A medias tintas

Por Ricarte Soto / La Nación Domingo / D-generaciones / Cuando hasta los goles han dejado de ser noticia para transformarse en un producto que se transa en millones de pesos, se debe aceptar que la honestidad del periodismo está sujeta a la regla de “en la medida de lo posible”.
El jueves, en “Una nueva mañana” de Cooperativa y antes del primer café, Pedro Lizana, el ex presidente de la Sofofa, anuncia “una papita”.

El concejal de Providencia y simpatizante de Renovación Nacional explica que la Fiscalía Nacional Económica formuló cargos en contra de las agencias de publicidad que se habrían coludido en la licitación de contratos con tres importantes empresas.

Socarronamente, Lizana pregunta a los contertulios si la razón por la cual esa noticia no está en la prensa no se deberá a que ésta depende del avisaje.

Evidentemente hay que esperar la decisión que adoptará el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, después de escuchar a todas las partes.

Pero no caben dudas que Lizana tiene razón de subrayar la política del silencio que suelen adoptan muchos medios de comunicación cuando una noticia les incomoda.

Se puede entender, porque la difusión de ciertos hechos puede poner en riesgo las relaciones con sus clientes. Pero es inaceptable la asimetría de esos mismos medios, que consiste en denunciar exclusivamente a los entes que, por consideraciones políticas, prefieren abstenerse de batallar con la prensa.

En otro tipo de hechos también se puede observar una dualidad informativa. Gerardo Rocha, dueño y rector de una universidad, planificó un ataque contra un anciano que era la bestia negra de sus celos delirantes.

Pero en ningún texto de la prensa tradicional o en los informativos televisados vimos algún adjetivo que caricaturizara o caracterizara al instigador.

Al extremo opuesto, los mismos medios se demoraron pocos segundos en ungir mediáticamente a María del Pilar Pérez como “La Quintrala”.

En el caso de Ricardo Claro, su retrato post mortem fue mayoritariamente dibujado con líneas blancas, omitiendo las sinuosas y oscuras.

Ni los comentarios del “Wall Street Journal” o del periodista Jorge Andrés Richards, una de las raras voces disidentes con el coro de alabanzas periodísticas a Claro, fueron reproducidos por los medios más masivos.

¿Habría que indignarse? No, porque sería una ingenuidad pretender que esos medios adopten una conducta diferente. Y en materia de silencio la izquierda tampoco se queda atrás.

Al cabo de meses de huelga, los trabajadores del sindicato de trabajadores de “El Siglo” se aburrieron y decidieron dejar todo en manos de la justicia. ¿Habría que indignarse? Tampoco.

La situación financiera de la prensa alternativa es precaria, pero cuesta entender esa contradicción que consiste en negar a sus empleados lo mismo que exigen que se otorgue a los trabajadores de otras empresas.

En general, cuando hasta los goles han dejado de ser noticia para transformarse en un producto que se transa en millones de pesos, se debe aceptar que la honestidad del periodismo está sujeta a la regla de “en la medida de lo posible”.

Por lo mismo no queda otra que sonreír cuando algunos empleados de la información pontifican sobre el buen periodismo que hacen, en circunstancias que a la distancia se notan los hilos que mueven a los muñecos.

Obviamente nadie les pide un hara-kiri, sino sólo algo de pudor. Por diversas razones, hasta ahora no se ha visto una voluntad de abordar de manera descarnada la crisis del periodismo. Al revés de lo que sucede en otros países, donde el debate está en los periódicos y en los programas de televisión, en Chile simplemente se esquiva el bulto.

La crisis es mucho más que la cantidad de egresados de las escuelas de periodismo, como lo afirman algunos gremios. Es más amplia que la falta de acceso a las nuevas tecnologías, como lo sostienen algunas facultades universitarias.

Es mayor que la supuesta rivalidad entre impreso y digital.

La complejidad radica en tener la dosis suficiente de coraje para desnudarse a sí mismo y asumir que no ha logrado conciliar la obligación de rentabilidad que tiene una empresa periodística con su dimensión de vocación pública que, a su vez, está estrechamente vinculada al funcionamiento de la democracia.