El pluralismo y la independencia de la Televisión Pública

Marcelo Contreras, presidente del Observatorio de Medios Fucatel.

El modelo de televisión pública adoptado por el país al inicio de la transición no deja de ser peculiar. Un modelo que apunta a su autofinanciamiento a través del mercado de la publicidad, lo que supone una grave limitante para cumplir cabalmente su función que, por cierto, debiera diferir de la de los canales netamente comerciales. Con un directorio integrado por representantes oficiosos de los partidos con representación parlamentaria, y más propiamente de los bloques mayoritarios, así como un Presidente del directorio de la confianza del gobierno de turno. La misión de la televisión pública, insuficiente y deficientemente  definida por la ley que la creó, no apunta tan sólo a garantizar el pluralismo, sino también a su independencia del gobierno de turno, el poder de los avisadores, los partidos políticos y los poderes fácticos, apuntando a expresar la amplia diversidad social, política y cultural del país.

Una independencia que hoy está en tela de juicio no tan sólo por la autocensura del canal en temas sensibles o polémicos, como su reiterada inhibición de transmitir el documental “El Diario de Agustín”, cuyos derechos comprara hace años, sino por las públicas presiones sobre su línea editorial y el desempeño de los periodistas, tal como ha quedado en evidencia a propósito del programa periodístico “Frente al espejo” y su conductor, que ha sido cuestionado por un supuesto trato preferencial hacia la ex Presidenta y hoy candidata presidencial. Michelle Bachelet y que contrastaría con un trato mas agresivo hacia otros candidatos.

Extraña que el directorio del canal, como organismo colegiado, que es a quién verdaderamente corresponde velar por estos valores, no haya tenido el mismo celo que hoy muestra el nuevo Presidente de TVN para garantizar el pluralismo, para defender la independencia del canal estatal frente a estas ilegítimas presiones políticas.

No deja de resultar curioso que Televisión Nacional de Chile se haya sumado a la ofensiva de la Asociación Nacional de Televisión, de la cual forma parte, para oponerse a un artículo de la ley de primarias que establece la obligación de los canales de televisión a establecer una franja de debate político para los candidatos presidenciales que participen en ellas. Es verdad que para los canales comerciales ello importa una carga financiera -menor si se la compara con la concesión gratuita de la frecuencia que explotan comercialmente-, pero ese argumento no puede ser suscrito por un canal público, de propiedad de todos los chilenos, que en su misión debiera incluir el debate de ideas para un voto informado de los ciudadanos y no principal o prioritariamente la maximización de sus utilidades.

La nueva era digital, a la que se encamina con un cierto retraso la televisión en nuestro país, ofrece una nueva oportunidad para debatir el actual modelo de televisión pública, buscando no tan sólo definir con mayor precisión la misión de la televisión estatal sino también sus fuentes de financiamiento, la composición y funcionamiento de su directorio, estableciendo la obligación de rendir cuenta pública anual tanto de sus resultados financieros como del cumplimiento de su misión, materializada en su programación.

Un debate que hasta ahora se ha circunscrito al ámbito estatal -gobierno y parlamento- sin una adecuada información y reales posibilidades de la ciudadanía de participar en este debate que marcará el destino de este relevante medio de comunicación y en donde no sólo está en juego el pluralismo informativo sino la libre  expresión de la amplia diversidad del país.