La ley de medios en Argentina y el debate sobre el pluralismo
Artículo de Marcelo Contreras, presidente del directorio de Fucatel, escrito horas antes de que el Tribunal Constitucional chileno desechara los reparos constitucionales a la Ley de TV Digital en particular al derecho del Estado de exigir pluralismo en la TV abierta. Su reflexión sobre lo ocurrido en Argentina es de gran relevancia en general y especialmente en un momento tan importante como el que ha marcado la decisión del Tribunal Constitucional chileno.
Mucho se ha discutido acerca de la ley de Medios aprobada en Argentina y cuya constitucionalidad ha ratificado recientemente la Corte suprema de ese país. Sus opositores la presentan como un nuevo atentado a la libertad de expresión, con un destinatario claro, el poderoso grupo Clarín, que concentra 158 licencias de TV cable, 4 canales de televisión abierta, 7 radios AM y FM y seis señales por suscripción, además del Diario Clarín, el periódico de mayor circulación en ese país.
Quizás el problema es anterior y refiera a la manera como este poderoso grupo medial logró esta dominante integración vertical que, sin duda, atenta en contra del pluralismo y la expresión de la diversidad social y política del país. La respuesta es que este grupo medial usó de influencias políticas, derivadas del irrestricto apoyo que prestó al gobierno de Néstor Kirchner en su mandato, para crear el más importante complejo medial. Su ruptura con el oficialismo durante la crisis del agro, enfrentó a sus propietarios con el oficialismo en una dura disputa política, que excedía con mucho el ámbito comunicacional para transformarse en un poder fáctico y verdadera cabeza visible de la oposición.
Bien puede ser que el propósito principal de esta ley sea el de desmontar este poder fáctico pero nadie puede discutir que la recta doctrina democrática indica que el verdadero pluralismo y expresión de la diversidad se asegura con una diversidad de fuentes y diferentes líneas editoriales y que la idea de la auto regulación, que apunta a que los grandes complejos mediales, buscando la credibilidad de sus audiencias, se decidan a practicar el pluralismo en su interior, es apenas una ilusión, cuando no un engaño.
Las reglas del libre mercado, lejos de asegurar el pluralismo informativo y la expresión de la diversidad social y política de un país, tienden necesariamente a concentrar la propiedad de los medios de comunicación en las mismas manos de quienes controlan el poder económico.
Un sistema comunicacional en poder exclusivamente de grandes grupos económicos, cuya subsistencia depende casi exclusivamente del mercado y más específicamente de un reducido grupo de avisadores, no sólo no asegura el pluralismo y la diversidad, sino que convierte a estos medios en verdaderos poderes fácticos que obviamente deben defender los intereses que representan.
Mucho se ha criticado el caso de Venezuela o de Ecuador por implementar políticas regulatorias y de desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación,, tal como ahora se hace respecto de Argentina, pero quienes se tomen la molestia de revisar (a través de internet) la prensa en esos países podrán constatar que junto a medios estatales u oficialistas, subsisten poderosos complejos mediales en manos de la oposición.
La preocupación por la excesiva concentración de los medios de comunicación, así como su creciente dependencia del poder económico, no es privativa de unos pocos países en la región. Es una preocupación generalizada y creciente por el uso y en muchos casos el abuso de este poder a favor de intereses minoritarios, la defensa de lo establecido, el debilitamiento de las instituciones democráticas y la denostación de la política.
Con toda legitimidad un medio de comunicación puede adoptar una línea editorial contraria o favorable al gobierno de turno o la coalición en el poder, defender intereses específicos de determinados grupos sociales, así como, valores conservadores o liberales. A condición, por cierto, que esa línea editorial no contamine ni determine la función informativa, o desnaturalice la función propio de lo medios de comunicación para asumir, de facto, roles que corresponde a otras esferas e instituciones del Estado, como el parlamento, los partidos o el propio gobierno. Y naturalmente que existan voces alternativas que aseguren un adecuado pluralismo.
Es tarea no tan sólo del gobierno sino también de la sociedad, asegurar un adecuado pluralismo informativo y la plena expresión de la diversidad social y política de un país. Los medios estatales- no así los gubernamentales- cumplen un rol muy relevante para contrarrestar el poder del dinero y contribuir al necesario pluralismo informativo pero ello no es suficiente si no se acompañan de activas políticas regulatorias que impidan la concentración vertical y horizontal de los medios de comunicación y fomenten la existencia de medios independientes y alternativos., que den una base real y material y la libertad de expresión y el pluralismo.