TV digital: la importancia de exigir un proyecto programático

Las posturas defendidas por el Observatorio de Medios desde que se iniciará el proceso de discusión por la digitalización del sistema televisivo en Chile, hace ya varios años, se ven refrendadas por la opinión de diversos analistas de la plaza, luego de que la Cámara aprobara el proyecto de ley para el tránsito a la TV digital Terrestre, con una serie de deficiencias. Ahora fue el turno de Carlos Altamirano, experto en TV y ex ejecutivo de Televisión Nacional, quien critica la exigencia de sólo un proyecto técnico para la renovación o asignación de nuevas frecuencias de TV, proceso que además queda en manos de la Subtel, organismo que depende del gobierno de turno y no del Consejo Nacional de TV, órgano independiente y pluralista. Altamirano pone como ejemplo la legislación inglesa, donde además de los requisitos técnicos se exigen méritos editoriales y programáticos a los proyectos televisivos que solicitan un espacio en el espectro.

Lea a continuación la columna de Altamirano publicada en el diario La Segunda.

La nueva ley de TV: ¿Más de lo mismo?

Ayer se votó en la Cámara de Diputados la ley que modifica el marco regulatorio de nuestra futura televisión digital. Si el respetable público espera que la nueva normativa fomente la diversidad y mejore la calidad de los contenidos, me temo que esa expectativa podría verse frustrada.

Existe más de un artículo controvertido. El primero se refiere al tema de las concesiones. Por un lado, los canales establecidos de televisión abierta mantendrán su concesión en forma indefinida, y no deberán concursar para obtener un nuevo “espectro”. Sin embargo, a los nuevos postulantes se les otorgará concesiones por veinte años y deberán competir en concursos públicos. Me pregunto: ¿bajo que criterio se decidirá por uno u otro proyecto?

La ley dice que las concesiones serán asignadas en base a criterios “técnicos”, cuya evaluación quedará en mano de la Subtel, organismo que no es independiente del gobierno de turno, por lo cual sus decisiones se prestarán para interpretaciones políticas. Lo sano sería que el Consejo Nacional de Televisión, cómo órgano independiente y pluralista, tuviera la responsabilidad de evaluar y aprobar las concesiones, tomando en cuenta, por cierto, los informes de la Subtel. Cabe destacar que en países como Gran Bretaña, además de los requisitos técnicos, las concesiones son entregadas por los méritos programáticos/editoriales del proyecto, de modo que los nuevos canales autorizados contribuyan a mejorar la calidad de la televisión del país, garantizando una verdadera variedad de contenidos. Aún más, las concesiones son revocadas si los operadores no cumplen con la misión declarada en las bases de la licitación. Nada de esto contiene la nueva ley chilena.

Lo más lamentable es que la nueva ley no reserva un espectro de 6 Mhz —como se realizó en Brasil— para el desarrollo de canales regionales, culturales, educativos y de servicios varios. Eventualmente, la posibilidad de que existan estas señales dependerá de que los canales tradicionales no ocupen todo el espectro asignado y reservado para ellos. Por cierto, esto limita la posibilidad de que tengamos mayor variedad de contenidos.

Otro aspecto con repercusiones importantes es que los canales abiertos actuales estarán autorizados a cobrar por el acceso a sus nuevas señales. Se rompería así el principio de que toda televisión abierta terrestre es un servicio gratuito. El argumento a favor de esta medida es que de otro modo no habría forma de financiar los nuevos espectros. No obstante, los canales actuales continuarán siendo gratuitos. Los detractores sostienen que el cobro por los nuevos canales es discriminatorio, pues dejaría a la población de escasos recursos sin acceso a la diversidad de contenidos, por lo cual habría telespectadores de “primera y segunda categoría”.

Un aspecto crítico es que no se corrige definitivamente el vacío legal existente en Chile, en que los operadores de cable/satélite hacen uso y usufructo de los contenidos producidos por la televisión abierta, sin pago de derechos ni permiso alguno. Este tema no es menor, pues afecta seriamente el desarrollo de la producción nacional y de la industria audiovisual. Actualmente, los operadores de cable duplican las ganancias de la televisión abierta, en tanto estos últimos, para mantenerse rentables, bajan los presupuestos de producción, afectando así la calidad de los programas. En este proceso, varios productores independientes han quebrado, perjudicando así el desarrollo de la industria. Sin duda, aquí estamos frente a una competencia desigual: la televisión de pago crece a costa del subsidio de los canales tradicionales y de los productores independientes. Los operadores de cable/satélite se defienden, argumentando que ellos bajan una programación que es abierta y gratis por definición. Y, lo que es peor aún, amenazan que, de pagar dichos derechos, los costos serían traspasados a los usuarios. Me pregunto: ¿los usuarios aceptarían dicho aumento? Me parece que el ánimo general de los clientes (chilenos e internacionales) es comenzar a exigir que los aumentos de costos se traspasen a las ganancias de las empresas.

En definitiva, es de esperar que el Senado mejore esta ley, de modo que se garantice la diversidad de contenidos, se corrija la discriminación en las barreras de entrada para nuevos productores de televisión y, sobre todo, se incluya un artículo donde se asegure la existencia de canales no comerciales, de servicio público. De otro modo, continuaremos con más de lo mismo. Así de simple.