OBSERVATORIO / Marcelo Contreras, periodista, presidente de la fundación Felipe Herrera y del directorio de Fucatel, ha dedicado parte de sus esfuerzos profesionales a promover el pluralismo en el sistema comunicacional chileno. La preocupación más reciente de quien fuera director de “Apsi”, una de las revistas más emblemáticas de oposición al régimen militar, es buscar estrategias para fomentar la diversidad de la prensa nacional, mediante la creación de un fondo para el surgimiento de nuevos medios, a partir de las ganancias millonarias que genera el Diario Oficial, hoy destinadas a mantener a La Nación y brindarle generosas utilidades a los accionistas privados del diario estatal. A su juicio, otorgando subsidios decrecientes por un tiempo acotado, con los ingresos del Diario Oficial, se podría fomentar el surgimiento de una prensa que equilibre el predominio incontrarrestable del duopolio Mercurio-Copesa.

Considera, también, que no tiene sentido transformar a la Nación en un diario público con una estructura similar a la de TVN, como propone el Sindicato Periodístico de ese matutino.

-Haciendo una retrospectiva, ¿cómo cree usted que se llegó a la situación actual, de cierre inminente, que está afectando al diario La Nación?

Durante el régimen militar se produjo la mayor concentración mediática en la historia de este país, al destruirse un sistema bastante plural que se había venido desarrollando durante el último medio siglo de democracia: se liquidó la TV estatal, se creó la comercial, se desarrolló la mayor red de emisoras en manos del Estado con radio Nacional de Chile a la cabeza, a partir de muchas frecuencias expropiadas al movimiento de izquierda, y se mantuvo un férreo control sobre la prensa. Con la llegada de la democracia se repuso la base jurídica de la libertad de expresión, severamente recortada durante el régimen anterior. Respecto a los medios estatales, se optó por hacer de TVN un canal público, por privatizar y desarmar la red de radios del Estado y en el caso del diario de Gobierno, por mantenerlo con una curiosa fórmula donde se mezclaba la presencia de privados y la propiedad del Estado, pero dándole a los primeros el control del diario a través de acciones preferentes. Eso mantuvo a La Nación como un diario gubernamental que tuvo alguna justificación mientras el Ejecutivo estaba en manos de un sector diferente al que domina el resto de los medios, ya que con su existencia ayudó, de alguna manera, a equilibrar el arco de posturas editoriales.

-Pero el problema es que cambio el Gobierno y el actual ya no necesita más medios porque la mayoría le son favorables…

Al cambiar el signo del gobierno la Nación dejó de tener el sentido que alguna vez tuvo y, entonces, parece una medida racional replantearse el rol del Diario Oficial, un monopolio del Estado que ha subsidiado al diario La Nación y ha producido cuantiosas ganancias para los accionistas privados del periódico y para el fisco, durante 20 años, que no es poco. Ahora, es evidente que al quitarle el subsidio del Diario Oficial, que es lo que desea hacer este Gobierno con un proyecto de ley que está presentando, La Nación como tal deja de ser viable y su directorio estaría optando por una fórmula de mercado que consiste en transformar a La Nación en un diario digital.

-¿Existe otra alternativa?

Si, existen otras alternativas, porque el problema de fondo que se plantea el país es cómo se asegura la expresión del pluralismo y la diversidad a nivel de medios de comunicación. Si bien en la Constitución y las leyes chilenas está teóricamente garantizada la libertad de expresión y de información, no existe una base material que permita efectivamente ejercer estas libertades, considerando las distintas perspectivas ideológicas, políticas, sociales y culturales presentes en nuestro país. Ahora, si el Diario Oficial deja algo así como 4 mil o 5 mil millones de pesos anuales en utilidades, se puede imaginar la creación, a partir de esos recursos, de un fondo concursable, que permita el surgimiento de nuevos medios con la entrega, por ejemplo, de subsidios decrecientes durante 5 años. En este sentido es preciso recordar que los principales diarios de este país recibieron subsidios muy importantes durante el régimen militar, muchos millones de dólares para subsistir.

-¿Y en qué tipo de medios está pensando para que postulen a esos subsidios?

Estoy pensando en medios como Clarín que hicieron historia en el periodismo nacional, que fueron severamente dañados en su patrimonio con el Golpe Militar y a los cuales el Estado no ha indemnizado adecuadamente, negando la posibilidad de que el país tenga una diversidad de líneas editoriales.

-¿Qué organismo sería el encargado de administrar esos fondos?

Es perfectamente posible pensar en un Consejo Nacional de Prensa Radio y TV que pudiera asignar con criterios técnicos esos fondos. De hecho me parece muy interesante que surja una plataforma convergente para regular el cumplimiento de la función social de los medios en su deber de informar, orientar y entretener a la ciudadanía. Muchos de ellos violan principios de ética periodística elemental, abusando, por ejemplo, de fuentes no identificadas o no dando debida reparación a personas injustamente aludidas.

“No se justifica un diario de gobierno”

-Pero usted habla de crear un fondo concursable, además del financiamiento de La Nación…

No. Creo que en Chile, en las actuales circunstancias no se justifica para nada un diario de Gobierno. Me parece mucho más sano que una democracia intencionadamente busque generar distintas perspectivas editoriales a nivel de medios y eso sería posible a través, por ejemplo, de este fondo concursable. Lo que está sucediendo ahora es el peor escenario, porque significa la cesantía de una cantidad importante de periodistas, de técnicos y administrativos y era perfectamente viable que parte de estos profesionales se reciclaran en proyectos de medios alternativos que pudieran postular a este fondo concursable.

-¿Y qué le parece la fórmula presentada al Parlamento por el sindicato Periodístico de La Nación, donde se propone convertir al periódico en un diario público, con una estructura parecida a la de TVN?

No me parece viable, porque la estructura de TVN es la fórmula perfecta para un medio neutro, entre comillas, donde el pluralismo se mide en los segundos de aparición de los actores centrales y que trasmite valores no demasiado subversivos y bastante funcionales al modelo. Creo que repetir esa fórmula en un diario público no sería ningún aporte al pluralismo.

“El mercado de la publicidad es profundamente ideológico”

¿Cómo considera que estamos en el contexto regional en cuanto a libertad de expresión y regulación de los medios?

En América latina se ha abierto una discusión respecto de los medios, en cuanto a la forma en que cumplen su deber, cómo fortalecen o debilitan las instituciones democráticas y cómo expresan la diversidad de un país. En algunos como Argentina se ha expresado en una Ley de Medios, también en Brasil, en Bolivia, en Venezuela. Hay un debate instalado y Chile no puede ser inmune a él. Es hora de que los sectores democráticos del país planteen esa discusión indispensable, porque hay una sospecha de que los medios no están haciendo todo el aporte que debieran para fortalecer la democracia, devolver la dignidad a la política y mejorar las instituciones republicanas. Se requiere una prensa menos dócil en su relación con la autoridad, más cuestionadora, con mayor capacidad de llegar a fondo y de ofrecer perspectivas distintas. La gran prensa en Chile representa al pensamiento dominante, a intereses económicos y perspectivas políticas que sólo reflejan a una parte del país. Este pluralismo sesgado impresiona muchísimo a observadores extranjeros que no entienden cómo en Chile no existe otro tipo de medios.

¿Pero, usted responsabiliza al duopolio de que medios como La Época, Diario Siete y hace poco Diario 1 no hayan logrado despegar?

El mercado de la publicidad en Chile está dominado por 70 u 80 grandes avisadores y es profundamente ideológico. Tenemos un empresariado comprometido con una opción ideológica y política y eso hace muy difícil que los medios que disienten de esa visión puedan vivir de ese mercado. Es necesario asumir que cautelar el pluralismo tiene un costo para el país. Nosotros en revista Apsi –al igual que en Cauce o revista Análisis- llegamos a vender una cantidad muy importante de ejemplares y no teníamos un solo aviso publicitario. Eso era previsible en un régimen militar, pero es bastante menos razonable en una democracia.

-Resulta coherente, en todo caso, con “la política de la no política de medios” de los primeros años de la Concertación…

Eso no es cierto, porque hubo una política, equivocada, pero política al fin, que era la de entregarle el pluralismo a los grandes medios pensando que ellos practicarían en su interior el equilibrio y la veracidad informativa en busca de las audiencias. La historia de estos 20 años demostró que esa fue una política profundamente equivocada y es una de las causas de que cada vez exista menos pluralismo en los medios de comunicación.

Para mayor información sobre la propiedad del diario La Nación y la historia de la sociedad Colliguay, lea los siguientes artículos de la periodista Alejandra Matus, quien ha investigado en profundidad el tema:

http://www.observatoriofucatel.cl/socios-privados-de-la-nacion-salen-del-closet/

http://www.observatoriofucatel.cl/la-privatizacion-del-diario-la-nacion/

A continuación lea la entrevista a Luis Eduardo Thayer un de los accionistas del diario:

Margaret Valenzuela / El Mercurio

Luis Eduardo Thayer Morel es primo de la Primera Dama y uno de los accionistas minoritarios del diario La Nación.

Por primera vez accede a referirse a la decisión del Ejecutivo de terminar con la edición de papel, la que rechaza de plano. Reconoce que existe molestia en la Sociedad Colliguay S.A. por la forma en que el presidente del directorio y representante del Fisco, Daniel Platovsky, ha conducido este proceso.

El abogado, quien ingresó al directorio en 1997, advierte que de existir un giro definitivo del matutino y éste se deja de imprimir, el Estado deberá entonces indemnizarlos por los daños económicos que esta modificación les podría acarrear.

“El objeto de esta sociedad es indisoluble e inalterable y una junta de accionistas no puede ir en contra de ello. Entonces, aquí cuando se habla de que el Diario Oficial va a ser gratuito y que se cierra el diario La Nación, se está produciendo un perjuicio y los perjuicios en Chile se tienen que indemnizar. Esto tiene olor a la primera expropiación después de la última del gobierno de Allende”, dice de entrada.

-¿Así se sienten, expropiados?

“Aquí existe la sensación de ‘váyanse de aquí, ustedes no tienen nada que ver con esto’. No creo que ellos quieran expropiar, pero el efecto que produce es el mismo del agua potable. No sé qué dirían los privados de las sanitarias si se resuelve que el agua será gratuita. Si se quiere hacer eso tiene que arreglar los perjuicios que ello cause o someterlo al menos a conocimiento del Tribunal Constitucional para analizar la constitucionalidad de la decisión”.

-¿Quiénes podrían recurrir al TC?

“No hemos hecho nada al respecto. Pero podrían recurrir los parlamentarios para preguntar si lo que están haciendo con La Nación corresponde”.

-Sin embargo, el Gobierno sostiene que es necesaria una reducción presupuestaria, que el diario “es pura pérdida”.

“Ellos dicen que se viene una ley, que esa ley va a disminuir los ingresos del diario, que hay que prepararse para cuando se produzca esa disminución, que hay que suprimir el diario La Nación o reducirlo a su más mínima expresión y ahí nace este tema de hacerlo en internet, porque supuestamente el internet es lo del futuro, con lo cual tampoco estoy de acuerdo, porque si fuera la papa, no existiría ningún diario en papel y nos vamos todos derechamente a la versión digital”.

-Pero uno de los argumentos que ha dado Platovsky es que hay que aprovechar ahora las utilidades para pagar las indemnizaciones…

“Lo único que le puedo decir es que la situación de la empresa en función de sus resultados sigue exactamente la línea positiva en cuanto a sus utilidades. Mire, yo no estoy velando por el interés personal y tampoco estoy dispuesto -creo en esto interpretar a los otros accionistas minoritarios- a echar a 200 personas a la calle sólo porque sí. Estoy en absoluto desacuerdo con todo esto”.

-El proceso se habría iniciado.

“Bueno, cada uno responde por sus hechos. Yo he salvado mis responsabilidades en las instancias que han correspondido y no me voy a salir de eso”.

-¿De qué depende que recurran a los tribunales?

“Depende de qué tanto uno se sienta agredido. No estoy dispuesto a que echen a la calle 200 personas sin motivos. Lo que ha ocurrido acá es grave”.

-¿Qué va a pasar en la próxima reunión, el 13 de diciembre?

“Se citó para ese día a una junta extraordinaria donde ni siquiera está claro cuál es la propuesta que se va a plantear. Aquí hay otras cuestiones que son complejas y que tienen que dilucidarse. Yo creo que la gente que está en lo alto del Gobierno no tiene claro cómo se están haciendo las cosas. Platovsky está tomando decisiones erradas y hay problemas legales en todo esto. Los actos podrían ser nulos y los agentes son responsables civil y legalmente”.

-Pero Platovsky cuenta con la plena confianza de Piñera…

“Pero Platovsky no es abogado. Yo no tengo nada personal en su contra, pero ha actuado con alguna asesoría precipitada y eso causa más perjuicio que beneficio, porque yo no veo ni por dónde hoy día existe una situación crítica que justifique esto. Por esta misma razón no veo motivos para iniciar despidos”.

-¿En qué basan sus argumentos?

“Nosotros encargamos dos informes en derecho a dos de los más destacados abogados que hay en Chile”

-¿Quiénes?

“No voy a dar sus nombres, pero los mandamos a hacer precisamente para saber qué terreno estamos pisando y tener tranquilidad, y esos informes arrojan precisamente que el Estado puede cambiar la función pública a su antojo, pero para hacerlo tiene que indemnizar cuando cause perjuicio a otro”.

-¿Usted cree que la motivación es puramente política?

“No quiero calificar. Puede ser que venga de un capricho”.

-¿Y qué le parece el proyecto digital?

“El problema aquí no es llegar y fortalecer el digital y cerrar el papel. Cambiar una cosa por otra no se puede hacer”.

-¿Venderán las acciones?

“Si hay un acuerdo reparatorio y dicen ‘váyanse, queremos que no sigan más porque nos complican y porque queremos ejercer la función de otra manera’, de acuerdo, veamos que la manera que se indemnice los perjuicios la califiquen otros que digan técnicamente este es el daño que se va a producir”.

-Muchos podrían criticarles que están buscando un buen precio en circunstancias en que obtuvieron a un muy bajo precio esas acciones….

“La historia de esta empresa es que los acreedores del Estado capitalizaron sus acciones y esas acciones valían cero el año ’90 o menos que cero, el patrimonio era negativo. Ahora puede ser un buen negocio, pero el Estado tiene sus complejidades como socio. Aquí no se compró a vil precio en ese tiempo. Hay gente que ha comprado cosas muy baratas y las ha vendido muy caras. Considero injusto que se critique así. Yo no me hice una buena pasada porque los grandes resultados de esta empresa se han producido en los últimos 8 a 10 años. Nosotros no jugamos a la bolsa para hacer esto”.

Lea a continuación, el detallado y minucioso informe del diario electrónico El Mostrador en el siguiente enlace:

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/07/07/accionistas-privados-de-la-nacion-se-ponen-pintura-de-guerra/

Compartir en Facebook 1 Raimundo Valenzuela, según publica La Segunda, uno de los tres socios privados de La Nación, ha concurrido para hacer ver sus prevenciones sobre el tema. Tal vez esté disponible ahora para responder cómo llegó a convertirse en dueño de la empresa periodística La Nación S.A.

Muchos sugieren que la pregunta es: ¿Debe existir un diario estatal? A mí me parece que la pregunta es retórica, porque La Nación, aunque se ha comportado casi siempre -no siempre- como un diario al servicio del gobierno de turno, en términos estrictos, ya no es estatal. Colliguay aunque controla el menor número de acciones (casi un 30 por ciento), posee todas las acciones Preferentes. El estado sólo tiene acciones ordinarias. Es decir, no puede hacer nada con su parte, ni siquiera venderla, sin buscar su consentimiento.

Las experiencias que han existido para tratar a ese medio como un medio estatal -es decir, al servicio de los ciudadanos y no del gobierno de turno-, se han estrellado contra la oposición de los administradores del momento. (No voy a repetir aquí la historia de La Nación Domingo, pero recuerdo claramente una discusión que tuve con una autoridad de ese diario. Yo le planteaba la obligación que teníamos de hacer periodismo público en un medio que, suponía yo, como casi todo el mundo, era estatal. “Este diario no es del Estado”, fue su respuesta).

Sin embargo, creo que quienes defienden la necesidad de mantener a La Nación como mera “fuente laboral” le hacen un flaco favor a la profesión periodística y se ponen en la línea de ataque de los economistas de gobierno.

Comparto la angustia de quienes temen enfrentar las penurias que provoca la cesantía, pero ¿por qué el Estado debe mantener a esos periodistas y no a otros tantos miles que ya están cesantes? Además, la historia reciente demuestra que el argumento de la fuente laboral tiene poco efecto político. Un gobierno de La Concertación cerró Lota porque generaba pérdidas al Estado y no le importó mucho el efecto en fuentes laborales. ¿Por qué tendría que tener una mayor consideración el gobierno de Piñera con un puñado de periodistas que la que tuvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle con miles de mineros y sus familias?

A mí me parece que lo que hay que defender es el periodismo al servicio del bien común, porque en Chile es el periodismo el que está en peligro por la falta de pluralismo y diversidad en los medios de comunicación. Creo que el Estado tiene la obligación en permitir y promover su existencia y proliferación, quien quiera que esté de turno en el Gobierno. Tal vez se podrían usar las ganancias del Diario Oficial para crear fondos concursables a los que puedan postular nuevos medios de comunicación… ah, pero se me olvidaba. La Nación no es un diario del Estado. Habría que preguntarle a los socios privados.

Alejandra Matus es Periodista e investigadora, autora del Libro Negro de la Justicia Chilena. Ex directora de la revista ‘Plan B’.

http://alejandramatus.bligoo.com

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Compartir en Facebook 1 La Nación existe sólo porque es viable económicamente a través de otros negocios, era el premio de consuelo de la Concertación luego de perder los medios que nacieron en busca de alimentar esa “sensibilidad” y todavía guarda recuerdos de momentos en que hubo intentos de independencia (La Nación Domingo). Pero más allá de eso, nunca logró sostener por un tiempo razonable niveles de credibilidad suficientes que abrieran la puerta a un proyecto real. Tanto que durante algunos periodos de la Concertación, senadores de derecha influían tanto en los destinos de La Nación como la misma gente de Gobierno. Eso sólo pasa cuando el diario no importa, ni siquiera como instrumento.

Al interior del gobierno de Piñera persisten las dudas sobre cerrar La Nación o no. Y pensaron en crear un proyecto, como lo dijo Mirco Makari, que se alejara de la política contingente. Que buscara a ese público algo abandonado por los diarios nacionales que hoy dominan el mercado. Un proyecto así probablemente puede levantar cabeza, pero no es suficiente. Los diarios son influencia, son elite, necesitan marcar agenda…es la materia prima que los mantiene vivos. Pueden tener farándula, policial y deporte, pero es la política y la economía lo que les da vida y razón de ser.

La viabilidad del diario es compleja, casi imposible. No existe en el mundo (al menos, hasta donde alcanzo a ver) un gobierno con un diario en su poder. Probablemente un gobierno corporativo -a lo TVN- junto con una administración audaz y un proyecto moderno, permitirían limpiar algo la imagen de un diario que hace pocos días volvió a convertirse en tema público: por sus penurias y no por sus logros.

Parece un hecho que el Gobierno de Sebastián Peñera no quiere cerrar La Nación. Si suponemos que no es por llevarle la contra al senador Allamand, el desafío no está en sacar al diario del circuito y convertirla en un medio correcto, pero sin lectores ni influencia. Está en alejarlo lo más posible de La Moneda. El “cómo”…ese es el desafío.

El Presidente Sebastián Piñera aseguró este lunes que “muy pronto” va a informar respecto de cual será el destino del diario La Nación, luego de ser consultado al respecto por el presidente del Colegio de Periodistas, Abraham Santibáñez.

En su discurso en el acto de celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el jefe de Estado respondió a los cuestionamiento por la demora en la definición de este tema y recordó que las criticas realizadas a La Nación eran por la forma en que los gobiernos de turno ocupaban el medio como una trinchera para acatar a las demás fuerzas políticas.

Por ello reiteró su compromiso de que no va a existir un diario políticamente crítico y que para ello se está analizando dos aspectos de lo que puede hacerse con La Nación. Uno de ellos es lograr que la publicación esté al servicio del Estado y no del gobierno de turno, o la posibilidad de “reconocer que no hay razón para que un Estado tenga un diario oficial”.

Por ello no descartó evaluar las propuestas que han surgido tanto desde la UDI como de RN para resolver cuál será el destino del matutino.

“Esa decisión la estamos evaluando y es perfectamente consecuente con lo que sostuvimos durante la campaña que era o terminar con el diario La Nación o reestructurarlo en forma definitiva para que le dé garantía a todos los chilenos y no se transforme en abrigo de algunos y enemigos de otros financiado con los recursos de todos los chilenos”, afirmó el mandatario.

El próximo miércoles será la primera reunión del directorio de La Nación tras el fuerte impasse del viernes pasado, en el que debieron retirar la designación de Mirko Macari como director periodístico ante las fuertes críticas de la UDI. Desde ese día, el principal desafío de los involucrados en el tema es encontrar un nuevo nombre para encabezar el diario.

Sin embargo, en medio del debate que se abrió en la Alianza sobre la conveniencia de que el Estado mantenga la propiedad de este medio de comunicación, La Moneda decidió trabajar de manera paralela un plan para reformular el modelo de administración del periódico, teniendo como inspiración el caso de TVN.

“Hemos analizado fórmulas de administración que podrían asemejarse al estatuto de Televisión Nacional. Esto, para profundizar la vocación pluralista del diario”, afirmó a este medio el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. “Mi opinión personal es que el diario no debiera cerrarse ni venderse”, agregó.

Según una ley especial de 1992 que regula el funcionamiento de TVN, el canal es una “empresa autónoma del Estado, dotada de patrimonio propio”. Su directorio, de acuerdo a la misma norma, está integrado por siete miembros: un director designado directamente por el Presidente de la República y el resto propuesto por el Mandatario, pero ratificado por el Senado. Además, participa un representante de los trabajadores, aunque sólo con derecho a voz.

Tradicionalmente, las propuestas de La Moneda para llenar el directorio del canal contemplan nombres tanto de la Alianza como de la Concertación de manera equitativa, lo que asegura su aprobación en el Senado.

Así, por ejemplo, hoy integran dicha instancia el ex diputado UDI Cristián Leay, el profesor de filosofía de la Universidad de Chile y Católica Juan de Dios Vial, el abogado de DD.HH. José Zalaquett, el ingeniero y hermano del ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, Francisco, y la ex directora de la Corporación Villa Grimaldi Marcia Scantlebury. Además del presidente del directorio, el economista Leonidas Montes.

Por el contrario, el directorio de La Nación está integrado por siete miembros. Cuatro de ellos nombrados por el Presidente y los otros tres por la empresa Colliguay, que posee el 30% de las acciones de la empresa. Los actuales representantes del Estado son -además del presidente Daniel Platovsky (RN)- Cristina Bitar, ex generalísima de Joaquín Lavín; Gonzalo Müller (UDI), asesor de la vocera de gobierno Ena von Baer, y el asesor de Sebastián Piñera Hernán Larraín Matte.

La iniciativa, dicen fuentes de gobierno, cobró fuerza tras el impasse con la UDI la semana pasada. De hecho, fue uno de los puntos conversados de manera informal entre Piñera y Platovsky durante el fin de semana pasado en Cerro Castillo, donde se analizó la fallida designación de Macari.

En el Gobierno comentan, además, que la tarea inmediata del actual directorio es impulsar un nuevo perfil del periódico, “más ciudadano”.

“Durante el último tiempo, y especialmente en períodos de campaña, el diario fue utilizado, tomando un rol de trinchera partisano. Hoy, los propios lectores son los jueces: el periódico no persigue a la oposición. Hay un evidente cambio, el diario busca informar”, indicó Hinzpeter.

Precisamente, en paralelo a la definición del nuevo director -tarea para la cual ya hay un par de nombres y podría estar zanjada en un par de semanas-, Platovsky también ha comenzado a trabajar en un nuevo diseño periodístico para el diario. Con ese fin reclutará asesores externos, que -previa aprobación del directorio- ayudarán a diseñar una propuesta en la línea de dar al periódico un énfasis nuevo, “con las informaciones políticas en las páginas interiores”, como comentan en Palacio.

Este escenario se concretó ayer. Y aunque al interior de la Alianza hubo distintas posturas, las mesas de ambas colectividades marcaron distancia con el Gobierno: tanto Juan Antonio Coloma como Carlos Larraín, presidentes de la UDI y RN, respectivamente, se mostraron contrarios a mantener La Nación bajo control estatal.

“Más allá de la coyuntura y de las legítimas visiones que se puedan expresar sobre el tema, siempre he sido contrario a que el Estado tienda a mantener la propiedad de medios de comunicación”, dijo Coloma.

A su turno, Larraín indicó que “no soy partidario de que el Estado sea dueño de un medio”. Así, planteó que “mejor que cerrar La Nación es dejarla morir de muerte natural. ¿Cómo? Separándola del Diario Oficial, cuyos excedentes son transferidos a La Nación, que pierde plata todos los días”.

Ambas opiniones contrastaron con la expresada ayer por la vocera de Gobierno, Ena von Baer, quien más temprano había insistido en que La Moneda respalda la labor del directorio del periódico de buscar un nuevo jefe periodístico y que, por lo mismo, la decisión del Gobierno es que el diario “no se vende”.

La vocera marcó la opinión oficial tras la reunión entre los ministros del comité político con los representantes de los partidos, donde -pese a la sintonía entre Coloma y Carlos Larraín, quienes no asistieron- hubo diferencias entre las colectividades de la Alianza.

Durante la cita, fue el senador Hernán Larraín quien insistió en su planteamiento de “vender” dicho medio de comunicación. “La Nación se convirtió desde hace mucho tiempo en un pasquín, es una página negra del periodismo chileno porque depende políticamente de un gobierno”, dijo el parlamentario tras la cita.

Sin embargo, el senador UDI se encontró con la fuerte oposición del senador RN Alberto Espina, quien reclamó durante la misma reunión que la UDI levantara este tema en contraposición a la postura del Gobierno y lo hiciera además de manera pública, aludiendo así a declaraciones de Larraín y Coloma previas a la cita.

En los últimos días, Espina ha comentado en privado su molestia con la UDI, ya que la semana pasada también planteó públicamente la necesidad de que Piñera venda Chilevisión.

Observatorio / En la edición de hoy de El Mostrador la periodista Alejandra Matus publica el tercer capítulo de un largo reportaje investigativo que revela facetas desconocidas respecto a la propiedad de La Nación, en el cual se pone en duda su carácter estatal y se sugiere que, dada su estructura accionaria, no sería posible privatizarlo como ha anunciado el candidato Piñera que sucederá en un eventual Gobierno suyo.

El Mostrador / Alejandra Matus

Las redes políticas y personales tras la entidad controladora del diario

La Nación Gate III: todo el poder de Colliguay S.A.

Mientras avanzaba la transición, la sociedad privada dueña de las acciones preferentes fue consolidando su posición dominante en La Nación S.A. Se modificaron los estatutos, aumentaron sus atribuciones y redujeron al mínimo las del Estado. Con la oposición de la Contraloría, en 2004 separaron el millonario negocio de la imprenta, creando Puerto Madero S.A, donde se reprodujo el mismo modelo de propiedad. Hoy, el origen de Colliguay, que según un peritaje especializado pagó en 1991 un precio 27 veces menor al real por las acciones que le dieron el control, es objeto de una disputa judicial que se ventila en la Corte de Apelaciones.

Por Alejandra Matus

El paquete de acciones preferentes de la Empresa Periodística La Nación que estaban en poder de Radio Nacional aumentaron drásticamente su valor comercial tras el perdonazo tributario que benefició a la primera en febrero de 1991. Sin embargo, las autoridades designadas en la emisora estatal, aparentemente, desconocían ese hecho cuando se las vendieron, en septiembre del mismo año y a precio de huevo, a Enrique Alcalde Undurraga.

El perdonazo tributario, que convirtió a La Nación en una empresa próspera, se aprobó y se publicó mientras Myriam Fliman era todavía la gerente general del diario. Luego, ella se trasladó a Radio Nacional donde le correspondió rubricar la venta de las acciones a Alcalde.

Aunque resulte inverosímil, Fliman afirmó, en un proceso judicial, que desconocía el verdadero valor de ese paquete accionario, liquidado en apenas 16 millones de pesos.

El empresario Santiago Agliati compró Radio Nacional al fisco y descubrió, al poco asumir su administración, que la emisora había prácticamente regalado el paquete accionario de La Nación. En 2002, Agliati presentó una demanda de nulidad de derecho público, en contra de Colliguay S.A., alegando que hubo tales vicios que ese traspaso debía anularse.

La justicia civil rechazó la demanda, declarándola prescrita, pero Agliati apeló y la decisión de la Corte de Apelaciones está aún pendiente.

En ese proceso, Myriam Fliman declaró que en el tiempo en que ocurrió el traspaso de acciones, ella estuvo recuperándose de un accidente que la mantuvo ajena al proceso.

Sin embargo, según consta en las actas del directorio de Radio Nacional, Norma Acevedo, la mano derecha de Fliman, le pidió un informe al abogado de la radio, César Mattar, antes de realizar la venta, para que este evaluara la importancia y valor de esas acciones.

El informe del asesor está firmado el 5 de septiembre de 1991, cinco días antes de que Tironi informara al directorio sobre la primera propuesta de Alcalde.

Mattar aclaró que el valor de las acciones era muy superior a cero:

“Radio Nacional de Chile es propietaria de 11.440 acciones preferidas de la Empresa Periodística La Nación S.A., de un total de 98.400 acciones emitidas, lo cual representa cerca del 12 por ciento del total del capital social (…) La situación económica de la empresa, solucionados los problemas de impuestos que la afectaban, se ve sana, y si bien este año su resultado será negativo, el próximo año tendrá que tener resultados mejores. El valor de esta empresa es muy superior a su valor libro”.

Y, como para despejar dudas, agregó:

“La condición de Radio Nacional como accionista preferente le permite nombrar un director de la empresa y esta sola circunstancia valoriza en gran medida su paquete accionario, por sobre el valor normal de las acciones ordinarias”, agregó.

Sin embargo, por razones no aclaradas judicialmente, el presidente del directorio de Radio Nacional, Eugenio Tironi, y Norma Acevedo, aparentemente desconocían el informe de Mattar.

El informe tampoco llegó a conocimiento de los representantes de las Fuerzas Armadas en el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo de Radio Nacional volvió a reunirse en forma extraordinaria para tratar exclusivamente este tema, el 23 de septiembre de 1991. Allí, Tironi y Acevedo informaron que Alcalde había subido su propuesta a 16 millones. Para decidir, los consejeros estudiaron el balance de La Nación de 1990 en que, como se ha dicho, la empresa aparecía con números rojos. El balance no mencionaba el perdonazo tributario que había revertido su situación financiera y disparado su precio de mercado.

Según las actas de la sesión, el informe del abogado Mattar no estuvo sobre la mesa.

“No recuerdo haber tenido a la vista el informe solicitado a la señora Acevedo, pero se nos informó que este paquete de acciones no tenía valor comercial, no podía ser transado en la bolsa y que tenía un valor nominal de un peso. Además, que no afectaba al fisco, porque éste era dueño del 70 por ciento de las acciones y porque este era un paquete extraordinariamente chico”, declaró a la justicia el oficial de Marina (R) Gustavo Marín.

Marín también recuerda que les llamó la atención que Alcalde subiera su propuesta inicial de 12 a 16 millones, pues no estaba compitiendo con nadie, pero, afirma, Tironi los tranquilizó diciéndoles que él había logrado ese mejor precio, aprovechando “el interés que tenía el comprador, quien ya poseía acciones del Diario La Nación y pretendía tener una mayor participación en esa empresa, y ratificó que la venta no afectaría los intereses del fisco”.

Sin embargo, en ese momento, sí los afectaba, pues el Estado, con ese paquete podía nombrar a uno de los dos accionistas preferentes. Ese voto, sumado a los tres que le correspondían por las acciones ordinarias, le permitía al Estado (y más concretamente, al gobierno de turno) retener el control económico y administrativo de la empresa.

En su testimonio judicial, Norma Acevedo no recordó muchos detalles de este traspaso, pero sí la situación de emergencia que vivía la radio, en que todos los días tenía que echar mano a algún activo de la emisora para pagar sueldos y deudas. Eso explicaría la desprolijidad de la venta: no se llamó a licitación, ni se informó a Contraloría, que debía fiscalizar las operaciones de la radio, por tratarse de una empresa estatal.

El acuerdo del Consejo fue vender al contado. El día de la firma de la escritura, sin embargo, Alcalde pagó con un cheque de Colliguay que, encima, ¡salió protestado! No obstante, Radio Nacional esperó pacientemente un mes para que el comprador reuniera el dinero prometido y con eso pagó dos meses de sueldos a los empleados de la emisora.

Tironi insistió en la entrevista para este reportaje: “Mirados a la distancia estos hechos, se pudiera pensar que se le pudo sacar un mejor precio a las acciones y a muchas otras cosas que vendimos en la radio, como los terrenos en Quilicura y que hoy costarán quizás cuánto. Pero es lo que pasa cuando alguien está en la quiebra y apurado de plata. No tiene tiempo para esperar vender en el momento en que pueda obtener mayor ventaja”.

En esas circunstancias, el que se beneficia es el comprador. Según un peritaje ordenado por el Primer Juzgado Civil de Santiago, el precio pagado por Colliguay por las acciones de Radio Nacional fue 11 veces inferior al valor que esas acciones tenían en el mercado en aquel momento. O quizás 27 veces más bajo, si se hace caso del informe de una consultora privada, que consta en el mismo tribunal.

El fisco, que fue el perjudicado con esta operación, no la impugnó.

Hombres de confianza

Paralelamente, y poco antes de que Colliguay adquiriera las acciones de Radio Nacional, hubo un segundo movimiento que terminó por consolidar la posición de la recién creada sociedad en el diario La Nación.

Juan Jorge Lazo también le vendió sus 17.608 acciones preferentes a la sociedad creada por Enrique Alcalde, quien, hasta ese momento, había sido su representante en el directorio de La Nación. Estas acciones, según dijimos en el primer capítulo de este reportaje, las adquirió Lazo a la sucesión Herud y al actual director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, cuando el régimen militar usaba a sus funcionarios como palos blancos para ejercer el control en la empresa periodística.

Según lo que consta en la escritura pública, Colliguay pagó apenas un poco más de tres millones por las acciones de Lazo. Es decir, 171 pesos por acción.

De acuerdo a lo afirmado por una fuente ligada a la sociedad, a condición de anonimato, en realidad, bajo cuerdas, se pagó una suma superior que no se registró públicamente para ahorrarle el pago de impuestos a Lazo. En cualquier caso, cualquiera haya sido el precio real, el comprador lo pagó a sabiendas de que los beneficios compensarían la inversión.

Alcalde sabía, pues era parte del directorio de La Nación, que comprar las acciones de Jorge Lazo sólo tenía sentido si Colliguay podía adquirir, además, las de Radio Nacional. Sólo con ambos paquetes podría competir con el fisco en el control de la empresa.

Así, cuando Colliguay compró a Lazo lo hizo apostando a que también podría comprar el paquete de Radio Nacional.

Juan Cavada, uno de los socios originales de Colliguay, prefirió no hablar del tema de Radio Nacional, mientras esté pendiente el juicio sobre nulidad de la venta de esas acciones. No obstante, dijo estar convencido de que él no participó en la compra de bienes fiscales: “Yo entiendo que lo que compramos fueron acciones a un particular”, dijo en una entrevista para este reportaje.

Las escrituras demuestran que las acciones de Lazo las compraron, en persona, Alcalde, Cavada y Ricardo Halabí, los primeros socios de Colliguay, pues la sociedad era tan nueva que aún no había elegido a su representante. Para el traspaso de las acciones de Radio Nacional, en cambio, la escritura la firmó Alcalde en calidad de representante legal de Colliguay.

En ese momento, el Gobierno ya había decidido sanear las deudas de la radio, a través de un proyecto de ley, y luego llamar a licitación para su venta. Es obvio que, por cálculo político, convenía traspasar las acciones de Radio Nacional en La Nación, a gente de confianza, antes que dejarlas en manos de un comprador desconocido. En Colliguay estaban bien representadas las dos principales corrientes concertacionistas: la DC y el Partido Socialista.

La bendición de palacio

Fuentes de la administración de La Nación de aquel entonces, afirman, a condición de anonimato, que detrás de la formación de Colliguay estuvieron las manos del ministro del Interior de Aylwin, Enrique Krauss, quien era el hombre de los medios en la DC, y las del secretario general del Gobierno, el PS Enrique Correa.

Juan Cavada negó esa ingerencia. “A Correa dejé de verlo antes de que asumiera su cargo en el gobierno”, afirmó. No obstante, admitió que su motivación personal para participar en esa sociedad fue política: impedir que La Nación se privatizara y quedara en manos de la derecha.

Otra visión sobre este tema la brinda uno de los socios actuales de Colliguay, quien pidió hablar a condición de anonimato: “Aquí no hay platas políticas. Estas compras de acciones se hicieron con dineros nuestros, pero obviamente que recibimos la bendición del Gobierno para meternos en esto. El ministro Enrique Correa no participó en la operación, pero nos instó a hacerla”.

Pero, ¿era confiable una sociedad representada por el abogado Alcalde, un partidario de la UDI, cercano al Opus Dei, que ha colaborado en las campañas políticas de Joaquín Lavín y Hermógenes Pérez de Arce?

En los tiempos en que reinaba el espíritu de la transversalidad, por qué no. “Enrique Alcalde es un hombre liberal que tiene muy clara su opinión en contra de las violaciones a los derechos humanos”, lo defendió uno de los actuales socios de Colliguay. “Por sobre todo, es un hombre de negocios”, lo definió Juan Cavada.

Así, el viernes 20 de Septiembre de 1991, la Empresa Periodística La Nación S.A., emitió el Título Nº 51, certificando que las 17.608 acciones preferentes, que hasta esa fecha pertenecían a Juan Jorge Lazo, pasaban a ser de dominio y propiedad de Colliguay S.A.

Pocas semanas después, el 23 de octubre de 1991, se emitió el Título No. 52, reconociendo la propiedad de Colliguay sobre las 11.440 acciones que habían sido de Radio Nacional.

Los certificados los firmó, en nombre de La Nación, Raimundo Valenzuela de la Fuente, el hombre que fue designado presidente del directorio en representación de las acciones del fisco tras la recuperación de la democracia. Los recibió Enrique Alcalde, en nombre de Colliguay S.A.

No mucho después, Valenzuela y Alcalde se convirtieron en socios.

Aterrizaje silencioso

Entre septiembre y octubre de 1991, con sólo 19 millones de pesos, Sociedad de Inversiones Colliguay se hizo de los dos paquetes más importantes de acciones preferentes, con lo que se convirtió en la titular de un tercio de la Empresa Periodística La Nación S.A., que, en ese entonces, además, poseía el Diario Oficial y una moderna imprenta, instalada en su propio edificio.

Con esos títulos, Colliguay adquirió el derecho a nombrar dos integrantes de los cinco que componían el directorio hacia fines de 1991. Y, sin embargo, se abstuvo de hacerlo.

Enrique Alcalde abandonó el asiento que ocupaba en nombre de Juan Jorge Lazo, y Juan Irarrázaval perdió el puesto que le había concedido Radio Nacional. Pero en vez de poner a hombres suyos en reemplazo, Colliguay permitió que el gobierno designara a los nuevos integrantes. (Alcalde, por cierto, podría haber continuado en el directorio, ahora como socio de Colliguay, pero tampoco lo hizo).

Fue así como en 1992 subieron al directorio el DC Carlos Figueroa y el periodista Fernando Villagrán. Gracias a la gentileza de Colliguay, el gobierno tuvo mayoría absoluta en el directorio de La Nación hasta que concluyó el mandato de Patricio Aylwin.

El periodista y ex director de La Nación, Abraham Santibáñez, fue protagonista de algunos hechos que explicarían este arranque de modestia de Collliguay. Santibáñez recordó, en entrevista para este reportaje, que cuando asumió su cargo en 1990, Raimundo Valenzuela le permitió asistir a las reuniones de directorio como un gesto de cortesía. Así, el director periodístico se mantenía al tanto de las discusiones sobre el manejo de la empresa, aunque legalmente no tenía derecho a voto.

Sin embargo, pronto comenzó a tener discrepancias con Valenzuela, principalmente por asuntos editoriales. “Un día, a mi regreso de vacaciones, sin mediar ninguna explicación, se me informó que ya no podría asistir a las reuniones del directorio”, recordó Santibáñez.

Paralelamente, percibió movimientos raros. Oyó rumores. No de aquellos que escucha cualquier persona en la calle, sino del tipo que escuchan los directores de medios: información que no se publica, pero que, la mayoría de las veces, se demuestra cierta. Santibañez escuchó que habría un vuelco en la propiedad del diario, un traspaso poco transparente de las acciones del fisco. Se decía que el ministro Correa operaba en las sombras, aunque de eso no había constancia, ni evidencia. (Él, por lo demás, siempre lo ha negado).

“Yo expresé mi preocupación por el destino del diario a alguien del Gobierno. No puedo decir a quién, pero era una persona de mucha importancia y con capacidad de decisión. Después de ese encuentro, apareció en el directorio Carlos Figueroa, que se sabe que simpático no es”, relató Santibáñez. “Yo interpreté que su nombramiento era la respuesta del Gobierno a mis planteamientos y pensé que con eso se había frenado la cosa”.

Santibáñez dejó el cargo al terminar el mandato de Patricio Aylwin, en 1994, convencido de que el gobierno retenía el control accionario de la empresa periodística. Muchos años después, se sorprendió al enterarse de que Raimundo Valenzuela había pasado a ser integrante de Colliguay y representante en el directorio, no ya a nombre del fisco, sino de los accionistas privados.

“¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué? No sé. ¿O es que todo lo que intuí en un momento efectivamente ocurrió?”, se pregunta Santibáñez ahora. “Yo encuentro poco presentable que una persona que tuvo una ingerencia tan fuerte en una empresa del Estado, después tome parte en la propiedad en ella como accionista privado. No lo logro entender”.

Lo que Santibáñez ignoraba es que la designación de Figueroa y Villagrán permitió salvar las apariencias, pero no detuvo el avance de Colliguay.

Traje a la medida

En cuanto se instaló Colliguay como el principal socio del fisco en la propiedad de la Empresa Periodística La Nación, comenzaron una serie de reformas a los estatutos, movimientos imperceptibles, pero fundamentales para otorgar más facultades a las ya poderosas acciones preferentes.

En una Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de Abril de 1992, se determinó que las preferencias de las acciones “Serie A” mantendrían su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2042, fecha en la que probablemente los actuales accionistas de Colliguay habrán fallecido.

Además, los accionistas preferentes obtuvieron poder de veto sobre el nombramiento del presidente del directorio y, quizás más importante, sobre la conducción editorial del diario La Nación y del Diario Oficial, y cualquier otro medio que la empresa pudiera fundar.

“También se requerirá el voto favorable de a lo menos uno de los directores elegidos por las acciones preferidas para la designación y remoción del Presidente del Directorio, del Director o Directores de él o los medios de comunicación de la sociedad y de él o los gerentes de la misma”, reza la reforma aprobada.

Anteriormente, la designación de estos cargos se resolvía por simple mayoría, lo que significaba que el Estado, con los tres representantes que tenía en el directorio, podía decidir sin consultar el parecer a sus socios privados.

El 2 de abril de 1993, emergió una reforma dictada a última hora, que despojó al fisco de una facultad indispensable para quien posee casi el 70 por ciento de la propiedad en la empresa: la de disponer y transferir libremente sus acciones. En el Artículo Noveno de los mencionados estatutos, se estableció que cualquier accionista con más de tres mil acciones que quisiera venderlas, deberá primero comunicar su intención al directorio y dar derecho preferente a los demás socios para comprárselas. Si no llegasen a acuerdo en el precio, un árbitro determinará el valor.

Esta reforma se aplica sólo al fisco y a Colliguay, porque, aunque una pequeña porción de acciones está en manos de particulares, ninguno supera la barrera de las tres mil acciones.

En realidad, el único perjudicado por esa modificación fue el Estado de Chile, pues Colliguay tiene abierta una puerta que para el fisco está cerrada: puede modificar internamente su composición. O sea, cada socio de Colliguay puede vender su participación a un tercero, sin necesidad de comunicárselo al fisco.

A la Junta de Accionistas en que se resolvió este delicado aspecto no fue invitado el presidente del Sindicato Mixto de La Nación, Pedro Guzmán. Su voto pudo evitar que se produjera este pacto.

Otras reformas posteriores dejaron aún más desmedrada la posición del fisco: se aumentó el número de integrantes del directorio de 5 a 7 (cuatro por las acciones ordinarias y tres, por las preferentes), estableciéndose que el quórum mínimo para sesionar sería de cinco miembros. Es decir, para resolver cualquier asunto debe estar presente, al menos, un integrante de Colliguay. Antes, cuando el directorio era de cinco integrantes, el quórum para sesionar era de tres y, por lo tanto, el fisco podía tomar decisiones en ausencia de los privados.

También se dispuso que para asuntos de implicancia en la vida económica de la empresa sería necesario contar con los votos de al menos dos de los directores preferentes. Además, se estableció el mismo quórum especial para decidir sobre la designación y remoción del presidente del directorio, de los directores de los medios de comunicación de la empresa y de los gerentes.

Antes, para decisiones de este tipo, el fisco necesitaba sólo uno de los votos de los accionistas preferentes y, mientra mantuvo la propiedad de las acciones de Radio Nacional, tenía garantizado el quórum a su favor.

De esta manera el Estado, pese a mantener el 69,3 % de las acciones, perdió el control de su empresa. O dicho de otra manera: pasó a ser cuantitativamente mayoritario pero cualitativamente minoritario.

Por último, el 25 de febrero de 1994, poco antes de que asumiera el Presidente electo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se puso la guinda a la torta: una Junta Extraordinaria de Accionistas determinó que, en adelante, el monto mínino de distribución de utilidades cada año aumentaría del 30 al 40 por ciento.

Amigos y fortuna

En mayo de 1994, con Frei ya en La Moneda, se dio forma al nuevo directorio de siete integrantes de la Empresa Periodística La Nación. Por las acciones del fisco, asumieron, respetando los equilibrios de la alianza gobernante: Marco Colodro, Román Alegría y el director del diario oficial, Florencio Ceballos. Por los privados, asumieron los tres socios de Colliguay, en pleno: Enrique Alcalde, Ricardo Halabí y Juan Cavada.

Raimundo Valenzuela cedió su puesto de presidente del directorio a quien había sido su gerente general, Sergio Granados, pero no tenía intenciones de alejarse de la vida del diario.

En aquél tiempo comenzaron a circular rumores que atribuían la presencia de Colliguay en el directorio de La Nación a una operación del Partido Socialista.

En los ambientes políticos se comentaba con suspicacia el destino que los dirigentes de esa colectividad podían darle a las ganancias que entonces generaba, principalmente, el Diario Oficial. Muchos se preguntaban cómo, funcionarios de gobierno, se habían convertido en accionistas privados del diario estatal.

A tanto llegaron los comentarios que el gobierno le encargó una investigación al ministro secretario general de Gobierno, Víctor Manuel Rebolledo. Según cercanos al ex ministro, Rebolledo le habría representado a los socios de Colliguay el malestar de La Moneda por la forma en que habrían tomado el control del diario. Sin embargo, se impuso la idea de que los inversionistas actuaron de manera “legal” y no hubo intentos por parte del fisco de reclamar irregularidades en el proceso. Rebolledo, en tanto, no duró mucho en el cargo.

Sin embargo, el comidillo afectó el ánimo de Juan Cavada, quien decidió salirse de Colliguay, a mediados de los 90.

“Mi trabajo en Mideplán es evaluar proyectos de inversión social y uno de los aspectos más importantes de mi pega es la ética”, afirmó en 2006, en una entrevista para este reportaje (Cavada ahora trabaja en el Ministerio de Educación). “Aunque podía demostrar que, en mi caso, las platas que aporté eran personales y no políticas, no podía tolerar que esos rumores de café pusieran en duda mi integridad como persona”.

Además, a Cavada le parecía que los peligros de privatización del diario, por los cuales había entrado a Colliguay, ya habían desaparecido y mantenerse allí para gozar de las utilidades de su inversión no era algo que le atrajera. “Soy economista de profesión, pero lo mío no son los negocios. Yo estaba ahí por otras razones”, dijo.

Cavada vendió su parte en Colliguay a una sociedad creada por Raimundo Valenzuela. Según afirma el funcionario de Mideplán, el precio que cobró por su participación le permitió recuperar los dineros invertidos y, tal vez, un poco más, “pero nada para hacerse rico”.

Personeros de la Concertación afirman que Cavada decidió salirse de la sociedad por discrepancias profundas con Valenzuela, pero él niega esas versiones. “Aunque hace mucho que no nos vemos, seguimos siendo amigos”, afirmó.

Desde ese momento, entonces, Valenzuela pasó a ser accionista privado del diario.

Otro cambio se produjo en el asiento ocupado por Ricardo Halabí, quien del Ministerio de Agricultura había pasado a dirigir el Fondo de Inversión Social, Fosis. Según cercanos al ex funcionario, Halabí también sentía que su cargo público era incompatible con su condición de socio en Colliguay. Del Fosis pasó a la Junaeb y por último a Indap, precisamente porque se le juzgaba un hombre probo, que podía enderezar entuertos dejados por antiguos directores de esos servicios. Además, según un cercano suyo, a mediados de 1990 tenía dificultades para pagar la deuda que había contraído para participar en Colliguay.

Justo en ese entonces, Luis Eduardo Thayer, amigo personal de Ricardo Halabí -muy cercano también a Raimundo Valenzuela, pues ambos trabajaron juntos en Odeplán en los años 60- se ganó el Loto y aceptó invertir parte del premio comprando a Halabí su participación en Colliguay.

Thayer no era ajeno a la historia del diario pues, de hecho, Valenzuela le había ofrecido primero a él el lugar que, en 1992, ocupó Halabí. Pero, en ese tiempo, Thayer pasaba por dificultades económicas. Este abogado laboralista se destacó en los años 80 por defender a dirigentes sindicales que poco y mal pagaban su trabajo (Thayer es considerado el “creador” de la figura de Rodolfo Seguel) y su especialidad tampoco fue favorecida con el advenimiento de la democracia. Sin embargo, con el premio del Loto la rueda de la fortuna giró a su favor y, en 1996, entró al directorio de la Empresa Periodística La Nación como representante de Colliguay.

Según cercanos a Thayer, el abogado entró a Colliguay a través de una sociedad. Aunque la fuente mantuvo en reserva el nombre de esa entidad, coetáneamente con su ingreso a Colliguay, Thayer se asoció con Francisco Feres, el actual gerente general del diario y otro de los buenos amigos de Valenzuela.

De acuerdo a registros públicos, el 4 de julio de 1996, Feres y Thayer crearon la Sociedad Inversiones y Rentas Atlántida S.A., cuyo giro es, entre otros, la inversión de capitales en acciones, promesas de acciones y bonos.

Esta sociedad nació el mismo año en que Francisco Feres asumió un asiento en el directorio de La Nación, representando el papel que le correspondía a Raimundo Valenzuela, como socio de Colliguay.

Con la llegada de Ricardo Lagos al gobierno, en el año 2000, Valenzuela se despojó de los pudores y se integró al directorio de La Nación, como representante del socio privado del fisco, Colliguay. Feres se incorporó a la empresa como gerente general. El experto electoral del PS, Mahmud Aleuy, siguió como presidente del directorio.

Más que amigos

Desde la llegada de Feres al directorio de La Nación, se convirtieron en rito los encuentros entre socios de Colliguay y miembros del directorio en el Club Sportman, ubicado en el centro, donde hasta hace poco no se permitía el ingreso a las mujeres. No era difícil encontrarse un día viernes allí a Francisco Feres compartiendo con Raimundo Valenzuela, Luis Eduardo Thayer, Enrique Alcalde y el notario Pedro Reveco.

Pero las relaciones entre ellos y con otros conspicuos personajes de la vida nacional son mucho más que sociales. Veamos:

Al comienzo de los 90, Raimundo Valenzuela era socio del ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, en la Consultora EFES Ltda.

Cruz era el gerente general de esta empresa cuando, a fines de 1994, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) le encargó que preparara las bases de licitación para la privatización de Radio Nacional de Chile. Para estos efectos, EFES nombró a Enrique Alcalde como consultor responsable, encargado de diseñar todos los aspectos legales de la operación.

El domicilio que EFES registró en esas bases de licitación coincidía con la oficina de Alcalde. El número de fax, era el mismo de ICATEL, una ONG creada a fines de los años 80 para recibir fondos de la Cooperación Italiana y que la justicia de ese país investigó por posible desvío de las donaciones hacia actividades políticas. Los fundadores de Icatel fueron, entre otros, Enrique Correa, Carlos Cruz, Carlos Ominami, Fernando Bustamante y Jaime Estévez.

El 28 de septiembre de 1995, poco antes de asumir un cargo en el Ministerio de Obras Públicas, Carlos Cruz transfirió sus acciones en EFES a Enrique Alcalde y entonces la empresa se dividió, en partes iguales, entre Alcalde y Raimundo Valenzuela.

Según versiones de prensa, Cruz conoce a Alcalde desde la década de los 80. De hecho, cuando el ex ministro estaba preso, La Tercera anotó que Alcalde lo visitaba y publicó un reportaje bajo el título: “El amigo UDI de Carlos Cruz”.

El 20 de junio de 2002, en la notaría de Pedro Reveco, Carlos Cruz reingresó a la sociedad, después de su accidentada salida del Ministerio de Obras Públicas. En esa ocasión, también se hizo parte de la sociedad el ex ministro Enrique Correa.

Cuando la prensa, que andaba tras el caso MOP-GATE, le preguntó a Correa por esta asociación a EFES, el ex ministro reveló que la consultora “trabajó con una fundación alemana en los años 80″.

Probablemente, Correa se refería a la Fundación Friedrich Ebert, de la que Raimundo Valenzuela fue representante en Chile y que canalizó recursos para el plebiscito de 1988. De hecho, Correa afirma que fue Valenzuela quien lo invitó a participar en EFES. Sobre el giro de la empresa, Correa respondió que era: “Básicamente, hacer consultorías a empresas que puedan interesarse en transacciones con la Unión Europea”.

Valenzuela, además de su cargo en La Nación, presidió el directorio del Puerto de Arica hasta su privatización en 2003 y, es miembro del directorio de la Empresa Portuaria Austral, aún dependiente de Corfo.

Puerto Madero

Desde 1991, la Empresa Periodística La Nación S.A. no ha dejado de generar utilidades. Hasta el año 2000, sólo en dietas a los directores se repartieron casi 5.900 UF. En cada período presidencial ha habido personas que reciben sueldos por tareas que no cumplen o que están sobrevaloradas. Los expertos electorales de los partidos de la Concertación han trabajado en el diario. Se han impreso volantes y dípticos de los partidos políticos a bajos precios y con amplias facilidades de pago.

Pero ningún gasto ha mermado las utilidades de la empresa. El producto Diario La Nación continúa arrojando pérdidas, pero bajo el ojo atento de los socios de Colliguay, sus costos se han ido recortando progresivamente.

El Diario Oficial sigue siendo la fuente principal de recursos, pero ha ido cediendo espacio a los negocios generados por la imprenta que, en 1998, se modernizó y se trasladó a un local propio en Pudahuel.

En la imprenta de La Nación se imprimen hoy, a precios convenientes, la mayoría de los medios independientes y alternativos -hecho que los socios de Colliguay resaltan en respuesta a cualquier asomo de crítica-, pero también se imprimen medios de gran tiraje.

Tal vez estimulados por este éxito, a fines del 2004 el directorio de la Empresa Periodística La Nación S.A. aprobó convertir a la imprenta en una empresa aparte, bajo el nombre de Puerto Madero S.A. Para su funcionamiento, se replicó la estructura de propiedad de La Nación: 70 por ciento para el fisco, 30 por ciento para los privados, y con los mismos privilegios que las acciones preferentes ejercen sobre el accionista estatal.

Puerto Madero tiene su propia estructura de mando: un directorio y una gerencia general separada de La Nación S.A. La decisión se redujo a escritura pública en la Notaría de Pedro Reveco, en vísperas de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2004.

Esta división fue cuestionada ante los tribunales por el Sindicato No. 2 de la empresa, que todavía dirige Carlos Ponce (el hombre que junto a Pedro Guzmán impidió la privatización del diario en las postrimerías del régimen militar).

“Nuestra sospecha es que la división es el primer paso para la privatización total de la imprenta y, por lo tanto, la antesala de los despidos masivos. Si no permitimos que esto pasara en dictadura, ¿Por qué lo vamos a tolerar ahora”, explicó Ponce.

Ponce recibe sueldo, pero no tiene asignada ninguna función en la empresa.

Según él, la organización que dirige ha sido objeto de maniobras, razón por la cual de los 200 socios con los que contaba en los 80, en la actualidad tiene sólo 14.

A pesar de su debilidad, el sindicato de Ponce obtuvo un pronunciamiento de la Controlaría General de la República que declaró nula la división de la empresa entre La Nación S.A. y Puerto Madero S.A., por ilegal e inconstitucional.

En un dictamen emitido el 12 de septiembre de 2005, el contralor Gustavo Sciolla ordenó retrotraer la situación de la empresa al momento previo a su división.

Sin embargo, la administración de La Nación consideró que el fallo del contralor era una simple “opinión” y consiguió un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que bendijo la legalidad de la creación de Puerto Madero S.A.

Fuera de época

El primer director del diario La Nación en democracia, Abraham Santibáñez, es uno de los que piensa que no se justifica que el Estado tenga un diario. Cree que en los primeros años de democracia, el periódico cumplió un papel necesario, pero ahora no le ve sentido. “En ningún país democrático el Estado tiene diarios. En algunos, mantiene estaciones de radio y de televisión, con objetivos sociales, pero los diarios estatales sólo se han dado en dictaduras africanas”, opinó en una entrevista para este reportaje.

Sin embargo, cree que ningún proceso de privatización debió hacerse a escondidas y otorgando participación en la propiedad a los mismos que gestionaron la empresa a nombre del Estado. “Esto recuerda las privatizaciones del tiempo de Pinochet, en que funcionarios de gobierno se quedaron con Endesa y Chilectra. Los gobiernos democráticos no debieron seguir ese mismo modelo”, dijo.

“Yo estoy de acuerdo con que La Nación debió privatizarse al término del gobierno de Patricio Aylwin, pero cualquier acción debió considerar algo que es una parte muy esencial de esa empresa: la opinión de los trabajadores”, continuó. “Ellos han desarrollado por más de 30 años una cultura de defensa del diario, y se resistieron a la privatización en dictadura. Ellos tienen una vinculación emotiva con la empresa sólo comparable a la que tienen los campesinos con la tierra. Aunque no tengan derechos patrimoniales, por tratarse de una empresa constituida con recursos del Estado, cualquier decisión sobre el destino del diario debió considerarlos”.

Sin embargo, la cruzada de Carlos Ponce por defender la integridad y el carácter estatal de la empresa no cuenta siquiera con el apoyo de los demás sindicatos. Pedro Guzmán, el hombre que lo acompañó en la oposición a los intentos privatizadores de Pinochet, fue despedido en 1998 por necesidades de la empresa.

El propietario de Radio Nacional, Santiago Agliati, dio una batalla en solitario por anular el traspaso a Colliguay del paquete accionario que la emisora tuvo en La Nación, y consiguió en 2008, después de mucho bregar, comprar una acción del periódico. Estaba feliz porque pensaba que de ese modo podría obtener la información sobre las operaciones de La Nación que siempre se le negó por los canales normales. Sin embargo, un violento cáncer consumió su vida en un par de meses y falleció.

Los socios de Colliguay siguen disfrutando de las ganancias que produce una empresa constituida originalmente con dineros fiscales. La Radio Nacional, que Agliati nunca logró sacar del fondo del pozo, sigue operando en una pequeña habitación en la calle Santa Helena. Por sus ondas, los pocos auditores que oyen radio en frecuencia A.M., escuchan el horóscopo de Yolanda Sultana y los tangos de Aníbal Troilo.