Al rojo debate por radios comunitarias

OBSERVATORIO / Mientras en el Parlamento se discute el proyecto de ley para radios comunitarias que reconoce a las emisoras no comerciales de la comunidad, les amplia la cobertura y permite ciertas formas de financiamiento, se ha generado un conflicto por el cierre de varias radios que operaban sin los permisos que exige la legalidad vigente para transmitir.

Entre las emisoras comunitarias afectadas por los allanamientos, realizados por la brigada del Ciber Crimen de la Policía de Investigaciones, hubo varias de la Quinta Región, entre ellas la radio “Placeres” que denunció una “campaña del silencio” y culpó al concejal de Viña del Mar y presidente regional de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, Eugenio González, de haber interpuesto la demanda que dio pie a los procedimientos policiales.

Por su parte la Asociación Mundial de Radios Comunitarias –Amarc-Alc- manifestó su preocupación por el cierre de emisoras y de manera conjunta planteó una serie de observaciones al proyecto de ley del Gobierno, el cual, aunque en términos amplios  aparece como oportuno y necesario, según esta organización, adolece de serias deficiencias, entre las que se puede mencionar el mínimo espacio dentro de la banda que le asigna a las emisoras de la comunidad, manteniendo más del 90 por ciento para las radios comerciales.

Asimismo, la Archi emitió un comunicado oficial donde aclara que las querellas contra “las radios ilegales” han sido presentadas por el presidente de Archi, Luis Pardo, y no por Eugenio González, como se habría informado equivocadamente en algunos medios.  A  juicio de Archi, las radios cerradas corresponden a la categoría de radiodifusión ilegal y representarían “un grave riesgo para la libertad de expresión al interferir el libre flujo de la información”.

Subtel distingue entre ilegales y comunitarias

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, por su parte, destacó en su sitio web el hecho de que las comisiones unidas de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y la especial de Libertad de Expresión, de la Cámara, hayan aprobado por amplia mayoría la iniciativa legal del Gobierno que “fortalece el desarrollo de las radios operadas por organizaciones sin fines de lucro”.

Según el subsecretario de la cartera Pablo Bello, se pretende garantizar “que las radios comunitarias sigan viviendo y creciendo en el tiempo, con un marco legal nuevo que reconoce su aporte al país y se la juega por defender el sello que las define: la identidad local, la cercanía con las personas, el pluralismo y la diversidad”

En relación a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, sobre denuncias de radios que transmiten sin permiso legal, la Subtel señaló que «una radio ilegal no tiene apellido, no es sinónimo de radio comunitaria y no se pueden mezclar sus situaciones».

Bello explicó que no es la Subtel la que persigue a estas emisoras, sino el Ministerio público quien responde a las demandas y debe investigar si se han cometido delitos en este campo. También aclaró que desde la perspectiva del organismo que representa “las transmisiones ilegales no son inofensivas, generan problemas técnicos e interferencias a otras radios, pero también generan potenciales riesgos de seguridad pública, como le ocurrió a la Dirección General de Aeronáutica Civil que denunció que una radio ilegal interfería con los sistemas de comunicación de la Torre de Control del Aeropuerto de Santiago, lo que podría causar eventuales accidentes”.

Esta visión no es compartida por AMARC-ALC, organización que denunció una campaña contra las emisoras de mínimo alcance, señalando que se está violando la libertad de expresión al tratar de impedir que una diversidad de voces puedan expresarse a través de las frecuencias de radio, afectando a las organizaciones sociales y los derechos de sus comunidades.

Una posición similar defendió Radio Placeres. A través de su Asamblea planteó su disconformidad por el cierre de radios comunitarias y acusó a la Archi de haber iniciado “una ofensiva legal amparada en una legislación ilegítima” que atentaría contra los derechos de expresión, opinión e información.