Entre las emisoras comunitarias afectadas por los allanamientos, realizados por la brigada del Ciber Crimen de la Policía de Investigaciones, hubo varias de la Quinta Región, entre ellas la radio “Placeres” que denunció una “campaña del silencio” y culpó al concejal de Viña del Mar y presidente regional de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, Eugenio González, de haber interpuesto la demanda que dio pie a los procedimientos policiales.

Por su parte la Asociación Mundial de Radios Comunitarias –Amarc-Alc- manifestó su preocupación por el cierre de emisoras y de manera conjunta planteó una serie de observaciones al proyecto de ley del Gobierno, el cual, aunque en términos amplios  aparece como oportuno y necesario, según esta organización, adolece de serias deficiencias, entre las que se puede mencionar el mínimo espacio dentro de la banda que le asigna a las emisoras de la comunidad, manteniendo más del 90 por ciento para las radios comerciales.

Asimismo, la Archi emitió un comunicado oficial donde aclara que las querellas contra “las radios ilegales” han sido presentadas por el presidente de Archi, Luis Pardo, y no por Eugenio González, como se habría informado equivocadamente en algunos medios.  A  juicio de Archi, las radios cerradas corresponden a la categoría de radiodifusión ilegal y representarían “un grave riesgo para la libertad de expresión al interferir el libre flujo de la información”.

Subtel distingue entre ilegales y comunitarias

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, por su parte, destacó en su sitio web el hecho de que las comisiones unidas de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y la especial de Libertad de Expresión, de la Cámara, hayan aprobado por amplia mayoría la iniciativa legal del Gobierno que “fortalece el desarrollo de las radios operadas por organizaciones sin fines de lucro”.

Según el subsecretario de la cartera Pablo Bello, se pretende garantizar “que las radios comunitarias sigan viviendo y creciendo en el tiempo, con un marco legal nuevo que reconoce su aporte al país y se la juega por defender el sello que las define: la identidad local, la cercanía con las personas, el pluralismo y la diversidad”

En relación a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, sobre denuncias de radios que transmiten sin permiso legal, la Subtel señaló que “una radio ilegal no tiene apellido, no es sinónimo de radio comunitaria y no se pueden mezclar sus situaciones”.

Bello explicó que no es la Subtel la que persigue a estas emisoras, sino el Ministerio público quien responde a las demandas y debe investigar si se han cometido delitos en este campo. También aclaró que desde la perspectiva del organismo que representa “las transmisiones ilegales no son inofensivas, generan problemas técnicos e interferencias a otras radios, pero también generan potenciales riesgos de seguridad pública, como le ocurrió a la Dirección General de Aeronáutica Civil que denunció que una radio ilegal interfería con los sistemas de comunicación de la Torre de Control del Aeropuerto de Santiago, lo que podría causar eventuales accidentes”.

Esta visión no es compartida por AMARC-ALC, organización que denunció una campaña contra las emisoras de mínimo alcance, señalando que se está violando la libertad de expresión al tratar de impedir que una diversidad de voces puedan expresarse a través de las frecuencias de radio, afectando a las organizaciones sociales y los derechos de sus comunidades.

Una posición similar defendió Radio Placeres. A través de su Asamblea planteó su disconformidad por el cierre de radios comunitarias y acusó a la Archi de haber iniciado “una ofensiva legal amparada en una legislación ilegítima” que atentaría contra los derechos de expresión, opinión e información.

Observatorio / Diversas organizaciones han denunciado en las últimas semanas la persecución a radios comunitarias por supuesta transmisión ilegal. Primero fueron varias radios de la Quinta Región, entre ellas la “Placeres”, una de más emblemáticas de la zona, y luego le tocó el turno a la radio “Sin Tierra”, de la comuna de La Reina en la región Metropolitana.

 Los allanamientos fueron ordenados por el Ministerio Público luego de una demanda interpuesta por el presidente regional de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi , organismo que representa los intereses de las radios comerciales. En el caso de la radio “Sin Tierra”, su director se negó a aceptar un juicio abreviado y decidió llegar hasta las últimas consecuencias para sentar un precedente de defensa, ante la Justicia, del “derecho a la comunicación y a la expresión de los sectores marginados por los medios tradicionales que monopolizan la comunicación en Chile”.

La brigada de ciber crimen de la Policía de Investigaciones ha estado a cargo de los allanamientos en el marco de los que las radios comunitarias han denominado “operación silencio”, que se produce justo cuando se está discutiendo un proyecto de ley para las radios comunitarias enviado por el Gobierno al Parlamento. Esta iniciativa del Ejecutivo ha sido considerada un avance por organizaciones de la sociedad civil y representantes de emisoras de la comunidad, pero insuficiente porque, aunque les otorga un reconocimiento jurídico y les amplia su potencia y cobertura, las sigue restringiendo a un espacio mínimo del espectro radioeléctrico que es por donde viajan las señales radiales.

La persecución, instigada por la industria radial comercial, se contradice con el ánimo dialogante del Gobierno que a través de la presidenta ha reconocido la importancia de las radios comunitarias en la expresión de los anhelos, necesidades y sueños de la ciudadanía, de las comunidades aisladas, de las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios y todos aquellos que no encuentran un lugar de acogida en los medios de comunicación masiva.

Organizaciones ligadas a las radioemisoras comunitarias han anunciado el inicio de una campaña para promover el derecho a la comunicación e incidencia legislativa, de manera que al legislar sobre el tema los parlamentarios tengan en consideración el peso de estos medios alternativos y consideren las observaciones de la sociedad civil respecto al proyecto de ley para las radios comunitarias.

Lea a continuación el comunicado difundido por la  Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales, Acción AG, sobre le tema:

ONGs defienden el derecho a la comunicación y a las radios ciudadanas

ACCION RECHAZA OPERATIVOS POLICIALES CONTRA RADIOS COMUNITARIAS

Constituyen una violación a los derechos humanos

Contravienen acuerdos internacionales firmados por Chile en esta materia

En carta pública dirigida a las autoridades de telecomunicaciones, la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN, manifestó un enérgico rechazo a los operativos efectuados por parte de la policía de Investigaciones, por mandato del Ministerio Público, a diversas radios comunitarias que operan en el país y que realizan un importante trabajo ciudadano.

Según las ONGs estas acciones no se condicen con los acuerdos internacionales firmados por Chile en el terreno de la libertad de expresión y de la democratización de las comunicaciones.

Esta persecución, alertan, ocurre en el contexto de la discusión del Proyecto de Ley de radios comunitarias en el Parlamento, cuyo articulado completo fue aprobado por parte de las comisiones unidas Libertad de Expresión y Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, y la próxima semana pasa a sala.

La ofensiva se ha realizado contra radios comunitarias de la región de Valparaíso y otras regiones, algunas de ellas con larga trayectoria y reconocimiento, como es el caso de Radio Placeres. El hostigamiento lo realiza la policía de Investigaciones por mandato del Ministerio Público, respondiendo a la denuncia de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) de Valparaíso en el caso de esa región.

A pesar que estos operativos se enmarcan en legalidad vigente, configuran una flagrante violación a la libertad de expresión al tratar de impedir la diversidad de voces en las frecuencias de radio, afectando a su vez a las organizaciones sociales y a los derechos de sus comunidades a recibir informaciones y opiniones, sostiene ACCION.

ACCION hace un llamado al gobierno a promover un debate de altura sobre el rol de la comunicación radial comunitaria para el desarrollo democrático de la sociedad chilena y enfatiza que una discusión de estas características debiera darse en un contexto no punitivo para estas emisoras.

ACCION adjunta en su carta pública un anexo con las acciones policiales realizadas en contra de las radios comunitarias, entre las que se cuentan Radio Placeres de Valparaíso, Radio UV 15 de la misma ciudad, Radio sin Tierra de los pobladores de Villa La Reina en Santiago, entre otras, y finaliza afirmando la necesidad que las comunidades tengan garantías para ejercer su legítimo derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.

ACCIÓN reúne a más de 50 ONGs y trabaja por el fortalecimiento de la ciudadanía, promoviendo una amplia participación social en los asuntos públicos y nuestro principal esfuerzo está dirigido a dar mayor profundidad, alcance, densidad y calidad a la democracia en Chile.

Texto completo de la carta en archivo adjunto. Más información en www.accionag.cl

PrensAcción 665 92 13