«Libertad y Desarrollo» critica proyecto de ley de TV

La Segunda / Un crítico análisis del nuevo proyecto de ley del gobierno enviado en materia de televisión realizó el Instituto Libertad y Desarrollo. En el documento «Estado y Televisión: Una mirada a las propuestas del Gobierno» afirma que los dos proyectos que el Ejecutivo presentó en octubre -para modificar la regulación de las concesiones de TV abierta, además de las leyes de Televisión Nacional de Chile (TVN) y del Consejo Nacional de Televisión (CNTV)-«crean un escenario propicio para una mayor intervención del gobierno de turno en el mercado de la TV».

A juicio del think tank , ello daña «un principio fundacional de la democracia: la independencia de los medios de comunicación». Y acusa a los gobiernos de la Concertación de denotar «un menor interés por reforzar una institucionalidad capaz de limitar el poder estatal y evitar el control de los medios» .

«Esta propuesta rompe con ideas sostenidas hace años por la coalición, contribuyendo a aumentar la tendencia hacia el dirigismo ahora también en la regulación de los medios de comunicación», sostiene.

Al analizar el rol del CNTV -que debería poner freno a estos «riesgos»-, LyD plantea sus dudas: «Se podría argumentar que es un órgano independiente que no puede ser capturado por el gobierno de turno. Esto no es así». Y reprocha el que su estructura «no es garantía de independencia «, pues sus miembros son nombrados «sin quórum que garantice la inclusión de la minoría». Además, advierte que sus facultades crean «un severo riesgo de manipulación política y control estatal que crece en la medida en que se incrementan sus atribuciones y espacio para ejercerlas discrecionalmente (…) como viene haciendo el proyecto».

Campañas obligatorias «atentan contra derechos fundamentales»
LyD critica con fuerza la propuesta de que el CNTV pueda obligar a los canales a transmitir gratuitamente campañas de utilidad pública o interés nacional, definidas como aquellas diseñadas por el Estado que buscan «proteger a la población y difundir el respeto y promoción de los derechos de las personas». La calificación de las campañas la hará el CNTV y la Secretaría General de Gobierno.

Asegura que esto «es evidentemente atentatorio contra derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de propiedad. Nadie puede ser obligado a transmitir contenidos que no desee» . Y acompaña con una resolución del Tribunal Constitucional, que concluye que «ninguna norma legal puede obligar a las personas naturales o jurídicas a dar una información u opinión».

El análisis enfatiza en que esto podría permitir «una serie de abusos «, pues el gobierno podría argumentar que «algún programa promueve los derechos de las personas y así obligar a los medios a publicitarlo».

«Mala estrategia»
En cuanto a las concesiones entregadas por el gobierno -en 1989 eran indefinidas y las de 1992 tenían un plazo de 25 años-, el proyecto del Ejecutivo las reduce a 20 años, estableciendo modificaciones al procedimiento y requisitos para su otorgamiento.

«Optar por concesiones con plazo definido es una mala estrategia «, apunta el documento. LyD asegura que el proceso de renovación de una concesión «desincentiva la inversión e inhibe una independencia real de la estación televisiva . Si es el gobierno el que la otorga, una actitud crítica de la concesionaria podría poner en riesgo su renovación».

Por otra parte, el think tank cuestiona la ampliación de las atribuciones del CNTV en materia de subsidios . Hasta hoy, éstos se dan a programas de «alto nivel cultural, interés nacional o regional».

El proyecto, en cambio, los abre a programas de alto nivel cultural local o comunitario, que difundan valores democráticos o cívicos y a otros que «aseguren la diversidad en los contenidos televisivos y/o reflejen la conformación plural de la sociedad».

Esto, concluye, «puede ser la mejor manera de controlar al receptor de dichos fondos de manera indirecta. La dependencia que podría generarse respecto del apoyo financiero del Estado puede llevar a las instituciones subsidiadas a (…) transformarlos en una simple herramienta de propaganda estatal «.

Ley de TVN: «ruptura» total con legislación anterior»

LyD reseña que el actual modelo de TV pública fue instaurado en los 90, cuando se dictó la Ley Nº 19.132, que somete a TVN al “mismo régimen y regulaciones” de los privados. Sin embargo, lamenta, “con el paso del tiempo, el mandato de pluralismo de la TV pública ha ido perdiendo fuerza en la Concertación . Ya el año pasado, con motivo de la designación de nuevos directores de TVN, el debate en el Congreso prendió las primeras luces”. Y recuerda que el senador PS Ricardo Núñez, tras hablar de pluralidad, criticó el “neutralismo ramplón” del canal “como si todos fuéramos iguales”.

Según el think tank , es en este contexto que se iniciará el debate de los cambios a la ley de TVN. Entre otras cosas, “se amplía el giro ” del canal estatal a “la producción cinematográfica y discográfica, la radiodifusión además de «todas las facultades necesarias para satisfacer el interés general y público »”. También se sube el número de directores de 7 a 9 y modifica “profundamente” el régimen de financiamiento, “promoviendo un trato financiero especial del Estado” a TVN.

LyD dice que estos “tres puntos no son irrelevantes”, especialmente la ampliación de giro, que califica de “vaga e indeterminada y probablemente inconstitucional ”. También advierte sobre “las tradicionales dificultades de competir con una empresa financiada por el Estado” y de que “los riesgos de intervención gubernamental ahora se extiendan al cine, la producción discográfica y la radio”. Por ello pide que el Estado se “concentre” en áreas donde es “insustituible y no en otras donde la competencia” garantiza “eficiencia y pluralismo”.

Tampoco ve “razón suficiente para aumentar el número de directores ” y cree que ampliarlo a “diversas tendencias” no es más que “una justificación electoral” con “objetivos políticos”. Incluso, cree que tener más directores hará que éstos “debiliten su fuerza en beneficio de otros cargos como el director ejecutivo o el presidente del directorio. Además, se elevan los costos de llegar a acuerdos ”.

Para el centro de estudios, “las normas relacionadas con el financiamiento son la muestra clara de la ruptura con la regulación anterior. La ley vigente es especialmente cuidadosa en esta materia para evitar un trato financiero preferente que permita, a través del dinero de todos los chilenos, manejar la opinión pública. El proyecto, en cambio, deroga estas normas y promueve que, entre otras cosas, el Gobierno transfiera recursos especiales que le permitan «el cumplimiento de sus fines relativos al bien común»”. Ello, considera, es “una autorización general que amenaza con erosionar la competencia leal en el mercado de la televisión abierta” .

Con estos cambios, concluye el estudio, “no es descabellado pensar que un futuro gobierno deje de considerar a TVN como un medio competitivo y plural, y que pase a utilizarlo como un instrumento de propaganda estatal que sólo requiera para sobrevivir las transferencias de dinero público”. Y rechaza el proyecto, por el “daño que representa para una sociedad libre”.