hizo imprimir para difundir las 147 páginas del proyecto. “¿Por qué en 25 años esta ley no se pudo tratar?”, se preguntó en voz alta el interventor del Comfer. Mariotto se asumió como exponente de una generación, la que ingresó en las carreras de Comunicación con el retorno de la democracia. “La historia no empieza cuando uno llega. Hoy acá hay 25 años de antecedentes, de aportes de muchos que lucharon por esto”, dijo y enseguida le rindió un homenaje a la fallecida profesora universitaria Margarita Graziano, por muchos años titular de la cátedra Políticas y Planificación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Mariotto también recordó al ex senador radical Ricardo Lafferriere, el primer legislador que intentó promover una nueva ley de Radiodifusión tras el retorno de la democracia. “Fue víctima de un silenciamiento general y su cabeza fue puesta en una pica”, aseguró. El discurso del interventor del Comfer siguió con la primera definición fuerte, que despertó una ovación en las gradas del teatro. Tras subrayar que el Estado debía garantizar la libertad de expresión y no cercenar las opiniones de nadie (comentó que en el Comfer todavía hay una disposición, heredada de la dictadura, que establece una lista de canciones prohibidas para pasar por radio), Mariotto advirtió que bajo el principio de libertad de expresión muchas veces se ampara el monopolio y la concentración mediática. “Tampoco es admisible que en honor a la libertad de información haya cadenas monopólicas que le quiten la voz al resto”, aseguró.

Tanto el interventor del Comfer como la propia Presidenta justificaron sus posiciones valiéndose de la jurisprudencia y la legislación vigentes en los países desarrollados. Mariotto incluso llegó a citar al constitucionalista estadounidense Owen Fiss, catedrático de la Universidad de Yale y autor del libro La ironía de la libertad de expresión. La mandataria también subrayó que el proyecto de ley justificaba cada artículo con notas al pie que mencionaban legislación comparada de Europa y Estados Unidos. “Se trata de un proyecto de ley anotado. Al pie hay una nota donde se explica el origen de cada artículo. Es un instrumento jurídico que ha sido trabajado con una seriedad y una profundidad que van a permitir debatir con todos”, afirmó la Presidenta. La apelación al derecho comparado explicaba la presencia en el acto del embajador Earl Anthony Wayne. El diplomático había sido invitado en su calidad de representante de uno de los países más avanzados en la regulación antimonopólica en materia comunicacional.