Lea a continuación la columna:

Por una auténtica TV pública

Manuela Gumucio / La Tercera / En cualquier democracia, la nominación de un cargo relevante como el director ejecutivo de TVN tendría un espacio destacado en los medios de comunicación. Sería lógico que la ciudadanía conociera una lista de candidatos y de criterios para la elección de quién dirigirá la TV pública.

Resulta curiosa la apatía ciudadana frente a la elección del nuevo director ejecutivo de TVN. En cualquier democracia moderna, la nominación de un cargo relevante como éste ocuparía algún espacio destacado en los medios de comunicación. La dignidad presidencial amenazada por la imitación de un humorista y la interminable no venta de Chilevisión han logrado que se hable del tema, pero no de lo más importante, como son los atributos que debiera tener la persona que ocupe ese cargo. Sería lógico que la ciudadanía tuviera conocimiento de una lista de candidatos y de los criterios para la elección de quien dirigirá la TV pública.

La prensa ya nos anuncia el perfil de algunos eventuales nominados para tal función. En este sentido, es preciso anticiparnos diciendo que no necesitamos, para la nueva TVN, un empresario sin proyecto de TV pública, sin espesor cultural y con escaso conocimiento del medio. Es de esperar que no nos encontremos, nuevamente, con un director ejecutivo que se vanagloria de no ver televisión, porque cuando se opta por ese perfil, suele ocurrir que la mayor autoridad del canal pone la rentabilidad y las cifras azules por encima de las obligaciones propias de una red estatal.

También resulta incomprensible que se haga esta designación antes de la promulgación de la ley que se tramita en el Senado y que debiera cambiar sustancialmente el modelo de TV pública. No es lo mismo elegir un director para el actual desempeño que para las nuevas funciones públicas que le planteará la ley. Recordemos que dicho texto legal, en su versión final, debiera responder a la demanda ciudadana de tener un verdadero canal de todos los chilenos, con una oferta cualitativamente superior a la de la TV privada, donde se conozcan los puntos de vista que otros medios ignoran y se ofrezca una diversidad de géneros, estilos y voces actualmente ausente en nuestra TV.

El Observatorio de Medios espera que el proyecto de ley finalmente promulgado le otorgue a TVN los medios para que cumpla, de manera regular, sus objetivos diferenciadores con un porcentaje de financiamiento público. Esos fondos le permitirán innovar, ofreciendo, por ejemplo, géneros y formatos alternativos a los que producen meros éxitos de audiencia, a través de programas sin sustancia y de escaso aporte al desarrollo cultural del país. TVN ha dado muestras de sus capacidades en este sentido, como en la reciente serie “Pueblos Originarios”, dirigida por Francisco Gedda, pero estos esfuerzos no debieran depender de los vaivenes financieros de la red. Se trata de dosificar la parrilla, produciendo un equilibrio entre la programación para captar grandes audiencias y rating, y otra que permita responder a las llamadas “misiones” que la ley plantea a TVN. Y si estamos pensando en un nuevo director, sería importante conocer su posición en esta materia.

Hay sectores que ven en un posible financiamiento estatal de TVN el peligro de pérdida de independencia del canal en relación al poder político de turno. Esos temores resultan infundados en un estado de derecho como el nuestro, donde existen organismos contralores que regulan de manera adecuada las instituciones públicas. Los únicos resguardos para la independencia de TVN debieran ser la claridad de sus objetivos, la cuenta anual que deberá proporcionar al Senado y la transparencia de su directorio y de sus ejecutivos en torno al cumplimiento de los objetivos de servicio público desde sus respectivas funciones.

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La digitalización de las actuales señales analógicas de televisión abierta de libre recepción permitirá que éstas se transformen en “datos” y se desplacen como tales por el espectro radioeléctrico, utilizando así un menor ancho de banda.

En tanto bien nacional de uso público, muy escaso, el uso y goce del espectro radioeléctrico necesario para diversos fines (televisión, radio, telefonía móvil, etc.) es entregado por la autoridad pública a través de “concesiones”.

Independientemente de la tecnología que escoja el Gobierno para materializar la mencionada digitalización de las señales televisivas (las denominadas normas europea, japonesa o norteamericana), una vez que alguna de ellas se implemente posibilitará que una señal de televisión abierta digitalizada estándar, que será siempre de mejor calidad que las actuales señales de televisión abierta analógicas, ocupe solo 1/6 del ancho de banda que hoy se necesita (1 megahertz en vez de 6 megahertz), lo que podría multiplicar por seis el número de canales abiertos existentes. Y si se quisiera que la señal fuera de muy alta definición, se requerirá 4/6 de lo actual (4 megahertz en vez de los actuales 6 megahertz).

Así las cosas, en principio al menos, al digitalizar la denominada “televisión terrestre” se podrían obtener más señales de televisión abierta utilizando la misma cantidad de aspecto radioeléctrico (y con señales de mejor calidad que las actuales). Por lo mismo, y también en principio, se relativizaría o flexibilizaría la actual principal barrera de entrada al mercado de la televisión abierta, cual es la extrema escasez de espectro radioeléctrico (en Santiago, por ejemplo, ya no caben más señales analógicas). De esta manera, podrían haber más empresas u operadores televisivos.

Esto no es menor en un contexto de serias y múltiples críticas y quejas hacia la calidad del contenido de la actual televisión abierta chilena.

Para implementar este avance tecnológico será necesario utilizar la banda UHF, donde aún hay bastante espectro disponible, por cuanto la banda VHF, que utilizan las actuales señales analógicas de televisión abierta (canales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13, en la Región Metropolitana) está completamente copada por éstas en varios lugares de Chile, y, por lo mismo, no hay espacio disponible para que se realicen en paralelo las transmisiones digitales necesarias para ir preparando e implementando la nueva tecnología. Esto, en un camino sin vuelta atrás que debiera culminar con el denominado “apagón analógico”, momento en el cual la banda VHF volverá – su uso y goce – nuevamente a todos los chilenos, para su posterior asignación a otros fines (todo indica que ajenos a la TV).

Como los actuales concesionarios de televisión abierta de libre recepción tienen un derecho de propiedad sobre sus concesiones vigentes de TV en banda VHF, asignadas hace ya tiempo por el Estado en sus actuales señales (operadas con tecnología analógica), es necesario legislar para que sea la propia ley quien les cambie o reemplace sus frecuencias por otras, en adelante en la banda UHF, a operarse exclusivamente con tecnología digital.

Esta es, en estricto rigor, la única materia imprescindible de legislarse para poder materializar la digitalización de la televisión terrestre: una norma obligatoria que establezca el sistema de reemplazo -y su obligatoriedad y los plazos- de las actuales señales concesionadas en banda VHF, a otras señales o frecuencias equivalentes ahora en la banda UHF, una vez ocurrido el denominado apagón analógico de la televisión abierta (esto es, cuando los actuales concesionarios ya no puedan seguir transmitiendo en sus actuales señales VHF).

Entretanto no ocurra este “apagón”, la autoridad administrativa, sin necesidad de ley alguna, está perfectamente facultada para “prestarles” a los actuales concesionarios alguna(s) señal(es) transitoria(s) en banda UHF para que, en coexistencia con sus señales VHF, puedan paulatinamente implementar la migración a la nueva tecnología digital. Así ocurrió, por ejemplo, con la transmisión del partido de fútbol entre Chile y Venezuela, que Canal 13 transmitió paralelamente en ambas tecnologías, gracias a una frecuencia en banda UHF que le facilitó al efecto la Subtel.

En cuanto a qué debe entenderse por equivalencia de señales o frecuencias (entre lo ya concesionado por los actuales canales de televisión abierta en banda VHF y lo que se les debe entregar, en reemplazo, en banda UHF), lo natural y obvio sería que le ley remplazara el actual ancho de banda, que se requiere para transmitir hoy televisión abierta analógica, esto es, 6 megahertz, por el ancho de banda necesario para transmitir televisión abierta digital, esto es, 1 megahertz (ó 4 megahertz si se aspira a televisión de altísima definición, cuestión de por sí discutible). Si así se hiciere, los actuales canales de televisión quedarían en una posición perfectamente equivalente a la actual, pudiendo desarrollar su negocio televisivo en condiciones análogas a las que ahora tienen. Y el excedente de espectro radioeléctrico en banda UHF podría concesionarse a varios nuevos actores para este mercado.

Sin embargo, con la excusa de aprovechar la ocasión para solucionar problemas legales pendientes (como la coexistencia de distintos regímenes de concesiones televisivas, unas indefinidas y otras a plazo fijo; la necesidad de revisar las atribuciones del Consejo Nacional de Televisión, y la conveniencia de entregar más dineros concursables), o para arreglar problemas técnicos por venir (como la limitante de que los actuales transmisores de televisión digital permiten administrar paquetes de a 6 megaherts y no de menos ancho de banda), todos los cuales podían abordarse a través de otros proyectos o mecanismos, el Gobierno de Chile -encabezado al efecto por su ministro de Transportes y Telecomunicaciones- envió para su tramitación al Congreso Nacional un Proyecto de ley misceláneo denominado ladinamente “Proyecto de Ley que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre”, el cual va mucho mas allá de lo necesario para esta implementación.

En efecto, este proyecto de ley, con distintas elipsis, paráfrasis y excusas, además de posibilitar la digitalización comentada (que -como se ha visto más arriba- debería significar la ampliación del actual mercado televisivo), lo que busca es impedir que entren nuevos actores al mercado de la televisión abierta, en la cantidad y en las condiciones de poder competir realmente con los actuales concesionarios, mantiene artificiosa y perpetuamente barreras de entrada al mercado de la televisión abierta, y mejora hacia el futuro el negocio a los actuales concesionarios, entregándoles un ancho de banda superior al equivalente que hoy tienen y permitiéndoles que utilicen sus concesiones televisivas para otros fines diferentes (transporte de datos, en general. Por ejemplo, telefonía y acceso a Internet). Todo esto, por supuesto, a menos que el Proyecto de Ley sea profundamente modificado y mejorado durante su tramitación en el Parlamento.

Detrás del contenido del Proyecto del Ejecutivo subyace la equivocada visión de que, como hacer televisión abierta es caro y de muy difícil financiamiento, lo mejor para el país sería fortalecer a los actuales pocos concesionarios del mercado televisivo (“malos pero nuestros”, y quienes “conocen” del negocio), y no debilitarlos a través de la entrada de nuevos actores. Adicionalmente, y con la expectativa de que mejoren sus contenidos televisivos, se les quiere dar la posibilidad de que con sus concesiones hagan otros negocios paralelos (lo que la tecnología digital permitirá), y, además, se pretende otorgarles más dinero público a través de concursos para financiar programas de televisión.

(Segunda parte de este artículo: mañana miércoles 9)

*Federico Joannon es abogado y miembro del directorio de El Mostrador.

OBSERVATORIO / “Implementar una verdadera política en comunicaciones que defina claramente el rol del Estado como garante de una real libertad de expresión”, es una de las principales propuestas, en el capítulo dedicado al escenario comunicacional chileno, contenidas en un documento que propone la renovación de la Concertación gobernante en ámbitos tan cruciales como la salud, el medioambiente , la educación y la comunicación social.

Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, acaba de aparecer una contundente publicación titulada “Por una opción progresista y ciudadana, una Nueva Concertación” que recoge los aportes de un conjunto de actores sociales –senadores de la República, intelectuales, dirigentes políticos, representantes de organizaciones de la ciudadanía y de entidades no gubernamentales y especialistas en más de 30 ámbitos claves del quehacer político, económico y social- para sentar las bases programáticas que permitan renovar profundamente la Concertación de Partidos por la Democracia luego de haber recorrido un largo camino desde el fin de la dictadura hasta el gobierno de Michelle Bachelet.

El documento parte por reconocer el sentimiento de orgullo por todos los avances conseguidos durante los 20 años de ejercicio del poder de la Concertación, período en que Chile se ha transformado por el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la integración del país al mundo y por el despliegue de las libertades democráticas que ha sido “la más valiosa de las conquistas”, según señalan los autores. Este orgullo sin embargo, se sostiene en el documento, no debiera ser motivo para impedirnos reconocer las grandes retos que aún tiene el conglomerado gobernante en materias sociales, políticas, culturales y ecológicas.

En el terreno cultural hay un capítulo dedicado a los medios de comunicación donde se plantea la necesidad de tener una verdadera política que permita democratizar el sistema comunicacional chileno, reconociendo el esfuerzo realizado durante el gobierno de Michelle Bachelet por rectificar las graves deficiencias que ha arrastrado la Concertación en este ámbito.

Lea a continuación el capítulo dedicado a las comunicaciones:

DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA COMUNICACIONAL DE LA CONCERTACIÓN

La política de los gobiernos de la Concertación en materias de medios de comunicación ha sido, sin exageración, inexistente en áreas vitales para el ejercicio del derecho a la comunicación de la ciudadanía, ambigua en zonas donde se requería una intervención estatal clara e insuficiente en materias tan cruciales como el tránsito a la futura TV digital y el reconocimiento de las radios comunitarias.

Durante primer gobierno democrático post dictadura, la desaparición de todos los medios que se habían opuesto al régimen militar fue el primer signo de que la búsqueda de un escenario equilibrado en las comunicaciones no sería una prioridad para la Concertación. La distribución de la publicidad estatal privilegió los medios de los dos grandes grupos, cuestión que se consagraría ideológicamente con la postura adoptada explícitamente, al afirmar que la mejor política en el campo comunicacional es la “no política”.

Diez años después del fin de la dictadura, recién en 2001, se promulga la primera ley en democracia que aborda el tema de las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, conocida como Ley de Prensa. Esta ley significó algunos avances, pero fue impugnada por el gremio periodístico y sus correcciones fueron recogidas en el proyecto de Estatuto del Periodista que, por ahora, está detenido en el Parlamento.

A este escenario se agrega la altísima concentración de la propiedad de los medios, con el 90 % de los periódicos en manos de dos conglomerados ligados a la derecha política y económica –El Mercurio y Copesa- y sin una distribución equitativa del avisaje estatal.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet ha existido una voluntad más clara de afrontar varios temas, entre ellos el contrasentido que significa tener una TV pública que obligada al autofinanciamiento de diferencia poco de la TV comercial; los desafíos para la televisión ad portas de la digitalización del sistema televisivo; el reconocimiento de un estatuto especial para las radios comunitarias y la reciente promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que proporciona una herramienta formidable al periodismo de investigación aclarando zonas antes vedadas al escrutinio ciudadano. Esta agenda representa un avance en relación a años de negligencia y de dejar hacer en el territorio comunicacional.

Desde los sectores más liberales –tanto dentro como fuera de los gobiernos de la Concertación- se sigue sosteniendo que el mercado es un buen regulador de los contenidos de los medios. Estos, al buscar las audiencias, no tendrían otra alternativa que propender al equilibrio informativo y a satisfacer las necesidades de diversidad que plantea el público. Los defensores de esta perspectiva plantean que los medios manejados por un cierto sector ideológico serían inocentes y neutrales a la hora de diseñar sus pautas, de plantear sus estrategias informativas y de definir sus prioridades en cuanto a los mundos y miradas que dominarán la escena. La mejor refutación de esta supuesta neutralidad salta a la vista en los tiempos previos a las elecciones, cuando toda la prensa vinculada a la derecha, incluidos los canales de TV y radioemisoras privadas, se coluden en campañas que minimizan los logros de los gobiernos de la Concertación y exaltan las supuestas vulnerabilidades del sistema, sobredimensionando los conflictos en áreas tan sensibles como la delincuencia, la salud y el transporte.

En la práctica, la “no política” que se ha intentado superar durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, mantiene una falta de iniciativa estatal para promover el surgimiento de medios independientes que puedan representar las múltiples inquietudes y planteamientos de la sociedad civil y que les asegure un espacio a los pueblos originarios, a las mujeres, a los jóvenes, a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales y a los marginados y discriminados por los grandes medios que monopolizan la comunicación en Chile. Este hecho permite una representación distorsionada de la realidad del país e impide la expresión de toda su diversidad y potencialidad.

PROPUESTAS

1. Implementar una verdadera política en comunicaciones que defina claramente el rol del Estado como garante de la real libertad de expresión. Esto implica promover nuevos medios independientes que tiendan a moderar la actual concentración que afecta al sector. Este objetivo se enmarca en los acuerdos internacionales firmados por Chile (Pacto de San José, Unesco, ONU, etc.) relativos a la promoción de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y expresión de todos los actores de la sociedad, eliminando las barreras de acceso a la propiedad de los medios. La democracia requiere preservar espacios para la discrepancia frente a los medios dominantes y el Estado puede distribuir de manera más equitativa su publicidad, de modo tal que, por ejemplo, no profundice el duopolio de la prensa como ha sucedido hasta ahora.

2. Regular el espectro radioeléctrico que es un bien de todos los chilenos. El debate legislativo sobre el tránsito a la TV digital y las radios comunitarias debe tener como principio la democratización del escenario mediático. Esto implica incorporar en la futura ley la posibilidad de integración de nuevos emisores para no consolidar los privilegios actuales. Para esto debe impedir que la capacidad espectral para concesiones nacionales quede copada con una entrega sin concurso a los actuales concesionarios. Asimismo, se debe introducir la exigencia de un compromiso en materia del uso que se hará de la concesión aboliendo la sola presentación de un proyecto técnico como requisito para la atribución de una concesión. A partir de esto, se podría regular las condiciones para la renovación, cesión y venta de un bien, entregado gratuitamente, que es propiedad de todos los chilenos y debe responder al interés público.

3. Generar un aporte estatal para la televisión pública. Para asegurar el destino y contenido de la televisión pública, es preciso que cuente con un porcentaje de financiamiento estatal para terminar con la trampa del auto financiamiento. A su vez es necesario y orientar su programación hacia una oferta realmente útil para la participación ciudadana, capaz de entregar la información y reflexión crítica que escasea en las estaciones comerciales, así como reparar el grave centralismo dándole un espacio de carácter nacional a los contenidos regionales.

4. Promover el surgimiento de medios independientes estableciendo regulaciones. Esto no significa limitar la libre competencia, como temen ciertos sectores, sino reparar las distorsiones del mercado que en este ámbito son tan graves como en el de la educación, la salud, la previsión social y otros. Junto a la limitación a los oligopolios y monopolios en un escenario como el chileno, que ostenta uno de los mayores niveles de concentración de Latinoamérica, se debe propiciar la creación de subsidios, de créditos blandos y fondos concursables. Esto facilitará el surgimiento de medios independientes, regionales y comunitarios, con el fin de facilitar la expresión de sectores sociales que carecen de la capacidad económica para hacer sustentables proyectos comunicacionales, pero tienen derecho a expresar sus puntos de vista. Basta pensar, como ejemplo, en las minorías étnicas o en asociaciones culturales juveniles.

5. Promover el debate ciudadano sobre las comunicaciones para consolidar el derecho a la comunicación, el acceso a la información y la multiplicidad de interpretaciones. Una sociedad democrática en forma cuenta con múltiples propietarios, con normas claras para éstos, con dignificación y respeto a la autonomía de los profesionales y ciudadanos interesados.-

El candidato Presidencial Eduardo Frei, durante una reunión con artistas y creadores del país, se refirió a los desafíos de la futura televisión digital para Chile, minimizando la importancia de la norma que se adopte finalmente -europea, japonesa o norteamericana-, y poniendo el acento en la legislación sobre el Consejo Nacional de TV y la televisión pública.

La Nación / Frei se comprometió a defender los derechos de autor

El candidato de la Concertación se reunió con artistas y creadores del país, como la cantante Denisse Malebrán, el cantante Quique Neira, el director de cine Silvio Caiozzi y el director de orquesta Horacio Saavedra a los que les aseguró corregir las falencias del proyecto que modifica la ley de propiedad intelectual.

 El senador y candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, se reunió este domingo con representantes de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), la Sociedad Nacional de Teatro, Cine y Audiovisuales, la Sociedad de Derechos Literarios, y Chileactores con los que se comprometió a defender los derechos de autoría de artistas y creadores.

En esa línea el abanderado detalló que su compromiso con los artistas incluye una agenda de corto plazo y largo plazo, explicando que por lo pronto intercederá para corregir las falencias del proyecto que la ley de propiedad intelectual que se discute en el Senado.

“El tema de corto plazo, es la ley que está hoy día en el Congreso. Ellos (los artistas) y en diversas conversaciones que hemos tenido con otros sectores del mundo cultural y del mundo de los creadores, han dicho que hay cosas en la ley con las cuales no están de acuerdo y que, por lo tanto, hay que modificarlas. Yo me voy a hacer parte de eso, para hacer presente cual es nuestra visión en las instancias que corresponde”, puntualizó Frei.

La cantante Denisse Malebrán, secretaria de la SCD, valoró la disposición del abanderado oficialista. “Él se ha comprometido a ayudarnos en que por lo menos las sociedades de gestión queden intactas frente a amenazas que son recurrentes en nuestra vida útil, como excepciones en los pagos de derecho de autor. Entonces, él ha sido súper empático y se ha sumado a nuestra campaña, porque fue en su Gobierno cuando se originaron las leyes que protegen la propiedad intelectual”, dijo la ex vocalista del grupo Saiko.

Malebrán también criticó el uso político que Sebastián Piñera hizo de las fotografías tomadas tras una reunión similar que sostuvieron con él.

En la reunión de esta mañana también estuvieron presentes Alejandro Guarello, presidente de la SCD; el cantante Quique Neira, el director de orquesta Horacio Saavedra, el cineasta Silvio Caiozzi, la actriz Anita Reeves, el escritor Darío Osses, el dramaturgo Alejandro Sieveking, entre otros.

Frei también se refirió al tema de la televisión digital en Chile, subrayando que hay una serie de desafíos por abordar más importante que la definición de la norma que adoptará el país, sea la norteamericana, la europea o la japonesa.

“Hemos coincidido en la conversación que cada día es menos importante el sistema, porque tecnológicamente los avances son muy vertiginosos y por lo tanto pensamos que en los próximos 5 años los tres sistemas tecnológicamente van a estar muy igualados. Por lo tanto lo que nos interesa es la legislación, las normas que va a tener esa ley y en esa materia tenemos criterios generales y vamos a trabajar en conjunto para hacer una propuesta porque es una ley que vamos a tener que impulsar en nuestro próximo gobierno”, destacó el abanderado.

El presidente de la SCD, Alejandro Guarello, destacó que “en el intercambio de ideas que hemos tenido vemos que estas ideas van a ser acogidas en el futuro gobierno y estamos muy optimistas al respecto”.

Observatorio / Conozca la intervención del historiador Alfredo Jocelyn-Holt ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, a propósito del proyecto de Ley para Televisión Nacional que pretende fortalecer su carácter público a las puertas de la digitalización del sistema televisivo. Su intervención se produjo en el marco de una ronda de opiniones que están recogiendo los Diputados antes de legislar sobre el tema.

A continuación,  la intervención textual correspondiente a la versión taquigráfica de la sesión 84 de la Comisión de Ciencia y Tecnología:

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1.- El proyectos sobre TVN sólo hace cambios superficiales, le autoriza a postular a proyectos y amplía el número de 6 a 8 directores vía aprobación del Senado, lo que profundizará el “empate de la no-innovación” entre la Concertación y la Alianza. TVN no se obliga a enriquecer sus señales regionales (las que en casos como O’Higgins, ni siquiera se ven en todas las provincias), ni a “pluralizar” su Directorio a lo social-territorial de Chile, como podría ser directores del mundo sindical, empresarial y un rector de universidad regional, que aportarían una óptica “distinta” al mero contar los minutos para gobierno y oposición en el informativo que es la “tarea” de los actuales miembros.

2.- Las normas sobre el Consejo Nacional de Televisión y la TV-Digital son tímidas para fijar el bien público del espectro televisivo, por lo cuál otorga y amplía la concesión a los actuales canales, no fomenta activamente la TV regional y no dispone condiciones programáticas básicas como son el pluralismo informativo, el fomento de la cultura y la educación cívica (en otros países como México, hasta los canales legislativos deben ser parcialmente transmitidos y obligatorios en la TV por cable).

Lo más grave es que asegura a los seis canales, seis mega en el nuevo espectro digital (que pueden privilegiar alta fidelidad y/o nuevos canales que ellos mismo “arriendan”), lo cuál si se optara por la norma japonesa, limitaría seriamente la posibilidad de enriquecer la oferta de televisión, ya que permite menos canales que las normas norteamericana y europea. La idea no es producir “dirigismo” programático, pero como el espectro es “un bien público”, se debe exigir aportes a los actuales canales de líneas de servicio, educacionales, culturales y de fomento de la producción audio-visual innovadora chilena e internacional.

3.- La transición hacia lo digital, ya demorada al no optar aún por una norma, se prolonga por otra década, mientras los países “desarrollados” concluirán sus “transiciones” entre el 2010 y 2014. Esto incluye la interactividad y otras ventajas de las nuevas tecnologías. En este ámbito caminamos a paso de rinoceronte, mientras otros van al de gacela.

Vendrán días de indicaciones, no es trivial legislar sobre el principal medio de comunicación. Bien la mezcla de canal público, universitario (católico) y privados. Pero no basta. Con ONGs, Manuela Gumucio, canales regionales y parlamentarios críticos, crearemos indicaciones que repongan estas tres metas: una TVN con mayor riqueza en su pluralismo, transición a lo digital más ambiciosa, una política de fomento a la TV regional, y una negociación con los actuales canales que asegure no sólo el “negocio”, sino el acceso por TV abierta de todos los chilenos (y no sólo a los que pagamos cable) de una oferta televisiva más rica y diversa. La TV es un bien público y por tanto su concesión debe ajustarse a “mínimos” programáticos y de pluralismo que eviten la convergencia del oligopolio al mismo cóctel de drama, sangre, bailongo y copuchas. No desaprovecharemos esta posibilidad de abrir la mirada.

*Esteban Valenzuela es diputado y periodista.

Conozca a continuación una síntesis de la posción defendida por nuestro Observatorio:

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