Jorge Navarrete, presidente del CNTV: “Hubiera preferido una ley con más sustancia y menos elementos técnicos”

Revista Capital / Jorge Navarrete y Jorge Navarrete. El primero, abogado y panelista de un programa de TV. El segundo, presidente del Consejo Nacional de Televisión y conocedor de esta industria desde sus orígenes. Dos personajes que aceptaron la invitación de Capital para analizar el impacto de los cambios regulatorios que se discuten para la caja maldita. Por Jorge Navarrete Poblete; fotos, Verónica Ortíz.

Debe ser una de las personas que más sabe sobre televisión en nuestro país. En 1968, con tan sólo 22 años de edad, fundó Televisión Nacional de Chile (TVN). Dos décadas después, a inicios del gobierno de Patricio Aylwin, volvió para virtualmente refundar la empresa, la que no sólo se encontraba financieramente en quiebra, sino también atravesaba por la mayor crisis de credibilidad de toda su historia.

Jorge Navarrete Martínez, economista,casado con la actual ministra de Vivienda y padre de cuatro hijos, entre los cuales me incluyo, también dirigió un canal de televisión por cable, volvió a TVN el año 2000 como presidente del directorio, fue uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), así como de la Federación de Medios de Comunicación Social, que agrupa a la prensa, la radio y la televisión.

Hoy, cuando oficia como presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el ente público regulador de la televisión chilena, quisimos ahondar sobre la opinión que le merecen dos proyectos de ley que el gobierno acaba de enviar al parlamento. Uno general, que modifica la ley del CNTV, que es la ley aplicable a todos los canales; y otro particular, que hace referencia a TVN, la empresa pública de televisión.

A los responsables (o irresponsables) de Capital se les ocurrió que podía ser una buena idea que la entrevista fuera efectuada por su propio hijo. No fue una cuestión fácil. Incluso en un ambiente más íntimo y distendido, el entrevistado nunca perdió de vista cuál era su rol. Quizás también porque en todo momento lo traté de “usted”, habló lento y pausado, como cuidando al máximo el sentido y alcance de sus palabras. De hecho, no me facilitó mucho la pega. Menos todavía, cuando frente a mi primera pregunta, me advirtió que no estaba “en condiciones de precisar opiniones institucionales formales sobre estos proyectos”

Aclarado que lo que me interesaba era conocer su opinión personal sobre la materia, y que sus palabras “no necesariamente interpretaban a los restantes diez miembros del consejo”, la conversación discurrió por más de una hora. He aquí entonces, algunas de las cosas que Navarrete le confesó a Navarrete.

 

-¿Cuáles son sus discrepancias con el proyecto general?

-Más que discrepancias específicas, que las tengo, hay una diferencia sobre la intención y alcance de la legislación a aprobar. Hubo algunos sectores, fuera y dentro del gobierno, que desde el principio estuvieron porque las reformas fueran mínimas, restringidas a lo estrictamente necesario para hacer legalmente posible el cambio tecnológico de la televisión analógica actual a la futura televisión digital. Hubo otros sectores, también dentro y fuera del gobierno, que estimaron que el cambio legal era no sólo una necesidad sino, sobre todo, una oportunidad para revisar a fondo una normativa dictadas décadas atrás, en circunstancias muy especiales del país…
-¿Cómo así?

-Claro, si el texto vigente de la ley es de septiembre de 1989, dictada por Pinochet en el año de alargue después de su derrota en el plebiscito de 1988. Es una de las muchas “leyes de amarre” que nos dejó la dictadura en ese período. Durante el gobierno del presidente Aylwin se tramitaron y aprobaron dos leyes paralelas. La de TVN es una nueva ley orgánica completa, que derogó todo lo antes existente. En cambio, la del CNTV fue una de las llamadas “leyes cortas”: sólo se modificó la composición del Consejo, para hacerlo democráticamente legítimo, señalando que las reformas de fondo se harían después, a propuesta del CNTV. Como en tantas otras, eso después no llegó.
-Entonces, ¿por qué se propuso de nuevo una alternativa tan tímida?

-Se señala que esto era lo políticamente realista, porque una reforma mayor sería más difícil de consensuar y aprobar en plazo razonable en el Congreso. Más en privado, también se sostiene que con una ley mínima se evitaría un conflicto con los muy poderosos intereses e instituciones propietarias de las actuales concesionarias mayores, entre las cuales se cuentan la Iglesia Católica, algunos de los grupos económicos más poderosos (uno de ellos controlado por un candidato a la Presidencia de la República, otro que incluye diversos tipos de medios; entre otros, entiendo que esta misma revista) y empresas y conglomerados extranjeros con presencia en muchos otros mercados.
-¿No será que, en general, estamos relativamente satisfechos con los contenidos de la televisión?

-Ese es el argumento implícito a favor de esta autolimitación. Ello puede ser verdad en el caso de los dueños, directivos y ejecutivos de los canales, aunque me consta que no en el caso de muchos de ellos, pero parece creerse que el público comparte esta visión complaciente.
-¿Y qué valor le da a estos argumentos?

-Me preocuparía mucho que el argumento de no enfrentar intereses particulares, que es muy importante consignar que no ha sido nunca explicitado por ninguna autoridad responsable, pudiera llegar a ser considerado por los poderes públicos al momento de tomar sus decisiones. En torno a la televisión existen muchos grupos que, legítimamente, defienden sus intereses. Ese es por lo demás el objetivo fundamental de todas las asociaciones gremiales, sindicales y otras. Naturalmente, ninguna de ellas, requerida a contestar por qué apoya o rechaza una norma, va a contestar porque eso es lo que nos conviene a nosotros. Los argumentos siempre son presentados en nombre del bien común, el de los consumidores y aún en el de los más necesitados.
-Pero este tema del interés general y particular se presenta en todo tipo de decisiones. ¿Cómo se aborda en
este caso?

-No hay soluciones mágicas, ni en este caso ni en otros, pero sí hay procedimientos que favorecen el predominio del interés público y otros, los particulares. Invariablemente los intereses particulares prefieren las conversaciones privadas y no la discusión pública; habitualmente señalarán que se trata de temas técnicos y/o complejos, que corren el riesgo de politizarse si se discuten públicamente. En este caso lo peor pudo haber sido un acuerdo privado entre autoridades y concesionarios, expresada en una ley mínima, con un trámite muy rápido.
-En todo caso, los argumentos de realismo político sí parecen tener fuerza.

-La del CNTV es una ley de quórum calificado y en algunos artículos es orgánica constitucional, por lo que se requiere el voto conforme de la mitad o de los cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio en cada uno de sus trámites. Además, ésta no es una de aquellas leyes en que tiene iniciativa exclusiva el gobierno, pudiendo cualquiera de los 158 parlamentarios proponer modificaciones en la mayoría de las materias.