Concentración de medios en Chile:¿Quién le pone el cascabel al gato?

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Columna de María Cristina Prudant, Cambio 21.

A propósito de la 70ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) que se realizó en nuestro país y que principalmente se enfocó en la libertad de expresión en Latinoamérica, surge nuevamente la pregunta de si podemos llegar a tener una Ley de Medios, tal como la tienen muchos otros países de la región. La idea: evitar que su propiedad se aglutine en algunas pocas manos y grupos económicos. Por ahora no estamos ni cerca de aquello.

En la última década, en toda América Latina, la comunicación ha sido objeto de un acalorado debate. En Argentina, por ejemplo, la ley de medios aprobada en 2009 por el Parlamento estuvo trabada en la justicia ante reclamos del grupo Clarín (el mayor grupo multimedia del país), que está en constante enfrentamiento con el gobierno de Cristina Fernández. Finalmente la Corte Suprema la declaró constitucional y el país trasandino tiene en su legislación términos que regulan a los medios de comunicación y evitan su concentración.

Otro caso es el de Ecuador, donde la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, una legislación que, según establecía la Constitución de 2008, debía haber entrado en vigor hace ya mucho, pero hubo un período largo de discusión y recién pudo entrar en vigencia en el 2013.

En este caso, la población fue consultada en un referéndum en mayo de 2011; la mayoría de los ecuatorianos expresó que era incompatible ser directivo o accionista importante en una entidad financiera y ser directivo o accionista importante en un medio de comunicación.

Una de sus primeras características es reivindicar la soberanía de los medios de comunicación y por ello éstos no pueden pertenecer a empresas ni a ciudadanos extranjeros.

En Venezuela, el ex Presidente Hugo Chávez impulsó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cual entró en vigor en 2005 y fue retomada en 2010. Conocidos son los problemas que enfrentan los medios en el país caribeño. En Uruguay, el presidente José Mujica presentó al Congreso el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que sea aprobado al terminar su mandato. El objetivo es «regular los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual». La discusión ha sido difícil y finalmente los senadores del Frente Amplio, partido del gobierno, decidieron postergar su discusión para después de las elecciones presidenciales que se efectuarán este mes.

En Bolivia, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación concede al Estado el 33% del espectro electromagnético de las radios, igual porcentaje al sector privado, 17% al sector social comunitario y 17 % para los pueblos indígenas y campesinos.

Antes de esta ley, los medios privados dominaban el espectro con más del 90% de las licencias de funcionamiento. Poder aprobar estas leyes, en los distintos países, ha sido una verdadera guerra. Y es una materia importante de regular, porque de lo contrario se produce la concentración de medios. En Chile la ley de TV Digital fue discutida al menos durante cinco años y aún así hubo quienes no quedaron conformes. Hoy lo expresan porque comienzan a perder parte del poder que han adquirido a través de los medios de comunicación. Y apelan a que se está pasando a llevar la libertad de expresión, cuando en realidad a idea de regular apunta, entre otros aspectos, a todos tengan acceso, por ejemplo, al espectro radioléctrico. La diversidad de dueños permite que también se puedan difundir otros contenidos.

Por ejemplo, en el tema de las cuotas de participación de mercado está el caso de España. Un operador radial no puede tener más del 10% de las concesiones por región y la Ley de Prensa actual plantea que debe haber reciprocidad. Sin embargo, en este caso no se ha cumplido, porque hoy, mediante un resquicio, el grupo Prisa controla casi el 50% de las concesiones radiales en Chile.

La situación en Chile

Nuestro país está lejos de poder contar con una regulación más equilibrada en este tema, porque no se da cabida, por ahora, a ninguna iniciativa que busque crear un ente autónomo que regule todo lo que tenga que ver con concesiones de televisión, radiales y participación en el mercado de los medios impresos. Hoy lo que se impone es la multimedialidad. Lo que más preocupa es que los mismos que controlan las radios, lo hacen con la televisión y los diarios, y que son dos los grupos económicos que están en sectores como la minería y el retail, los que controlen los medios. Por ejemplo, está el caso de Megavisión, que pertenece al grupo Bethia (dueño de Falabella, entre muchas otras compañías). En este caso también entra en juego la publicidad privada, que puede estar sesgada en función de los negocios que esos grupos empresariales mantienen. El otro es Lucksic, con Canal13.

Lo importante es abrir el debate

Según la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, «cada país tiene su propia realidad y la manera de ir discutiendo cada tema. Los procesos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay y, Chile son todos distintos y tienen sus particularidades. Y está bien que así sea, pero hay algo que debiesen tener en común todos los países de América Latina y que la SIP ojalá también pudiera mirar aquello, porque el deber de todos esos países de garantizar derechos humanos y de las personas se logra en la medida, en el caso de las comunicaciones, que la gente efectivamente tenga libertad de expresión, el derecho a la información, comunicación universal. Eso en Chile, hoy día no está garantizado».

La dirigente dijo a Cambio21 que «es necesario discutir, abrir un debate sobre esta materia. En eso los argentinos tienen mucha experiencia acoplada positiva. Ellos tuvieron un amplio proceso de discusión para la Ley de Medios. Eso es lo que en Chile se necesita: abrir un proceso de discusión sobre políticas públicas de comunicaciones que efectivamente pueda terminar en la promulgación de un sistema de leyes. Habrá que ver qué es lo mejor y que la ley que se decida se ocupe, en la práctica, de garantizar este derecho».

Del mismo modo, Olivares sostiene que dicha ley debería contener la necesidad de «que existan más medios públicos, privados y comunitarios y también que haya una cota a la concentración de la propiedad, sino de lo contrario se transforman en monopolios y oligopolios los grandes consorcios a nivel país, que es lo que está pasando hoy en día». «Aquí hay que abrir un debate, que no va a ser fácil. El tema es que hay que mostrar voluntad política de abrirlo, porque si no estamos mal», enfatiza.

Hay que perfeccionar la Ley de Prensa

El presidente del Consejo de Ética de los medios de comunicación, Abraham Santibáñez, cree que es importante que Chile cuente con una Ley de Prensa como la que posee actualmente. «En el fondo, cuando se habla del ejercicio del Periodismo y su funcionamiento, es lo mismo que en otras partes han preferido, quizás con una nomenclatura más actual, llamar Ley de Medios, pero yo creo que básicamente lo que tenemos se compara bien con lo que se está haciendo en otras partes», sostiene.

«La ley chilena, por primera vez en la historia nuestra, es una ley muy positiva, muy de defensa de la libertad de expresión. Por lo tanto, no se podría comparar, en ese sentido, con lo que se está anunciando en otras partes», planteó el académico a Cambio21.

Al mismo tiempo, comenta, «como en este caso la libertad de prensa es lo fundamental uno quisiera que hubiese un mínimo de restricciones. En el caso chileno eso está bastante bien planteado, en el sentido de que hay una responsabilidad clara de los periodistas, de los medios, que en definitiva puede llegar a los tribunales en casos graves como injurias y calumnias, pero que desde hace bastante tiempo, primero de parte del Colegio de Periodistas y después en la Federación de Medios de Comunicación, se lo ha preferido centrar en el tema ético y en primer lugar y exclusivamente, hablar de autorregulación. Es decir, que no haya intervención sino de los propios pares para juzgar conductas que excedan el legítimo uso de la libertad de expresión».

Según Santibáñez, «por eso no se ha hablado aquí del tema y lo veo difícil aunque siempre hay gente que quisiera tener más control sobre los medios. No se ha hablado de una ley y lo que sí hemos visto (en el Colegio de Periodistas) son algunos perfeccionamientos que no se han podido hacer a la Ley de Prensa. Uno de esos es la protección de los periodistas. Por eso, insisto, más que una nueva ley hay que perfeccionar esta».

Libertad de expresión en Chile

Según un informe preliminar de la SIP, que fue entregado por medios locales a este organismo, en Chile no se registran hechos graves contra la libertad de expresión, salvo las amenazas que significan la Ley sobre TV Digital Terrestre, que le da atribuciones al Estado para influir en la programación; la ampliación «excesiva» de las atribuciones del Consejo Nacional de Televisión y las obligación de las radios de incluir en su programación un 20% de música chilena, según los reportes presentados por los medios de comunicación locales.

La Presidenta Michelle Bachelet dijo en la inauguración de la asamblea de la SIP que se realizó en Santiago que «a partir del principio esencial de la libertad de expresión y del rechazo a cualquier intervención estatal restrictiva a esa libertad, es imprescindible garantizar la expresión también en un sentido más amplio. Me refiero a la diversidad social, territorial, de género, de los pueblos que cohabitamos en nuestros países y del conjunto de especificidades que nos hacen ser lo que somos, sociedades ricas, diversas y plurales».

Agregó que «ello ha quedado reflejado, por ejemplo, en la recientemente promulgada ley de Televisión Digital Terrestre. No sólo hemos dado un paso hacia una televisión más moderna, desde un punto de vista técnico, apostamos también por una televisión a la altura de los desafíos de hoy desde el punto de vista del pluralismo, por un lado, y de la inclusión, por el otro».

Asamblea General de la SIP

Durante cinco días se realizó en Santiago la 70ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa, SIP. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

En esta ocasión los objetivos fueron analizar la situación de la libertad de prensa en cada país, la gestión moderna de medios y empresas periodísticas, proyectos editoriales y la generación de nuevas audiencias, y las últimas tendencias en publicidad en medios digitales.

La SIP está compuesta por los propietarios de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Éstos concentran los medios no solo escritos, sino que también audiovisuales y radiales. Su objetivo principal es defender sus intereses corporativos.

En otra línea, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, manifestó en la apertura de la reunión anual de la SIP su deseo de que haya más pluralismo en la industria periodística. «Ustedes forman parte de una industria donde se aprecia una paulatina concentración de la propiedad. Realidad global que puede infligir daños irreparables a la pluralidad y sana diversidad de mirada. Aquí hay un tremendo desafío que enfrentar», advirtió la responsable de la Cepal.

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