Por una ley de TV digital que considere los intereses ciudadanos
El Observatorio de Medios manifiesta a la opinión pública su preocupación por la forma en que se terminó de tramitar en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para el tránsito a la Tv digital terrestre. El resultado, en términos generales, defraudó la esperanza que se había generado en la ciudadanía, en un primer momento, cuando una parte importante de sus indicaciones fueron acogidas por algunos parlamentarios en la Comisión de Cultura de la Cámara. Lamentablemente, al final del día, observamos que ni siquiera se consideraron las indicaciones más trascendentes que hacían posible la incorporación de nuevos operadores, capaces de proponer una oferta televisiva diversa y de calidad y que resultaron rechazadas o inadmisibles, por unanimidad, buena parte del resto de las indicaciones presentadas por el movimiento ciudadano.
Es necesario destacar, sin embargo, que el proyecto introduce algunas mejoras con respecto al proyecto original, como es la facultad de la Fiscalía Nacional de la Libre Competencia de evitar que se produzca concentración económica en el mercado televisivo. También es destacable la ampliación de las facultades del CNTV en materia de estudios que permitan conocer de manera más profunda el impacto de la televisión en las audiencias y el surgimiento de subsidios para el ingreso de nuevos operadores comunitarios no viables comercialmente, así como el enriquecimiento del concepto de “correcto funcionamiento” que define la misión social de la televisión chilena.
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Cabe puntualizar que de aprobarse el proyecto tal y como ha salidos de las comisiones de la Cámara de Diputados y por las razones que expondremos a continuación , se estarían contraviniendo principios internacionales sobre el carácter de bien público del espectro radioeléctrico, esencial para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
¿Qué es lo más grave del proyecto en su estado actual?
1.- Pone en entredicho la gratuidad de la TV abierta
Se permite que los operadores empleen hasta un 50% de su capacidad espectral de televisión digital terrestre para TV de pago. (Recordemos que con la digitalización cada concesionario podrá transmitir en el mismo ancho de banda (6 mghz) por donde ahora transmite una señal, hasta cuatro o cinco dependiendo de la calidad en que transmita).
Esto contradice las expectativas del Observatorio que deseaba que se permitiera no más del 20% para el uso de pago (a lo más una señal de pago por cada operador y en ningún caso la señal principal) para garantizar el principio de que la TV abierta debe ser mayoritariamente gratuita y de libre acceso a todos los chilenos, evitándose las señales de cobro que harán surgir televidentes “de primera y segunda categoría”, como han señalado algunos analistas.
2.- Se mantiene la atribución de las concesiones en función de la aprobación de un informe técnico y no de las necesidades culturales, educativas y de diversidad de la población.
Se mantiene el absurdo de que las concesiones sean atribuidas en base a criterios exclusivamente técnicos, evaluados por el gobierno de turno a través de la Subtel y dejando al Consejo Nacional de Televisión en el papel de buzón, sin verdaderas facultades en la atribución de concesiones.
El Observatorio siempre ha planteado, en esta materia, que es necesario exigir para la renovación o adjudicación de concesiones televisivas, un proyecto programático general junto al proyecto técnico, de manera que aquellos canales interesados en usar el espectro radioeléctrico –bien de uso público perteneciente a todos los chilenos- expliciten de que manera contribuirán dentro de su programación al desarrollo cultural de los televidentes y cumplirán con el rol social que se le atribuye a un medio tan importante como la TV en una sociedad democrática.
Daría más garantías de ecuanimidad en la atribución de una concesión de televisión, un concurso público dirimido por un organismo como el CNTV, de carácter constitucional donde está representada buena parte de las corrientes políticas del país.
3- El proyecto no contribuye a bajar las barreras de acceso a la entrada de nuevos operadores televisivos con objetivos culturales o regionales, carentes de medios para instalar una red de difusión, pero con capacidad de producir nuevos contenidos.
El proyecto no menciona la posibilidad de que se cree con fondos estatales un teleradiodifusor público que sería una posibilidad concreta para que pudieran emitirse señales educativas, culturales y comunitarias diversas o incluso para finalidades de tele-gobierno, tele-medicina, tele-educación, etc. No se considera ninguna reserva para esto ni tampoco una segunda señal de TVN para ser destinada a este servicio público.
4- El proyecto no corrige las discriminaciones sobre la duración de las concesiones y las aumenta
El proyecto consagra el carácter indefinido de muchas concesiones actuales, tema altamente controvertido que representa una rareza mundial y agrega una nueva diferencia al señalar que aquellos operadores que transmitan con capacidades de terceros tendrán autorizaciones sólo por 5 años. dependiendo de la antigüedad de la concesión, las actuales tendrán 20 años de duración o serán indefinidas. Es decir tendremos 3 tipos de duración de concesiones: indefinidas, de 20 años y de 5 años.
En este sentido el Observatorio siempre ha planteado que no deben existir concesiones indefinidas y que debe imperar un régimen igualitario para todos con un plazo máximo de 20 años (consideremos que en EEUU, por ejemplo se renuevan cada 8 años).
5- El proyecto puede convertir en nada la promesa de reserva de un 40% para la TV regional, local y comunitaria, anulando en la práctica, uno de los grandes aportes a la diversidad del proyecto.
El proyecto señala que el 40% de capacidades espectrales para la televisión cultural, local, comunitaria y regional, se calculará sobre el remanente del espectro, después de migrar los actuales operadores al nuevo sistema. No se considera el 40% del total del espectro asignable.
Esto hace prever que será muy poco el espacio disponible en el espectro para este tipo de televisiones ya que no se les asegura un porcentaje sobre el espectro real, sino sobre lo que quede (que puede ser nada o muy poco para las expectativas que se han generado).
6- El proyecto desvirtúa el sentido de las campañas de interés público que deben transmitir obligatoriamente los canales.
El proyecto permite que los spot de las campañas de interés público que deberán difundir los canales como parte de su rol social, , podrán ser creados por los propios canales cuando sientan que el spot entregado por la autoridad afecta sus líneas editoriales.
En este sentido, el Observatorio ha planteado que las campañas públicas debieran traducirse en mensajes únicos para ser difundidos de acuerdo a criterios de interés general aprobados por el CNTV, sin posibilidad de que los canales ejerzan censura previa sobre sus contenidos, en tanto es un espacio donde la responsabilidad de los contenidos la tiene el Estado. De lo contrario, se desvirtúa el sentido de una campaña masiva y se le entregan señales equívocas y ambiguas a la población.