Una vez más TVN

Juan Carlos Altamirano /La Segunda / El Gobierno acaba de presentar al Parlamento un nuevo proyecto de ley con vistas a profundizar el rol de servicio público de Televisión Nacional. Como todo proyecto, tiene tanto artículos positivos como negativos. Sin embargo, algunas medidas propuestas son vagas y poco efectivas.

Parten planteando ampliar el giro de la empresa. Esta indicación es necesaria para que TVN pueda aprovechar los beneficios de la televisión digital y competir en igualdad de condiciones. Lo curioso es que las medidas concretas presentadas al respecto ya han sido abordadas. Me refiero a la participación de TVN en la producción cinematográfica, discográfica y el uso de internet. Incluso, sin ley alguna, a través de VTR, está creando un canal de noticias.

Luego se proponen varias medidas tendientes a fortalecer la función del Consejo Directivo. La más controvertida es aumentar de seis a ocho el número de directores; no hay ninguna indicación que impida pensar que ello terminará aumentando el cuoteo político. Lo que necesita TVN son consejeros más especializados y relacionados con la industria mediática. Jamás se debiera nombrar a personas que no han demostrado previamente interés por la televisión, o que carecen de conocimiento sobre el tema. Sí son positivas las indicaciones que hacen más rigurosos los requisitos para ser designado director, sobre todo en lo referente a las incompatibilidades y conflictos de intereses. Posteriormente, se plantean las nuevas funciones y atribuciones del directorio. Lo positivo es que deberán elaborar e implementar un sistema de evaluación para medir el desempeño y cumplimiento de la misión de TVN. Esto incluye las pautas para evaluar la gestión del director ejecutivo, más allá de los resultados de rating y económicos, cosa muy necesaria. Otro punto rescatable es que se dispone la comparecencia del directorio al Senado para dar cuenta pública de su gestión.

Sin embargo, en relación con los otros artículos, gran parte de ellos ya han sido puestos en práctica. Por ejemplo, que “el directorio deberá aprobar la programación”. Esto lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás. No hay ninguna decisión relevante de programación o financiera sin pasar por su aprobación. Con esto quiero decir que, si bien es bueno crear un sistema de accountability para mejorar la calidad de TVN, sería negativo que el directorio tuviera una mayor intervención de la que ya tiene en la gestión del canal.

Otra medida innecesaria es exigir que el 60% de los contenidos sea de producción nacional. Hoy se supera ampliamente dicho porcentaje; el problema no es la cantidad, sino la calidad.

Quizás el punto más polémico sea autorizar a TVN a recibir fondos públicos. Si bien me parece correcto el subsidio para asegurar la existencia de programas de alta calidad, también debe ser aplicable a los otros canales. Por ejemplo, a empresas de cable, como ARTV y 13C, de la Universidad Católica.

En definitiva, no creo que este proyecto logre profundizar la función de servicio público que debe desempeñar TVN, por mucho que se insista retóricamente en ello. La existencia actual de un público telespectador segmentado, con gustos e intereses distintos, hace muy difícil que, como canal generalista y dedicado a la masividad, logre satisfacer las demandas de cada nicho. Si deseamos una televisión pública que cumpla efectivamente un rol educativo y de desarrollo cultural, es necesario crear una señal nueva, que tenga específicamente dicha misión.

Esto no significa terminar con el modelo actual, pues TVN lo hace bien como canal de entretención que representa la cultura popular y masiva. Y así lo indican las encuestas, a pesar de la disminución progresiva en el número de horas dedicadas a programas culturales (evidente cuando se comparan las cifras con años anteriores, según las estadísticas del CNTV).

Si el Gobierno está realmente interesado en promover la diversidad y el desarrollo cultural y regional, lo más adecuado sería que introdujeran pronto el modelo europeo de televisión digital. Y en segundo término, que entreguen subsidios concursables a los nuevos operadores que tengan como misión el desarrollo del “bien común”. Para ampliar el pluralismo y la diversidad de contenidos, lo más efectivo y conveniente es una mayor descentralización en los medios de comunicación. Así de simple.