Sube el volumen de las voces ciudadanas

Radio Tierra / Corporación La Morada / La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que crea los Servicios Comunitarios y Ciudadanos de Radiodifusión de Libre Recepción, cuyo texto legal es precedido por el Mensaje de la Presidenta Bachelet que enfatiza la necesidad de potenciar y promover los medios de comunicación que permitan la expresión de la ciudadanía.

El texto aprobado en primer trámite, otorga a las radios comunitarias un estatuto jurídico propio, les amplia su cobertura y les permite ciertas formas de publicidad, reconociendo así, la importancia de las organizaciones sociales y de estas emisoras como un espacio privilegiado para la manifestación de las necesidades, visiones y sueños de la gente que no tiene acceso a los medios de comunicación tradicionales. En este sentido es un paso adelante en el fomento y promoción del derecho a la comunicación.

No obstante, el proyecto establece una reserva de espectro para las radios comunitarias que representa menos del 10 por ciento del espacio disponible y que perpetúa los privilegios de las radioemisoras comerciales que mantienen el control de más del 90 por ciento del espectro radioeléctrico a través del cual se transportan las señales radiales. A excepción de Santiago y otras regiones donde se ampliará esta norma, la segmentación entre el 107.1 y 107.9 de la Frecuencia Modulada será el rango exclusivo de operación para los servicios de radiodifusión comunitaria. Esta situación debilita los alcances de la ley y nos deja por debajo de los estándares internacionales en esta materia. Dichos estandares cuentan con herramientas de defensoría y promoción en América Latina, que fueron ampliamente expuestos en la reciente visita a Chile de la Relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Es preciso recordar que en Chile las radios comunitarias han jugado un rol importantísimo para la expresión de sectores marginados, estigmatizados o invisibilizados por los medios tradicionales, así como de las personas de zonas geográficamente aisladas y de comunidades de interés como los pueblos originarios, las mujeres, los movimientos ecologistas o de defensa de los usuarios y consumidores por nombrar sólo algunas organizaciones que usan este medio para difundir sus planteamientos. Por lo mismo creemos que es crucial debatir sobre los aspectos más relevantes de este proyecto y avanzar así en el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por Chile en el terreno de la libertad de expresión y de la democratización de las comunicaciones.

En el último tiempo se ha producido la persecución de varias radios comunitarias por supuesta ilegalidad en sus transmisiones. Por mandato del Ministerio Público, la policía de Investigaciones ha realizado operativos para desarticular emisoras de la comunidad por transmitir sin concesión. Denunciamos este hecho y solicitamos el cese de estas persecuciones de modo de propiciar un debate de altura.

Le corresponde al Senado revisar el proyecto en segundo trámite legislativo, como organización ciudadana de mujeres que gestiona un medio radial, hacemos un llamado a los legisladores a profundizar el dialogo con la sociedad civil, hay allí un acumulado de experiencia práctica a la que echar mano para promover e impulsar un tercer sector de las comunicaciones con legislaciones que contengan políticas afirmativas para el fomento de la asociatividad y de la participación de la ciudadanía, especialmente de las mujeres.

Como asociación de mujeres que gestiona un medio radial en la banda Am, La Morada ha sido afectada por la ausencia de una política clara por parte de estado para facilitar la expresión de la diversidad ciudadana y garantizar el derecho a la comunicación de las personas, esperamos que este proyecto de ley sea un paso adelante para abrir la discusión de fondo en torno a la equidad de acceso a las frecuencias sonoras por parte de la ciudadanía.

Tanto el proyecto de radios comunitarias como los presentados para el tránsito a la TV digital terrestre, en discusión en el Parlamento, deben ser la base para un gran debate ciudadano que perfeccione y enriquezca sus contenidos considerando los planteamientos de la sociedad civil para que enfrentemos el Bicentenario con un sistema de medios a la altura de los desafíos que plantean las nuevas tecnologías de la información en las modernas sociedades democráticas.

Radio Tierra/Corporación La Morada.

Santiago, 3 septiembre 2009

Imperfecciones de una ley necesaria

María Pía Matta / presidenta de AMARC-ALC  / En las últimas semanas se ha producido la persecución de varias radios comunitarias por supuesta ilegalidad en sus transmisiones. Por mandato del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones ha realizado operativos para desarticular emisoras de la comunidad. La arremetida contra las radios comunitarias incluyó, entre otras, a Radio Placeres y UV 15 de la Región de Valparaíso, y en Santiago a la emisora Sin Tierra de la comuna de La Reina, por transmitir sin concesión. Su director no quiso acogerse a un juicio abreviado y decidió enfrentar la demanda hasta las últimas consecuencias para defender el derecho a la comunicación de la ciudadanía ante la justicia.

Es fácil anticipar que este problema no se resolverá por la vía de las amenazas y persecuciones legales. La única esperanza para que las emisoras comunitarias puedan operar sin discriminaciones es que se apruebe el proyecto de ley -enviado recientemente por el Ejecutivo al Parlamento- incorporando las correcciones propuestas por organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior implica cumplir cabalmente con el llamado de la Presidenta Bachelet, en el sentido de potenciar y promover los medios de comunicación que permitan la expresión de la ciudadanía. Esto se debiera traducir en un acceso igualitario de las emisoras comunitarias al espacio radial, en línea con lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos, como Uruguay, por ejemplo, donde la ley les reservó un tercio del espectro.

Es oportuno recordarles a nuestros legisladores que estos medios de comunicación son esenciales para ampliar el pluralismo y la democracia y permitir la expresión de los habitantes de lugares y regiones aisladas, de la vida municipal y barrial, de las comunidades de interés como las mujeres, los pueblos originarios y los jóvenes. Además, tienen la garantía de ser medios independientes, sin vinculación con partidos políticos o empresas comerciales y sin afanes proselitistas.

En Chile existe una larga tradición de radios comunitarias que, en condiciones muy básicas y sin reconocimiento jurídico, han usado una parte del espectro radioeléctrico, que pertenece a todos los chilenos, para canalizar las ideas, proyectos y sueños de muchas personas. En este sentido, el proyecto de ley provoca un avance y se convierte en ejemplo de un cambio de actitud de la Concertación en su política de medios. En concreto, además de reconocerlas, otorgarles un estatuto jurídico y considerar ciertas formas de publicidad para su financiamiento, les amplía el límite de potencia de 1 a 25 watts, lo que unido a una autorización más amplia de perímetro de operación les permite extender su cobertura y llegar de mejor manera a más personas.

La perseverancia de las organizaciones que defendieron durante años el derecho a existir de estos medios ciudadanos está rindiendo frutos, pero en el proyecto no se cristalizan aún todos sus anhelos. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (Amarc-ALC), organización que agrupa a cientos de emisoras de nuestro continente, incluido Chile, hubiese deseado en el plano de la cobertura una distribución más equitativa del espectro radioeléctrico, que es el espacio por donde “viajan” las ondas radiales. Por ahora, el proyecto de ley le entrega a la radiofonía privada comercial un porcentaje cercano al 90 por ciento. De no corregirse esta inequidad frente a un bien escaso que pertenece a todos, Chile seguirá al margen de los estándares internacionales, no se cumplirá en plenitud el llamado de la Presidenta en esta materia y se estarán sentando las bases de nuevas persecuciones como la que afecta en estos días a radio comunitarias de diversas regiones.

Propuesta comunicacional para una “Nueva Concertación”

OBSERVATORIO / “Implementar una verdadera política en comunicaciones que defina claramente el rol del Estado como garante de una real libertad de expresión”, es una de las principales propuestas, en el capítulo dedicado al escenario comunicacional chileno, contenidas en un documento que propone la renovación de la Concertación gobernante en ámbitos tan cruciales como la salud, el medioambiente , la educación y la comunicación social.

Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, acaba de aparecer una contundente publicación titulada “Por una opción progresista y ciudadana, una Nueva Concertación” que recoge los aportes de un conjunto de actores sociales –senadores de la República, intelectuales, dirigentes políticos, representantes de organizaciones de la ciudadanía y de entidades no gubernamentales y especialistas en más de 30 ámbitos claves del quehacer político, económico y social- para sentar las bases programáticas que permitan renovar profundamente la Concertación de Partidos por la Democracia luego de haber recorrido un largo camino desde el fin de la dictadura hasta el gobierno de Michelle Bachelet.

El documento parte por reconocer el sentimiento de orgullo por todos los avances conseguidos durante los 20 años de ejercicio del poder de la Concertación, período en que Chile se ha transformado por el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la integración del país al mundo y por el despliegue de las libertades democráticas que ha sido “la más valiosa de las conquistas”, según señalan los autores. Este orgullo sin embargo, se sostiene en el documento, no debiera ser motivo para impedirnos reconocer las grandes retos que aún tiene el conglomerado gobernante en materias sociales, políticas, culturales y ecológicas.

En el terreno cultural hay un capítulo dedicado a los medios de comunicación donde se plantea la necesidad de tener una verdadera política que permita democratizar el sistema comunicacional chileno, reconociendo el esfuerzo realizado durante el gobierno de Michelle Bachelet por rectificar las graves deficiencias que ha arrastrado la Concertación en este ámbito.

Lea a continuación el capítulo dedicado a las comunicaciones:

DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA COMUNICACIONAL DE LA CONCERTACIÓN

La política de los gobiernos de la Concertación en materias de medios de comunicación ha sido, sin exageración, inexistente en áreas vitales para el ejercicio del derecho a la comunicación de la ciudadanía, ambigua en zonas donde se requería una intervención estatal clara e insuficiente en materias tan cruciales como el tránsito a la futura TV digital y el reconocimiento de las radios comunitarias.

Durante primer gobierno democrático post dictadura, la desaparición de todos los medios que se habían opuesto al régimen militar fue el primer signo de que la búsqueda de un escenario equilibrado en las comunicaciones no sería una prioridad para la Concertación. La distribución de la publicidad estatal privilegió los medios de los dos grandes grupos, cuestión que se consagraría ideológicamente con la postura adoptada explícitamente, al afirmar que la mejor política en el campo comunicacional es la “no política”.

Diez años después del fin de la dictadura, recién en 2001, se promulga la primera ley en democracia que aborda el tema de las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, conocida como Ley de Prensa. Esta ley significó algunos avances, pero fue impugnada por el gremio periodístico y sus correcciones fueron recogidas en el proyecto de Estatuto del Periodista que, por ahora, está detenido en el Parlamento.

A este escenario se agrega la altísima concentración de la propiedad de los medios, con el 90 % de los periódicos en manos de dos conglomerados ligados a la derecha política y económica –El Mercurio y Copesa- y sin una distribución equitativa del avisaje estatal.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet ha existido una voluntad más clara de afrontar varios temas, entre ellos el contrasentido que significa tener una TV pública que obligada al autofinanciamiento de diferencia poco de la TV comercial; los desafíos para la televisión ad portas de la digitalización del sistema televisivo; el reconocimiento de un estatuto especial para las radios comunitarias y la reciente promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que proporciona una herramienta formidable al periodismo de investigación aclarando zonas antes vedadas al escrutinio ciudadano. Esta agenda representa un avance en relación a años de negligencia y de dejar hacer en el territorio comunicacional.

Desde los sectores más liberales –tanto dentro como fuera de los gobiernos de la Concertación- se sigue sosteniendo que el mercado es un buen regulador de los contenidos de los medios. Estos, al buscar las audiencias, no tendrían otra alternativa que propender al equilibrio informativo y a satisfacer las necesidades de diversidad que plantea el público. Los defensores de esta perspectiva plantean que los medios manejados por un cierto sector ideológico serían inocentes y neutrales a la hora de diseñar sus pautas, de plantear sus estrategias informativas y de definir sus prioridades en cuanto a los mundos y miradas que dominarán la escena. La mejor refutación de esta supuesta neutralidad salta a la vista en los tiempos previos a las elecciones, cuando toda la prensa vinculada a la derecha, incluidos los canales de TV y radioemisoras privadas, se coluden en campañas que minimizan los logros de los gobiernos de la Concertación y exaltan las supuestas vulnerabilidades del sistema, sobredimensionando los conflictos en áreas tan sensibles como la delincuencia, la salud y el transporte.

En la práctica, la “no política” que se ha intentado superar durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, mantiene una falta de iniciativa estatal para promover el surgimiento de medios independientes que puedan representar las múltiples inquietudes y planteamientos de la sociedad civil y que les asegure un espacio a los pueblos originarios, a las mujeres, a los jóvenes, a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales y a los marginados y discriminados por los grandes medios que monopolizan la comunicación en Chile. Este hecho permite una representación distorsionada de la realidad del país e impide la expresión de toda su diversidad y potencialidad.

PROPUESTAS

1. Implementar una verdadera política en comunicaciones que defina claramente el rol del Estado como garante de la real libertad de expresión. Esto implica promover nuevos medios independientes que tiendan a moderar la actual concentración que afecta al sector. Este objetivo se enmarca en los acuerdos internacionales firmados por Chile (Pacto de San José, Unesco, ONU, etc.) relativos a la promoción de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y expresión de todos los actores de la sociedad, eliminando las barreras de acceso a la propiedad de los medios. La democracia requiere preservar espacios para la discrepancia frente a los medios dominantes y el Estado puede distribuir de manera más equitativa su publicidad, de modo tal que, por ejemplo, no profundice el duopolio de la prensa como ha sucedido hasta ahora.

2. Regular el espectro radioeléctrico que es un bien de todos los chilenos. El debate legislativo sobre el tránsito a la TV digital y las radios comunitarias debe tener como principio la democratización del escenario mediático. Esto implica incorporar en la futura ley la posibilidad de integración de nuevos emisores para no consolidar los privilegios actuales. Para esto debe impedir que la capacidad espectral para concesiones nacionales quede copada con una entrega sin concurso a los actuales concesionarios. Asimismo, se debe introducir la exigencia de un compromiso en materia del uso que se hará de la concesión aboliendo la sola presentación de un proyecto técnico como requisito para la atribución de una concesión. A partir de esto, se podría regular las condiciones para la renovación, cesión y venta de un bien, entregado gratuitamente, que es propiedad de todos los chilenos y debe responder al interés público.

3. Generar un aporte estatal para la televisión pública. Para asegurar el destino y contenido de la televisión pública, es preciso que cuente con un porcentaje de financiamiento estatal para terminar con la trampa del auto financiamiento. A su vez es necesario y orientar su programación hacia una oferta realmente útil para la participación ciudadana, capaz de entregar la información y reflexión crítica que escasea en las estaciones comerciales, así como reparar el grave centralismo dándole un espacio de carácter nacional a los contenidos regionales.

4. Promover el surgimiento de medios independientes estableciendo regulaciones. Esto no significa limitar la libre competencia, como temen ciertos sectores, sino reparar las distorsiones del mercado que en este ámbito son tan graves como en el de la educación, la salud, la previsión social y otros. Junto a la limitación a los oligopolios y monopolios en un escenario como el chileno, que ostenta uno de los mayores niveles de concentración de Latinoamérica, se debe propiciar la creación de subsidios, de créditos blandos y fondos concursables. Esto facilitará el surgimiento de medios independientes, regionales y comunitarios, con el fin de facilitar la expresión de sectores sociales que carecen de la capacidad económica para hacer sustentables proyectos comunicacionales, pero tienen derecho a expresar sus puntos de vista. Basta pensar, como ejemplo, en las minorías étnicas o en asociaciones culturales juveniles.

5. Promover el debate ciudadano sobre las comunicaciones para consolidar el derecho a la comunicación, el acceso a la información y la multiplicidad de interpretaciones. Una sociedad democrática en forma cuenta con múltiples propietarios, con normas claras para éstos, con dignificación y respeto a la autonomía de los profesionales y ciudadanos interesados.-