Abogado de los parlamentarios: «decreto puede tener efectos monopólicos»
Reporte de Gabriel Urra / Para Observatorio / El abogado Gonzalo García alegó ayer ante el Tribunal Constitucional en representación de los 36 parlamentarios que presentaron un recurso de inconstitucionalidad por el decreto 264 sobre TV digital dictado por el Gobierno. Durante su intervención García reafirmó lo planteado por los 36 parlamentarios en cuanto a que dicho decreto vulnera el trabajo legislativo y pretende, de facto, asignar nuevas concesiones televisivas, en consecuencia que se está debatiendo en la Cámara el proyecto de ley para el tránsito a la TV digital terrestre que, entre otras cosas, regulará de manera definitiva las condiciones para entregar o renovar concesiones del espectro radioeléctrico, bien de uso público perteneciente a todos los chilenos.
El abogado inició su alegato planteando que el decreto supremo “excede las potestades reglamentarias del Presidente de la República y se pretende iniciar el proceso de introducción de la TV digital mediante decretos sin garantías legales de término”.
Recordó al Tribunal que el contenido del decreto 264 se dictó como un complemento del decreto 136, que durante el Gobierno anterior definió la norma técnica (ISDB-T nipo- brasileña) para la TV digital y estableció objetivos y plazos acotados para la exhibición demostrativa y experimental de la nueva tecnología. En cambio, el decreto 264, dictado por el gobierno de Sebastián Piñera, incorpora, de manera indirecta, el patrimonio de los operadores actuales sobre la concesión de radiodifusión televisiva, a través de este nuevo permiso demostrativo.
El abogado Gonzalo García complementó su argumento, planteando que el decreto vulnera el artículo 19 número 12 de la Constitución Política del Estado que cautela la libertad de expresión y el pluralismo, incluidos los medios de comunicación social, ya que podría tener “efectos monopólicos” sobre este bien nacional de uso público cuyo “dominio pertenece a la nación toda” y a sus habitantes.
Concluyó el abogado puntualizando, en representación de los parlamentarios, que “el servicio demostrativo no es un titulo gravitante suficiente para ordenar frecuencias de remplazo sobre el bien nacional de uso público” y por, tanto, solicitando al Tribunal la inconstitucionalidad del decreto 264.
El Tribunal Constitucional informó que en marzo entregarán el fallo luego de analizar en detalle los alegatos de las partes involucradas.
Visión de Gonzalo García
Lea, a continuación, una excelente columna publicada por Gonzalo García en El Post, donde profundiza en la inconstitucionalidad del decreto y sus consecuencias para el tránsito a la TV digital: