Empresas públicas revelarán sueldos de sus directivos

Pilar empresas-publicasMolina / El Mercurio / Ley de Acceso a la información pública/ Empieza a regir el 20 de abril / La ciudadanía podrá conocer cuánto gana cada funcionario público. Y las compañías estatales, según el Gobierno, tendrán que aprender a operar con esta desventaja frente a la competencia privada.

El 20 de abril empieza a regir la Ley de Acceso a la Información Pública que introducirá significativos cambios en materia de información de remuneraciones en el sector público. Hasta ahora, las 248 reparticiones sólo publican en sus páginas web quiénes trabajan en planta, a contrata o a honorario.

Desde abril tendrán que agregar la remuneración asociada a cada nombre. Los rut no aparecerán, por protección de la vida privada, pero también es posible pedir esa información porque la nueva norma no sólo consagra la obligación de los órganos del Estado de publicar (transparencia activa), sino que también de responder las solicitudes de información pública (transparencia pasiva).

Esta nueva obligación tiene inquieta a la ANEF, que espera problemas derivados de la mayor transparencia, como que los funcionarios conozcan los sueldos de sus compañeros o eso los perjudique frente a una demanda de alimentos. Pero el avance es sin vuelta atrás.

Un cambio drástico sufrirán también las empresas fiscales. Hasta ahora sólo se conoce la remuneración de sus directorios (sin personalizar) cuando la compañía se rige por las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros. Con la nueva ley no estarán obligadas a publicar las remuneraciones de todo su personal, pero sí la de cada “director, presidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo y gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa”. En estas categorías caen no sólo los gerentes generales, sino que también los más altos cargos, que suelen ser de designación política, en el Metro, BancoEstado, Codelco, FF.CC., Enami o TVN.

La normativa extiende la obligación también a los otros ingresos, como los bonos, que en el caso de Codelco pueden constituir hasta un 25% adicional del sueldo mensual. Incluso tienen que transparentar viáticos y gastos de representación. Deben declarar “todo otro estipendio”.

Cuando se hagan públicos esos datos se verá si estas empresas cumplen o no con el instructivo presidencial de Ricardo Lagos, de 2002, que también hizo suyo Bachelet en octubre de 2006, que fija como techo a las remuneraciones de los ejecutivos el sueldo del presidente del Banco Central, que hoy alcanza los $8.951.681 líquidos.

“Entregarán información”

Las compañías estatales siempre se han negado a dar esa información, incluso al Congreso, alegando que las deja en desventaja frente a la competencia privada y ha habido numerosas contiendas jurídicas al respecto. “Hemos hablado con las empresas y van a entregar la información. Aunque ello pueda tener un efecto en la competitividad de sectores como minería o TV, están obligados por ley a hacerlo”, señala Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia que, dentro de la Segpres, está preparando el aterrizaje de esta ley en las 248 reparticiones públicas.

Eso considera todo el Gobierno y los municipios, pero la ley también rige en distintos grados para el Poder Judicial y el Congreso, que hacen sus propios preparativos para abrirse a hacer públicos sus datos.

Cruce de datos

La Contraloría y el Banco Central estarán obligados por la nueva ley igual que el Gobierno central, es decir, deberán publicar las remuneraciones de todos sus funcionarios. La única diferencia con el aparato central es que estas reparticiones autónomas no serán fiscalizadas por el Consejo para la Transparencia. Éste inició la marcha blanca en octubre y puede sancionar los incumplimientos en caso de transparencia activa, es decir, no publicar toda la información a la que obliga la ley, hasta con multas del 50% del sueldo del jefe del servicio respectivo. La nueva normativa, sin embargo, no aclara qué ocurre si los incumplimientos corren por cuenta de la Contraloría y del Banco Central.

Del Solar señala que aún no será posible cruzar los datos de las personas que trabajan en distintas reparticiones públicas, pero hacia allá se transita:

“Es algo a lo que la ley no obliga, pero tenemos la voluntad de avanzar lo más posible en aras de la transparencia y para ello nos gustaría desarrollar un sistema que permita a los ciudadanos cruzar los datos. Poner un nombre y que aparezcan todos los lugares donde trabaja y cuánto gana. O ingresar el nombre de una empresa y surjan todas las reparticiones con que se contrata”.

Dentro de las nuevas obligaciones de informar están las nóminas de beneficiarios de subsidios y programas sociales por cada repartición. Felipe del Solar considera que “es información relevante, sobre todo en un año electoral, porque permitirá ver cómo se están asignando los recursos para crear empleos”.

Capacitación a toda marcha

La Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con unas 30 personas, ha hecho capacitación en 180 servicios para el aterrizaje de la nueva ley, divulgándola a más de 3 mil funcionarios en Santiago y regiones. Les da las herramientas sobre cómo informar, responder solicitudes, el manejo de archivos y el conocimiento de la ley 20.285 que consagró el acceso a la información pública.

En el proceso de coordinación e implementación, hay 800 personas repartidas en los ministerios, gobernaciones e intendencias.

La responsabilidad de prepararse para los nuevos requerimientos de la nueva normativa corresponde al Congreso y al Poder Judicial, como poderes independientes, y a los propios municipios, como gobiernos locales.

La comisión de la Segpres, sin embargo, está apoyando este proceso local a través de la Asociación de Municipalidades y la Subdere. En el gobierno no hay un diagnóstico sobre si los alcaldes tienen o no hecha la tarea que si incumplen les significará ser sancionados a partir del 20 de abril.