El efecto social de la norma sobre televisión digital

Editorial La Nación / El nuevo sistema televisivo contiene un innegable potencial democratizador de las comunicaciones. La propia Presidenta de la República anunció el lunes reciente que el gobierno seleccionó la llamada norma japonesa (ISDB-T) para introducir en Chile la televisión digital. Que la propia Mandataria haya sido quien presentó la opción técnica escogida, es una muestra de la relevancia que tiene la medida, que equivale en la práctica a una virtual refundación del medio. El traspaso del blanco y negro a color en 1978 se ha utilizado como punto de referencia, pero aquélla fue una transición modesta si se la compara con la reformulación de contenidos, usos y hábitos sociales de la televisión que supone la revolución digital.

La opción por la norma nipona no estuvo exenta de presiones ni lobbys. Se trata, en todo caso, de una consecuencia lógica por el impacto económico que tendrá esa política pública en un mercado pequeño, como el chileno, pero fuertemente orientado a nuevas tecnologías y que puede contribuir a encuadrar en determinada dirección a países de la región que todavía no han tomado una decisión. De hecho, las autoridades nacionales han secundado a Brasil -el primer país que asumió la regla japonesa-, a Argentina y Perú.

En este sentido cabe recordar que hasta antes de la asunción del ministro René Cortázar en Transportes y Telecomunicaciones, en marzo de 2007, el debate local estuvo fuertemente cruzado por la tensión entre la industria de la TV y organizaciones y representantes de la sociedad civil. Los grandes canales abiertos no ocultaron entonces su simpatía por la norma de Estados Unidos, que garantiza alta calidad de imagen, pero menos disponibilidad de frecuencias -y por tanto reduce amenazas en la competencia publicitaria-, mientras el segundo actor admitía menor “pureza” de transmisión, pero sí más oferta de frecuencias. Sin embargo, Cortázar, aun a riesgo de atrasar el proceso -que hace dos años parecía inminente-, se inclinó por dotar de un fuerte énfasis técnico a la resolución. El resultado de esta evaluación ha sido seleccionar la norma japonesa, que tiene la ventaja complementaria de no antagonizar ni polarizar posiciones entre industria y ciudadanía. Desde este punto de vista estamos frente a una decisión técnico-política que, según se ha podido observar, concita acuerdo amplio.

La televisión digital cambiará en los próximos años la manera en que las personas se relacionan con este medio. El nuevo sistema contiene un innegable potencial democratizador de las comunicaciones. No obstante, la plena expansión de esa posibilidad todavía teórica dependerá de un conjunto de medidas donde el Estado y su función subsidiaria tendrán un rol clave, debido a los altos costos de implementación del formato. Un indicio favorable en esta lógica de aumentar la participación ciudadana es la propuesta de que el 40% de las futuras señales se reserven a estaciones regionales, comunitarias, educativas y culturales. El debate que se abre -que no puede reducirse sólo a la arena legislativa- exige un examen cuidadoso acerca del modelo de TV que la ciudadanía quiere para el Chile futuro.