Radios comunitarias y democracia

Manuela Gumucio, Directora del Observatorio de Medios, fue una de las invitadas especiales a la Conferencia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe-AMARC ALC-, realizada en Buenos Aires el 13 y 14 de noviembre. Bajo el título “Libertad de expresión, pluralismo y diversidad en la radiodifusión” se reunieron expertos de la región y relatores de la OEA y la ONU para debatir sobre “las mordazas invisibles” que atentan contra la libertad de antena  y el acceso equitativo a las frecuencias de radio.

Entre los expositores chilenos estuvo también Gustavo González, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y la periodista María Pía Matta,  productora de Radio Tierra e integrante del Consejo directivo de AMARC.

La organización convocante considera, según un documento entregado a los participantes, a la radiodifusión como “el ejercicio de la libertad de prensa por un soporte tecnológico diferente al papel”, lo que implica hacer extensible todos los preceptos de libertad de prensa al ámbito de la radio, así como los acuerdos internacionales relativos a la materia y que, en general, consideran la libertad de expresión como “uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, plantea que en nuestras sociedades es indispensable la pluralidad de medios y “la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar”, lo cual implicaría, en consecuencia, el derecho de las personas a utilizar cualquier medio apropiado “para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”.

En la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión, aprobado en su 108 período de sesiones, la organización Interamericana precisa que las asignaciones de radio y TV deben considerar criterios democráticos que garanticen  la igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a dichos medios y sugiere que las asignaciones no se basen sólo en criterios económicos.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA destaca, en un informe del año 2002, el rol que cumplen las “radios llamadas comunitarias, educativas, participativas, rurales, insurgentes, interactivas, alternativas y ciudadanas” al ocupar, dentro  del marco de la legalidad, espacios que dejan los medios masivos y erigirse como medios que canalizan la expresión de los sectores pobres, relegados y discriminados, dándoles mayor acceso y participación que los medios tradicionales.

En cuanto a las frecuencias y su regulación, los redactores del documento consideran que los Estados deben poner “la mejor economía del recurso radioeléctrico a disposición de la comunidad” y que en la asignación se deben emplear criterios democráticos, de tal manera que las exclusiones a sectores determinados de la sociedad civil, en este terreno, constituirían un cierto grado de violación de los derechos humanos, al igual que “las restricciones en materia de contenido, alcance y financiamiento por esa misma causa”.